Julián Alfie: “Es fundamental reducir el tamaño del Consejo de la Magistratura”

El director Ejecutivo del INECIP Julián Alfie cuestionó el sistema de selección de magistrados, advirtió sobre los intereses que frenan una nueva ley del Consejo de la Magistratura y reclamó mayor responsabilidad judicial frente a las condiciones de detención en las comisarías.

La selección de jueces, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y las condiciones en las que permanecen detenidas cientos de personas en dependencias policiales exponen, desde distintas perspectivas, algunos de los problemas estructurales que atraviesa la Justicia argentina. Para Julián Alfie, director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), se trata de discusiones que no pueden desvincularse de la calidad institucional y del fortalecimiento del Estado de Derecho.

En diálogo con Quorum, Alfie cuestionó especialmente los márgenes de discrecionalidad que existen en los concursos judiciales y advirtió sobre la necesidad de avanzar con una nueva ley del Consejo de la Magistratura. También se refirió al caso del ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, al que señaló como ejemplo de las deficiencias del sistema disciplinario.

La conversación abordó, además, los desafíos pendientes de la implementación del sistema acusatorio y la campaña “No más presos en comisarías”, impulsada por INECIP para visibilizar las condiciones de detención en dependencias policiales de todo el país. Sobre este último punto, Alfie fue particularmente crítico con la actuación de los magistrados: “Ustedes existen justamente para evitar que estas situaciones sucedan”, sostuvo al referirse a la responsabilidad de los jueces frente a las situaciones denunciadas.

¿Cómo surge el INECIP y cuáles son los principales ejes en los que están trabajando actualmente?
INECIP nace en un momento de transición de gobiernos dictatoriales o, en algunos casos, de conflictos internos, según el país. En ese contexto, la particularidad de INECIP -la novedad que trae toda esa primera generación de reformistas de la recuperación democrática- es pensar que no es posible una democracia de calidad, sólida y sostenida en el tiempo, sin una administración de justicia de calidad. Bajo esta perspectiva, durante la primera década o década y media de INECIP, comenzamos a trabajar en lo que popularmente se conoce como reforma procesal penal o implementación de los sistemas acusatorios, en reemplazo de los viejos modelos inquisitoriales. Primero, con todo lo que implica la sanción de nuevas leyes: códigos procesales penales y leyes orgánicas de los poderes judiciales.

¿Por qué es importante la implementación del sistema acusatorio?
El modelo acusatorio es una nueva forma de organizar el funcionamiento de la justicia penal. Su primera gran particularidad es que desaparece la idea de que una misma persona, el juez de instrucción, pueda investigarte y, a la vez, juzgarte. Se entiende que eso afecta totalmente la garantía de imparcialidad e implica darle mucho poder a una sola persona, con los riesgos de arbitrariedad que conlleva. Hay otros cambios, como la oralización de todo el proceso. Es decir, que toda decisión jurisdiccional se tome en una audiencia pública, lo que además acelera los tiempos, facilita la transparencia y permite un mayor control. La nueva agenda que estamos trabajando desde INECIP, tanto en Argentina como en varios países de América Latina, apunta a lograr que estos sistemas, muchos de ellos ya implementados, consolidados y mejorados, terminen de cumplir con las promesas y necesidades que la ciudadanía tiene respecto de ellos. Centralmente, fortalecer la eficacia de la persecución penal. Romper esa tradición histórica de nuestra región en la que solo van presos los “ladrones de gallinas” y resulta muy difícil que algún sector de poder sea alcanzado por la persecución penal. Por otro lado, fortalecer los derechos fundamentales y el sistema de garantías para evitar, por ejemplo, situaciones como las que estamos atravesando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tenemos personas detenidas en comisarías, en condiciones inhumanas, durante días, semanas, meses e incluso años.

INECIP realiza un relevamiento de las personas detenidas en comisarías. ¿Por qué está creciendo tanto ese número y a qué te referís cuando hablás de condiciones inhumanas?
Comenzamos a elaborar este ranking hace algunos años, cuando, a partir de distintas fuentes, empezó a visibilizarse un problema que históricamente existió en nuestro país y que, hace 20 años, había dado lugar a fallos como Verbitsky, de la Corte Suprema. Era una problemática que estaba reapareciendo con mucha fuerza, particularmente en algunas jurisdicciones, como la ciudad de Buenos Aires -por la particularidad de no contar con un servicio penitenciario propio-, Tucumán y La Pampa. En algunos lugares se había vuelto a naturalizar la idea de que una persona podía permanecer detenida en una comisaría. Esto tiene dos grandes problemas. Por un lado, los efectivos de las policías de prevención, que deberían estar realizando tareas de patrullaje, no podían dedicarse a eso porque tenían que permanecer en las comisarías evitando fugas, en instalaciones que no están preparadas para alojar detenidos. Muchas veces vimos personas detenidas que ni siquiera estaban alojadas en las pequeñas celdas, sino esposadas a un banco en un patio o en una oficina cerrada con llave, atadas con alambres. Por otro lado, esas personas se encuentran en condiciones peores que degradantes. No estamos hablando de las malas condiciones carcelarias típicas a las que, lamentablemente, nos hemos acostumbrado en nuestro país y en nuestra región, sino directamente de situaciones de tortura. Muchas veces se trata de personas que están siendo investigadas y que ni siquiera tienen una condena. En otros casos, son personas condenadas que tienen derecho a realizar tareas de resocialización para reinsertarse en la sociedad y que, en cambio, permanecen agolpadas en lugares degradantes. Honestamente, nos hizo recordar lo que sucedía durante la dictadura, cuando teníamos centros clandestinos de detención. En este caso, hablamos de centros con condiciones realmente vejatorias y casi tortuosas, ubicados a pocos metros de juzgados que miran hacia otro lado y dicen: “Yo no puedo hacer nada al respecto, eso es un problema de la política penitenciaria del Poder Ejecutivo”. Nuestro reclamo se enfoca en decirles: “Señores jueces, señoras juezas, ustedes existen justamente para evitar que estas situaciones sucedan”. Y si no toman medidas, están incumpliendo con la Constitución y están cometiendo un delito.

Uno de los últimos informes de INECIP, elaborado junto con otras organizaciones, pone las designaciones judiciales “bajo la lupa”. ¿Qué observaron en los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo?
El informe analiza, centralmente, cómo fue el proceso mediante el cual el Gobierno llegó a seleccionar esos pliegos. Había un problema que venía de arrastre de las gestiones anteriores: no se estaban enviando pliegos al Senado y existía una gran cantidad de vacantes por cubrir. Con la llegada del ministro Juan Bautista Mahiques, se enviaron pliegos que, en muchos casos, correspondían a personas que, siguiendo los parámetros legales y reglamentarios, no hubieran podido acceder a la terna que el Consejo de la Magistratura elabora para elevar al Ejecutivo. En algunos casos llegaron a ser jueces personas que habían ocupado hasta el puesto número 32 de un examen. La última instancia previa al plenario del Consejo de la Magistratura es lo que se conoce como entrevistas personales. Y ahí entramos directamente en el reino absoluto de la arbitrariedad, porque todos los candidatos que han ido superando las distintas etapas se entrevistan con los consejeros, quienes, sin ningún criterio objetivo, pueden decir: “Este me gustó, le subo tantos puntos”. Así es como muchos candidatos que, por sus antecedentes y por el resultado de su examen, hubieran quedado afuera, logran ingresar a la terna. Entonces, tenemos más de 140 designaciones que han sido realizadas en un proceso absolutamente abierto a la arbitrariedad y a la negociación.

La sanción de una nueva ley del Consejo de la Magistratura sigue siendo un debate pendiente. ¿Por qué creés que no se logra avanzar?
Porque es un sistema que resulta muy cómodo para muchos intereses. Sería ingenuo esperar que la propia dirigencia política renuncie a ese margen de arbitrariedad que le permite hacer estos juegos o intercambios. Lamentablemente, quienes conformamos el amplio mundo de la abogacía -no sólo abogados particulares, sino también académicos, jueces, fiscales y defensores- no hemos hecho la fuerza suficiente para garantizar que este juego se termine. En muchos casos, sectores de las asociaciones de magistrados que forman parte del Consejo de la Magistratura y de los colegios de abogados, en vez de intentar mejorar el sistema, forman parte de él e intentan rasguñar algún favor, ventaja o beneficio. Es un esquema que, a largo plazo, termina siendo muy nocivo para la calidad de nuestra Justicia. Confío en que esto, tarde o temprano, va a explotar. Probablemente, este cúmulo de designaciones, que ha dejado muy expuestos los márgenes de arbitrariedad y las negociaciones indebidas que existen detrás del sistema, termine acelerando esa discusión. Que la Corte Suprema ya se haya hecho eco de este problema es una buena señal. Dentro de todo, y con todas las críticas que uno puede hacerle a la Corte actual, confiamos en que algunos de los recambios que se vienen, sobre todo en la integración del Consejo de la Magistratura, obliguen a revisar la forma en la que están reglamentados los procesos de selección. Esperamos que esa ley se revise en algún momento y tengamos un Consejo de la Magistratura que cumpla las funciones que tiene que cumplir, donde los procesos disciplinarios funcionen y no tengamos jueces como Marcelo Bailaque u otros casos similares.

El caso del ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque expuso cuestionamientos al funcionamiento del sistema disciplinario. Se le reprochó su demora en avanzar en distintas causas vinculadas con el narcotráfico y se descubrió que compartía contador con Esteban Alvarado, jefe de una organización narcocriminal. ¿Qué lectura hace de ese caso?
Eso permitió que durante muchísimos años, en Rosario, la impunidad no se contara en estadísticas judiciales, sino en vidas que se perdían, porque lo que se estaba garantizando era la impunidad de organizaciones que estaban bañando de sangre a la ciudad. Se le permitió seguir en su cargo durante muchos años cuando, incluso antes de la investigación de Germán de los Santos y de muchos otros periodistas, en Rosario se sabía lo que estaba sucediendo. Finalmente, el Consejo de la Magistratura se activó cuando ya no pudieron hacer nada para taparlo. Porque yo escucho a consejeros que se ufanan diciendo: “Bueno, qué bien el Consejo, que logró ir contra Bailaque”, cuando tardaron muchísimo tiempo en hacerlo y Bailaque terminó renunciando antes de que pudiera ser juzgado por el organismo.

Desde INECIP incluso le pidieron al presidente Javier Milei que no aceptara su renuncia. Sin embargo, terminó aceptándola y Bailaque podría acceder a su jubilación de privilegio.
Exactamente. En tanto y en cuanto no avance la causa penal, que no ha tenido grandes avances. Más allá de que la sanción termine siendo únicamente la cuestión de la jubilación, hay un interés ciudadano, social y político en saber qué pasó ahí. Ahora dependemos de la justicia penal, que obviamente tiene mayores dificultades o impedimentos para avanzar en la famosa búsqueda de la verdad, porque allí rige un nivel de garantías mayor, que es el propio de la justicia penal. 

Por último, ¿cuáles son las principales modificaciones que proponen desde INECIP, junto con otras organizaciones, para reformar el Consejo de la Magistratura?
Desde nuestro punto de vista, hay un aspecto fundamental en términos de composición: reducir el tamaño del Consejo de la Magistratura y establecer que los consejeros sean personas con dedicación exclusiva. Es decir, una composición más chica y dedicación permanente. También es necesario establecer pautas mínimas para los procesos de selección, con mayor transparencia, plazos máximos y criterios más fijos para evitar, por ejemplo, que la entrevista personal pueda valer un número indefinido de puntos y permitir saltos en las posiciones de los candidatos. Además, proponemos una regulación más específica de los procesos disciplinarios. Por último, hay una discusión que sigue pendiente en nuestro país: que la administración de los recursos del Poder Judicial, que la Constitución le asigna al Consejo de la Magistratura, esté efectivamente en manos de ese organismo y no de la Corte Suprema.

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