El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó a 18 personas y nueve sociedades del grupo Sur Finanzas y dictó la prisión preventiva de su titular, el financista Ariel Vallejo, a quien considera jefe de una asociación ilícita dedicada a lavar el dinero de la compraventa ilegal de divisas. Le otorgó el beneficio de la prición domiciliaria con tobillera electrónica.
En una de las primeras decisiones relevantes desde que asumió como titular del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, procesó al financista Ariel Vallejo como jefe de una asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Convirtió su detención en prisión preventiva, que cumplirá bajo arresto domiciliario con dispositivo electrónico de vigilancia, y le trabó un embargo de 40 mil millones de pesos sobre sus bienes.
La decisión coincide con lo que había pedido la fiscal Cecilia Incardona, quien había solicitado que Vallejo fuera procesado y que se le dictara la preventiva. El juez extendió el procesamiento a otras 17 personas y a nueve sociedades del grupo Sur Finanzas.
Cómo funcionaba la organización
Según la resolución, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 operó una asociación ilícita que, a través de una quincena de sociedades, incorporó al circuito formal las ganancias de la compra y venta de moneda extranjera hecha al margen de las normas cambiarias. Con ese dinero se compraron inmuebles, vehículos y participaciones societarias, y se usó una billetera virtual registrada como proveedor de servicios de pago para hacer circular fondos a nombre de terceros.
La investigación ubicó el punto de partida en el Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio cuyas cuotas fueron cedidas en agosto de 2020 a Vallejo, a su madre y a una socia del grupo. El Banco Central detectó que la agencia superó su límite de tenencia de moneda extranjera por más de 103,5 millones de dólares. En 2022 sus cuentas recibieron más de 4.040 millones de pesos, frente a ventas declaradas por 2.440 millones, y en 2023 casi 16.000 millones, sin que presentara declaración jurada.
Cuando pidió su baja, a fines de 2022, los fondos salieron hacia las cuentas personales de los socios y hacia sociedades vinculadas, que luego los reinvirtieron en el grupo.
La billetera virtual
El tramo de mayor volumen pasó por Sur Finanzas PSP S.A., antes Neblockchain S.A. Sólo en una de sus cuentas bancarias se acreditaron alrededor de 1,73 billones de pesos entre enero de 2024 y octubre de 2025. El juez describió usuarios sin capacidad económica, empleados del grupo y personas registradas con casillas de correo creadas en serie, por cuyas cuentas circularon sumas que superaban los mil millones de pesos cada una y, en un caso, los 39 mil millones. El efectivo era trasladado y depositado por portavalores del grupo, y uno de ellos depositó por sí solo más de 1.846 millones de pesos.
Con esos fondos se adquirieron bienes pagados en efectivo y registrados a nombre de sociedades sin actividad ni cuentas bancarias, o de personas interpuestas: un inmueble en un country de Canning por 500 mil dólares, seis unidades de un edificio de Adrogué por 600 mil dólares, un lote en Fincas de San Vicente por 400 mil dólares, la casa central del grupo en Adrogué y una flota de vehículos de alta gama. Una Ferrari California que usaba Vallejo fue vendida pocos días después de los allanamientos del 1° de diciembre de 2025 a una jubilada sin ingresos acordes con la operación.
Rodríguez Ponte también tuvo por acreditada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, la evasión del IVA y de Ganancias de la billetera virtual por más de 12.200 millones de pesos, y la de percepciones del impuesto a los créditos y débitos bancarios por más de 9.850 millones entre 2023 y 2025.
Embargos millonarios
Los embargos sobre personas físicas y jurídicas suman 215.900 millones de pesos. El juez mantuvo además el secuestro con fines de decomiso de veinticuatro vehículos y embargó treinta y cinco rodados y trece inmuebles. La investigación continúa sobre otros posibles orígenes de los fondos y otras operaciones del grupo. Vallejo, quien sin dudas apelará las medidas dictadas por el juez, cumplirá su prisión domiciliaria en su casa del barrio fincas de San Vicente.
Las próximas decisiones de un flamante juez
Juan Tomás Rodríguez Ponte asumió el 13 de agosto pasado como titular del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, vacante desde hacía años y que, previamente, había sido subrogado por Ernesto Kreplak y Luis Armella. Ninguno de ellos resolvió el pedido del Ministerio Público, que reclamó indagatorias en la causa conocida como “Yategate”, por la embarcación, el “Bandido”, donde el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, pasó varios días en el Mediterráneo en 2023 con la modelo Sofía Clérici. Las imágenes dieron inicio a la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero del ex jefe comunal, y la participación de su ex mujer, Jesica Cirio.
En el último día de su subrogancia, Armella sobreseyó a Clérici, a quien se suponía testaferro de Insaurralde, aunque eso no implicó la licitud de los 600 mil dólares hallados en su casa de Nordelta, ni los bienes suntuarios que se encontraron allí.
A dos semanas de asumir en un acto extremadamente discreto en la Corte Suprema, el juez, quien llegaba de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo), la oficina de escuchas judiciales dependiente del máximo tribunal, dio vía libre a 29 medidas de prueba, a pedido de los fiscales, que incluyeron cruces de llamadas, geolocalización de teléfonos de Cirio, Insaurralde y Clérici, pedidos de información bancaria, incluyendo cuentas en Uruguay, inmobiliaria, previsional y el análisis de los controvertidos videos en los que se veía a Cirio exhibiendo paquetes termosellados de dólares en el vestidor de su casa.
