La Corte Suprema de Justicia de Tucumán y la Facultad de Derecho de la UBA pusieron en marcha un curso de posgrado destinado a magistrados y funcionarios. En la apertura, Claudia Sbdar advirtió sobre los riesgos de delegar decisiones judiciales en algoritmos y remarcó que la responsabilidad final siempre debe quedar en manos del juez.
La incorporación de inteligencia artificial en los tribunales abre nuevas posibilidades para agilizar tareas, ordenar grandes volúmenes de información y mejorar el acceso a antecedentes y normas. Pero también plantea una frontera que, para la Justicia, no puede cruzarse: ninguna herramienta tecnológica puede reemplazar el criterio de un magistrado al momento de resolver un caso.
Sobre esa tensión comenzó a girar este martes el curso de posgrado “Inteligencia Artificial y Sentencia Judicial”, organizado conjuntamente por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La actividad se inició en el Salón de Actos del Palacio de Tribunales y tuvo como encargada de la apertura a la vocal de la Corte tucumana Claudia Sbdar, quien puso el foco en los beneficios que puede aportar la tecnología, pero también en los límites éticos e institucionales que deben acompañar su utilización.
“La inteligencia artificial puede asistir y reforzar la tarea judicial, pero bajo ninguna circunstancia puede sustituir el criterio del juez ni violentar el debido proceso”, sostuvo.
Sbdar destacó que las nuevas herramientas pueden colaborar en tareas que insumen buena parte del trabajo cotidiano de los tribunales, como la clasificación de antecedentes, la organización de grandes cantidades de documentos, la transcripción de audiencias o la búsqueda de normativa y jurisprudencia.
En un escenario marcado por el crecimiento de la litigiosidad y la demanda social de respuestas judiciales más rápidas, consideró que ese aporte puede permitir que magistrados y funcionarios destinen más tiempo al análisis de cada expediente.
Sin embargo, advirtió que el riesgo aparece cuando el uso de la tecnología deja de ser una asistencia y pasa a condicionar la decisión.
Según explicó, los modelos de lenguaje pueden producir textos ordenados, convincentes y aparentemente sólidos sin que eso garantice que la respuesta tenga un adecuado sustento jurídico.
“El riesgo ético más severo de la IA no reside en que se equivoque de manera burda; reside en que puede fallar con una apariencia impecable de profesionalismo y orden”, señaló.
En ese sentido, planteó que delegar automáticamente en un algoritmo la síntesis de un reclamo, la valoración de una prueba o la selección de jurisprudencia puede afectar directamente las garantías del debido proceso.
Uno de los conceptos centrales de su exposición fue el de “el valor de la firma”. Para Sbdar, la firma de una sentencia no constituye una mera formalidad, sino el momento en el que el magistrado asume públicamente la responsabilidad por la decisión adoptada.
“Firmar significa responder”, afirmó, y remarcó que cada juez debe poder reconstruir las fuentes utilizadas, explicar el razonamiento seguido, comprobar que los fundamentos coincidan con las constancias del expediente y asumir cualquier error u omisión.
La magistrada recordó además un fallo dictado en marzo por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que estableció que la inteligencia artificial debe ser entendida como “una herramienta de apoyo y nunca como una fuente autónoma de decisión”, mientras que la responsabilidad por los fundamentos de una sentencia continúa en cabeza del magistrado que la suscribe.
El curso se desarrollará durante ocho semanas y buscará profundizar precisamente sobre esos desafíos: cómo utilizar la inteligencia artificial dentro del sistema judicial sin resignar el control humano sobre las decisiones.
Para Sbdar, el desafío pasa por “gobernar la herramienta, comprender sus sesgos, auditar sus resultados y subordinarla siempre a las garantías fundamentales, a la transparencia y a la dignidad humana”.
