Si bien ni Israel ni Turquía son Estados parte del Estatuto de Roma, la causa encontraría una puerta de entrada con el accionar de Chipre, que sí forma parte del Tribunal de La Haya desde el año 2002.
Por Martín Bijio
La Corte Penal Internacional (CPI) podría convertirse en el escenario de una nueva disputa entre Israel y Turquía. Según informó i24NEWS, el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habría ordenado a un equipo interministerial y al Departamento de Derecho Internacional del Gobierno comenzar a preparar material para un eventual caso contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
El expediente se articularía en dos grandes ejes estratégicos. En primer lugar, concentraría cientos de pruebas documentadas durante décadas por organismos internacionales sobre el trato hostil y sistemático de Turquía hacia la población kurda. En paralelo, la presentación sacaría a la luz los vínculos financieros y las redes de apoyo operativo que el grupo Hamas mantiene activos dentro del territorio turco.
El asunto es que ni Israel ni Turquía son Estados parte del Estatuto de Roma que creó el Tribunal. Más aún, fue la Corte Penal Internacional la que llegó a emitir en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y contra el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, una decisión cuestionada tajantemente por un gran arco político israelí, cuando se remarcó además que la Corte no tiene autoridad ni competencia alguna sobre su territorio y sus ciudadanos. Inclusive el Primer Ministro supo calificar la orden emitida como de “antisemita”.
El caso podría encontrar entonces una vía de jurisdicción en la República de Chipre, que sí forma parte de la Corte Penal Internacional desde el año 2002. El gobierno chipriota vería con muy buenos ojos abrir la puerta legal a la contienda, recordando la histórica rivalidad que mantiene con Turquía desde que en 1974 invadió militarmente el norte de su territorio, una zona que sigue ilegalmente ocupada según la ONU y toda la comunidad internacional.
En cuanto a la presentación que tendría a la comunidad kurda como protagonista, no solo tiene eje en la histórica disputa dentro del territorio turco, donde el Estado combate y censura a su propia minoría, sino que pondría también el énfasis en la situación que se vive en Siria. Allí, Turquía actúa como el patrocinador militar del nuevo Presidente, el ex miembro de la milicia Al Qaeda, Ahmed al-Sharaa, y usa toda su influencia para desmantelar la autonomía kurda; al quedar acorralados por los ataques en la frontera y la ofensiva del ejército sirio respaldado por Ankara, los kurdos perdieron sus territorios y se vieron obligados a disolverse o integrarse al ejército nacional.
La relación entre Israel y los kurdos tampoco sería un elemento nuevo dentro de este escenario. Ambos mantienen vínculos que se remontan varias décadas, particularmente con la comunidad iraquí, con la que Israel estableció contactos y cooperación durante los años 60, en el marco de la lucha de la rebelión kurda contra el régimen iraquí de entonces. La cercanía entre los kurdos e Israel volvió a hacerse pública en 2017, cuando Netanyahu expresó el respaldo de Israel a los esfuerzos de los kurdos por alcanzar un Estado propio antes del referéndum de independencia celebrado en el Kurdistán iraquí.
La presentación legal ante la CPI también podría ser recibida con buenos ojos por organizaciones vinculadas al ámbito jurídico europeo y de la región, especialmente aquellas que vienen siguiendo de cerca las denuncias y los reclamos de responsabilidad internacional relacionados con el gobierno de Erdogan. Para estos sectores podría representar una oportunidad para comenzar a poner bajo análisis situaciones que hasta ahora habían sido abordadas principalmente desde el terreno político y diplomático. Todo, con la creciente tensión entre Israel y Turquía como telón de fondo.
