El juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Franco Picardi, amplió el procesamiento de cinco imputados en la causa, entre ellos Diego Spagnuolo, y procesó a otros 19 por las contrataciones de insumos de alto costo del Programa Incluir Salud. A ninguno se le dictó la prisión preventiva.
El fallo se dirige contra empresarios y funcionarios de la agencia para la discapacidad, presuntamente involucrados en maniobras delictivas en la compra amañada de insumos médicos y ortopédicos, que habrían consistido en el pagos de sobreprecios, coimas y contrataciones dirigidas a beneficiar a algunas empresas en detrimento de otras.
La decisión del juez Ariel Lijo alcanza a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, su segundo, Daniel Garbellini, Miguel Angel Calvete, su hija Ornella, ya procesados en el tramo anterior de la investigación y a 19 peronas más. A ninguna de ellas se le dictó la prisión preventiva porque según el fallo, siempre estuvieron “a derecho” y no se advierte riesgo de fuga o de entorpecimiento de la pesquisa.
A los imputados se les endilgan los presuntos delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional.
Las maniobras y los delitos
Los hechos que derivaron en esta nueva medida habrían tenido lugar entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período en el que los involucrados habrían desarrollado su actividad delictiva, interviniendo en las compulsas de precios de los insumos médicos de alto precio conocidos como PACBI, para favorecer a empresarios del rubro a cambio del pago de sobornos. Esas compras habrían redundado en diferencias de precios de casi 8000 millones de pesos, pagados por el Estado.
“En definitiva, el conjunto de las pruebas reunidas permite tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la existencia de una organización delictiva que habría operado dentro y fuera de la ANDIS, integrada por funcionarios del organismo -principalmente Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, junto con otros agentes que cumplían funciones estratégicas-, operadores externos como Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, empresarios vinculados con las firmas proveedoras y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos provenientes de las maniobras investigadas. Sus integrantes habrían actuado coordinadamente, mediante una distribución de funciones destinada a favorecer intereses particulares en perjuicio del Estado Nacional”, escribió Lijo.
El Programa Incluir Salud fue pensado para atender a las necesidades de las personas con menos recursos, mayoritariamente sin cobertura médica, y se centraba en la adquisición de implantes cocleares, sillas de ruedas, material quirúrgico, prótesis, andadores, válvulas cardíacas, todos ellos de muy alto costo.
“La operatoria habría consistido en la manipulación sistemática de los procedimientos de contratación de medicamentos e insumos PACBI, mediante la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas”, se lee en el fallo.
En esas maniobras, el fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación, señaló la intervención determinante de Spagnuolo y Garbellini como responsables de la ANDIS, pero también de Calvete y otra veintena de empresarios y alrededor de 30 compañías de productos médicos. La pesquisa encontró indicios de posibles maniobras de lavado de activos agravado, vinculadas con la inserción en el mercado del dinero de origen ilícito.
