Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados, cuestionó el proyecto que contempla el cierre del fuero nacional y alertó sobre sus consecuencias para la independencia judicial. Las consejeras electas Paula Castro y Gabriela Vázquez también plantearon objeciones durante el debate en las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) advirtió en la Cámara de Diputados que el proyecto para transferir la Justicia Nacional de Menores a la Ciudad de Buenos Aires podría sentar un precedente de gravedad institucional al permitir el cierre de un fuero del Poder Judicial de la Nación.
La advertencia fue formulada durante una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado Álvaro Martínez, en la que se analizaron dos proyectos que cuentan con aprobación del Senado: el acuerdo para transferir la competencia criminal y correccional de menores y el cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales a la Justicia porteña, ambos suscriptos el 3 de julio de 2026.
Andrés Basso, presidente de la AMFJN, recordó durante su exposición que la asociación mantiene desde hace años una posición contraria al traspaso de la Justicia Nacional, aunque aclaró que la entidad participó de las instancias de diálogo convocadas por el Ministerio de Justicia para analizar qué competencias podrían ser transferidas por su naturaleza local.
En ese sentido, cuestionó que el acuerdo referido al fuero de menores contemple expresamente su finalización y posterior cierre. “El cierre de un fuero judicial, en el caso de la Justicia Nacional de Menores, conlleva un acto de extrema gravedad institucional. Estamos hablando ni más ni menos que se pretende disolver un fuero que pertenece al Poder Judicial de la Nación”, sostuvo Basso.
El magistrado advirtió sobre el precedente que, a su entender, podría establecer la aprobación del convenio. “De avanzarse en este proyecto, estamos por sentar aquí un grave precedente y es que mediante un simple convenio de transferencias se pueda ni más ni menos que eliminar o cerrar un fuero judicial”, señaló.
Basso explicó que la cláusula séptima del acuerdo contempla que los tribunales nacionales dejen de recibir nuevos expedientes hasta agotar las causas pendientes, lo que derivaría en la desaparición del fuero.
“Vaciar de jurisdicción a un juez equivale a removerlo y así está proyectado en este convenio. Y lo que es más grave aún, estamos hablando de una remoción que no obedece a ninguno de los supuestos contemplados en la Carta Magna”, afirmó.
También alertó sobre las consecuencias laborales de la iniciativa y recordó que el fuero cuenta con siete juzgados nacionales de menores de primera instancia, tres tribunales orales y dependencias de los ministerios públicos, con aproximadamente 300 personas que prestan funciones diariamente en el fuero de menores.
Garantías para trabajadores
La camarista civil, integrante del Consejo Directivo de la AMFJN y consejera electa Paula Castro, sostuvo que la transferencia debe analizarse por sus consecuencias sobre el funcionamiento del sistema judicial y no solamente como una reorganización de competencias.
“No estamos discutiendo simplemente un cambio de jurisdicción. Estamos hablando de una transformación que involucra estructuras judiciales, competencias, recursos, personas y fundamentalmente el derecho de la ciudadanía, de la gente, del ciudadano a pie a recibir una respuesta judicial adecuada”, expresó.
Castro remarcó que la Justicia Penal Juvenil requiere magistrados especializados, equipos interdisciplinarios y recursos suficientes para atender situaciones que involucran a niños y adolescentes.
En ese sentido, reclamó que cualquier reforma contemple la continuidad de las condiciones laborales de quienes integran actualmente el fuero.
“Debe garantizarse la estabilidad, la carrera judicial, la antigüedad, los derechos previsionales y las condiciones laborales de todos y cada unos de quienes hoy trabajan en la justicia nacional”, señaló.
La magistrada también advirtió sobre la necesidad de asegurar el financiamiento de las competencias que se pretende transferir. “No hay autonomía efectiva si no existen los medios para ejercer las competencias que se pretenden transferir. Y tampoco hay una reforma responsable si se transfieren obligaciones sin asegurar su funcionamiento, su financiamiento, su implementación y la continuidad de un servicio de justicia”, sostuvo.
Castro consideró que la autonomía porteña y el fortalecimiento del sistema judicial son objetivos compatibles, pero insistió en que el proceso debe contar con planificación y garantías.
“No se trata de trasladar competencias a cualquier costo. Se trata de construir una transición jurídicamente sólida, institucionalmente responsable, que respete las garantías de todos los involucrados y que sea respetuosa de los drechos d todos los que trabajan en la Justicia Nacional”, afirmó.
Vázquez pidió no avanzar sin un debate integral
La jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y consejera de la Magistratura electa, Gabriela Vázquez, también cuestionó los proyectos y solicitó a los diputados que no emitieran dictamen favorable sin analizar previamente sus consecuencias institucionales.
Durante su intervención, recordó que la Constitución reconoce la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, pero sostuvo que también deben respetarse las disposiciones destinadas a preservar los intereses del Estado nacional mientras Buenos Aires continúe siendo la capital de la República.
“La transformación de uno de los poderes del Estado no puede producirse mediante decisiones fragmentarias sin un debate legislativo integral sobre sus consecuencias”, advirtió.
Vázquez expresó especial preocupación por la pérdida de especialización del fuero penal juvenil y cuestionó que el convenio incluya una cláusula vinculada con la intervención del Tribunal Superior de Justicia porteño en asuntos provenientes de la Justicia Nacional.
También señaló que el cuarto convenio comprende delitos contra la integridad sexual, que representaron el 25% de las condenas ingresadas durante 2025 a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, según los datos que expuso.
“No estamos hablando entonces de competencias marginales ni de un volumen insignificante de litigios. Estamos ante una modificación sustancial de la organización de la justicia penal”, afirmó.
También advirtió sobre la situación de los magistrados, funcionarios y empleados alcanzados por la reforma. “La independencia judicial no existe para proteger a los jueces de la sociedad, sino para proteger a la sociedad frente a las interferencias sobre sus jueces”, sostuvo.
Y concluyó: “No es necesario sacrificar unas garantías constitucionales para realizar otra. Por eso solicito a los señores diputados y a las señoras diputadas que no emitan dictamen favorable sobre los proyectos sin antes realizar un debate institucional integral sobre sus consecuencias”.
