Desde hoy el juez federal Daniel Rafecas juzgará en una sola jornada a Cristian Rivaldi, el policía federal a quien el fiscal Eduardo Taiano acusó de arrojar gas pimienta a una niña y su madre frente al Congreso en una marcha en defensa por los derechos de los jubilados, el 11 de septiembre de 2024. La menor fue disgnosticada con “conjuntivitis química” tras el episodio.
El juez Daniel Rafecas juzgará al policía Cristian Rivaldi en una sola jornada, en la que escuchará a dos testigos aportados por la defensa y se incorporarán por lectura las pericias que se realizaron. El fiscal Taiano estimó en su dictamen que la actitud del uniformado fue “desproporcionada”, en tanto que el abogado de la querella, Gregorio Dalbón, anticipó que pedirá condena e inhabilitación por abuso de autoridad y lesiones leves.
Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso, cuando Fabrizia Pegoraro y Carla, su madre, estaban sentadas en la calle, participando de la manifestación. Según Rivaldi, alguien arrojó gas pimienta contra un jefe policial, un grupo forcejeó para intentar ingresar en el Congreso y él recibió la orden de dispersar a los manifestantes y desalojar la calzada.
Rivaldi aseguró que en ningún momento vio a la menor, porque, si la hubiese advertido, hubiese intentado sacarla de allí por su propia seguridad. El dictamen fiscal señala que los dichos del imputado no se condicen con los registros fílmicos. Taiano consideró que Rivaldi actuó a corta distancia, de manera desproporcionada y desestimando los protocolos de uso de armas no letales.
Esas instrucciones obligan a los efectivos a emplear el mínimo de fuerza necesaria para lograr los objetivos, prestando especial atención a la presencia e integridad de embarazadas, ancianos y menores de edad. Taiano acusó al efectivo como autor de lesiones leves y abuso de autoridad.
La menor, dos días después del incidente del gas pimienta, fue atendida en el hospital Santa Lucía, donde fue diagnosticada de “conjuntivitis química”. Ella había señalado cuando ingresó que le habían tirado gas pimienta y su madre también declaró que el ataque les había provocado dolor en los ojos, la cabeza y el cuerpo.
El Código Penal reprime con penas de un mes a un año el delito de lesiones leves; el de abuso de autoridad implica penas de un mes a dos años, e inhabilitación especial por el doble de tiempo. En el caso, como el de este juicio, en que un único hecho engloba más de un delito, se aplica la pena del más grave. La escala penal privativa de la libertad se regiría, entonces popr el máximo de dos años del abuso de autoridad. A eso, podría añadírsele, y ya lo adelantó el abogado de la querella, la inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos.
