La legisladora porteña, autora de uno de los proyectos que dieron origen a la nueva Ley 6.956, explicó a Quorum por qué se decidió ampliar el banco de ADN a todos los delitos, defendió la incorporación de perfiles de imputados y aseguró que existen mecanismos para proteger los datos sensibles. La autonomía judicial porteña y la política de seguridad, entre los ejes de la entrevista.
Hay investigaciones que pueden quedar durante meses -incluso años- esperando una pista capaz de romper el silencio de un expediente. Una huella, un rastro biológico, una coincidencia inesperada pueden cambiar el rumbo de una causa, acercar a la Justicia a quien cometió un delito o, también, permitir descartar a quien estaba bajo sospecha.
Detrás de esa posibilidad está la evidencia genética, una herramienta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió ampliar con la sanción de la Ley 6.956. El nuevo régimen modificó sustancialmente la ley sancionada en 2011: dejó de estar limitada a personas condenadas por delitos contra las personas y contra la integridad sexual y extendió su alcance a los delitos investigados por la Justicia porteña, con distintas categorías para evidencias halladas en escenas del crimen, imputados, condenados y aportantes voluntarios.
La apuesta, sin embargo, abre una discusión que excede lo tecnológico. ¿Hasta dónde puede avanzar el Estado en la utilización del ADN para investigar un delito? ¿Cómo se protege un dato tan sensible? ¿Qué ocurre cuando el perfil incorporado pertenece a alguien que todavía no fue condenado?
Una de las impulsoras de la reforma fue la legisladora del PRO Gimena Villafruela, autora de uno de los proyectos que confluyeron en la nueva norma. Para ella, la modificación representa un “cambio de paradigma” y forma parte de un proceso más amplio: dotar a una Justicia porteña todavía joven de herramientas científicas para investigar, pero también avanzar en la consolidación de la autonomía de la Ciudad.
En diálogo con Quorum, Villafruela explica por qué consideraron necesario ampliar el alcance de la ley, responde a los cuestionamientos sobre la incorporación de perfiles de personas imputadas y detalla las garantías previstas para preservar la información genética. También habla del modelo de Mendoza, de los recursos que demandará la implementación y de cómo esta reforma se integra con otras políticas de seguridad impulsadas por la Ciudad.
La Ciudad ya contaba con un registro de datos genéticos. ¿Por qué consideraron necesario ampliarlo?
Para la Ciudad es un paso muy importante en varios aspectos: en materia judicial, en la respuesta a las víctimas y también en seguir avanzando con la autonomía. Venimos pensando cómo construir una Justicia más moderna, más cercana y más ágil. La ley que estaba vigente tenía un alcance limitado a determinados delitos y entendíamos que era necesario brindarle a la Justicia una herramienta que permitiera avanzar más en las investigaciones penales y criminales. También analizamos experiencias de otros países y de otras jurisdicciones argentinas, como Mendoza, y vimos la importancia de no detenernos solamente en algunos delitos. La idea es que la evidencia científica pueda convertirse realmente en una herramienta para esclarecer investigaciones.

La ampliación implica un cambio importante: ya no se trata únicamente de incorporar perfiles de personas condenadas. ¿Hubo resistencia durante el debate?
Sí, porque la ley propone un cambio de paradigma y, naturalmente, frente a un cambio de paradigma aparecen visiones diferentes. Uno de los puntos discutidos durante las reuniones informativas tuvo que ver justamente con el alcance. Lo que intentamos demostrar fue la importancia de contar con una herramienta que tuviera las capacidades necesarias para dar respuestas a la ciudadanía. Si uno empieza a limitar excesivamente su utilización, termina perdiendo parte de su sentido. También hay que aclarar que la obtención de evidencia se produce dentro del marco de una investigación judicial. No estamos hablando de una herramienta que funciona por fuera del sistema judicial, sino dentro de una investigación y con las autorizaciones correspondientes, respetando las garantías del debido proceso.
Mencionó el caso de Mendoza. ¿Por qué lo tomaron como referencia?
Porque cuando uno trabaja cuestiones técnicas y legislativas es muy importante apoyarse en experiencias que ya tienen un recorrido. Durante el debate parlamentario convocamos tanto al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad como al Director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. Nos interesaba que los diputados pudieran conocer una experiencia concreta y sus resultados. Una herramienta de estas características puede permitir resolver mucho más rápidamente una investigación y llegar al autor de un delito. Por eso nos parecía importante incorporar al debate experiencias que ya mostraran cómo podía funcionar en la práctica. El antecedente mendocino ocupó un lugar relevante en la discusión: entre los datos analizados durante la elaboración del proyecto se destacó que una proporción significativa de autores posteriormente identificados en delitos graves ya había ingresado previamente a aquella base a raíz de intervenciones vinculadas con otros delitos.

El límite entre investigar y proteger la intimidad
La ampliación también abre interrogantes jurídicos. La nueva normativa contempla la incorporación de perfiles de imputados y considera a la información genética como un dato sensible. Al mismo tiempo, establece mecanismos de disociación entre la huella genética y los datos filiatorios y exige trazabilidad sobre quienes acceden al sistema.
Uno de los cuestionamientos es que incorporar el ADN de una persona imputada, que todavía no fue condenada, podría afectar la presunción de inocencia o implicar una forma de autoincriminación. ¿Qué responde frente a esa objeción?
Eso fue conversado y discutido. Pero hay algo central: que exista una coincidencia entre un perfil genético y una evidencia encontrada en una escena no significa que esa persona automáticamente quede condenada. Es una herramienta dentro de una investigación. Y también puede funcionar exactamente al revés: puede permitir determinar que una persona que era sospechosa no estuvo vinculada con ese hecho. Incluso sirve para detectar contaminación de una escena. Por eso entendemos que tiene valor para el esclarecimiento de una investigación tanto cuando permite orientar hacia una persona como cuando permite descartarla.
¿Cómo se protege un dato tan sensible como el ADN?
Ese fue uno de los puntos sobre los que hicimos mucho hincapié. Se trabaja con ADN no codificante, que no proporciona información sobre características físicas ni cuestiones vinculadas con la salud. Lo que buscamos es una huella genética que permita identificar, no conocer otro tipo de información sobre una persona. Además, no es un sistema al que pueda acceder cualquier funcionario. La ley establece mecanismos de trazabilidad para saber quién ingresa y cómo lo hace. Y la información personal está separada del perfil genético. Si tuviera que explicarlo coloquialmente, diría que son como dos columnas diferentes. El perfil no está almacenado simplemente con un nombre y apellido. Cuando se produce un “match” entre una evidencia levantada en una escena y un perfil almacenado, recién ahí se activa el mecanismo que permite avanzar en la identificación. La ley establece precisamente que la huella genética debe almacenarse mediante un código alfanumérico disociado de los datos filiatorios y que la reidentificación se produce ante una coincidencia positiva.
¿Durante cuánto tiempo permanece almacenado un perfil?
La ley establece un plazo de hasta 50 años. Hay situaciones diferentes, tal es el caso de las personas no condenadas, absueltas o sobreseídas, cuyo perfil se elimina en forma inmediata al quedar firme la resolución que ponga fin al proceso. También cabe destacar el caso de quienes aportan voluntariamente su perfil. Imaginemos el supuesto de una persona desaparecida. Un familiar puede aportar voluntariamente su perfil genético para que, eventualmente, pueda ser cotejado si aparecen restos humanos. En esas instancias existe la posibilidad de retirar posteriormente ese perfil. La herramienta no sirve solamente para investigar delitos. También puede colaborar en la identificación de personas desaparecidas o fallecidas y dar una respuesta a familias que llevan adelante una búsqueda.

La norma también contempla muestras del personal policial y pericial. ¿Cuál es el objetivo?
Ahí el espíritu es muy concreto: evitar que una contaminación de la escena del crimen termine desviando una investigación. No se trata de generar indiscriminadamente una base de datos sobre todo el personal de seguridad para cualquier finalidad. Se pensó en la posibilidad de discriminar aquellos perfiles que pueden aparecer como consecuencia de la intervención de policías, peritos u otras personas en una escena y evitar que esa contaminación distraiga, demore o desvíe la investigación. El diseño de la norma diferencia precisamente esos perfiles y los destina a cotejos de descarte vinculados con posibles contaminaciones de la evidencia.
Ampliar tanto el universo de muestras también supone una mayor exigencia para el Ministerio Público Fiscal. ¿Está preparado para absorberla?
Trabajamos muy activamente con el Ministerio Público Fiscal (MPF) durante todo este proceso porque es una política de interés para la Ciudad y ellos son quienes van a llevar adelante la tarea cotidiana. El MPF tiene una capacidad importante y esto también está dentro de sus prioridades en materia de política criminal. La Ciudad viene avanzando en la consolidación de su autonomía y cada uno de esos pasos requiere generar las capacidades necesarias para asumir nuevas competencias.
¿Eso implica también recursos presupuestarios e infraestructura?
Por supuesto. Cuando una política pública es analizada, pensada y proyectada, necesariamente tiene que existir un correlato presupuestario para que pueda ser administrada y llevada adelante de la manera correspondiente. La implementación operativa recaerá en el Ministerio Público Fiscal porteño, particularmente a través de su Cuerpo de Investigaciones Judiciales, responsable del análisis de las muestras y la generación de los perfiles genéticos. La ley también habilita convenios con laboratorios o entidades científicas acreditadas.
¿Será necesaria además una capacitación específica de quienes intervienen en la toma y preservación de las muestras?
Totalmente. La Ciudad tiene desde hace muchos años un recorrido muy importante en materia de capacitación y formación. El Instituto Superior de Seguridad Pública cumple un papel central en la formación policial y también existe capacitación permanente dentro del sistema judicial. Con una herramienta de estas características necesariamente habrá un camino de formación, porque la correcta toma de muestras y la preservación de una escena son fundamentales para que después esa evidencia tenga utilidad.

Usted vincula esta ley con el proceso de autonomía de la Ciudad. ¿Por qué?
Porque no es una medida aislada. Forma parte de un recorrido de la Ciudad para consolidar su autonomía y fortalecer sus competencias judiciales y de seguridad. Podemos mencionar la creación de nuestro propio servicio penitenciario o la ley de reiterancia. Esta norma es otro paso dentro de ese proceso. Tenemos un sistema judicial joven, moderno, y contar con una herramienta basada en evidencia científica representa muy bien la concepción que tiene la Ciudad respecto de cómo debe funcionar la Justicia. También es una respuesta a las víctimas. Para nosotros es central que el sistema pueda brindar respuestas y que las investigaciones puedan resolverse mejor y más rápido.
En su agenda legislativa aparecen también la reiterancia, los denominados “trapitos” y ahora el registro genético. ¿Hay un hilo conductor entre esas iniciativas?
Sí. Cuando hablamos de orden estamos hablando de distintas dimensiones de una misma política. La ley antitrapitos, por ejemplo, tuvo que ver con recuperar el espacio público y poner un límite a situaciones de extorsión. El espacio público es de todos y las personas tienen que poder circular libremente. Con la reiterancia también buscamos darle una herramienta más a la Justicia. Son iniciativas distintas, pero existe una misma idea detrás: generar instrumentos para que el Estado pueda responder frente al delito y proteger a quienes viven, trabajan y desarrollan su vida en la Ciudad.
¿Dónde ubica entonces al nuevo registro dentro de la política de seguridad de Jorge Macri?
Está totalmente enmarcado en una política que impulsa el jefe de Gobierno basada en el orden y la seguridad. La prioridad son los vecinos de la Ciudad y generar políticas que les brinden respuestas y protección. Esta herramienta suma capacidad de investigación y permite trabajar con evidencia científica para esclarecer delitos. En definitiva, se trata de que la Justicia tenga mejores instrumentos para investigar y que el Estado pueda dar una respuesta más efectiva.
¿La considera entonces una de las reformas importantes de esta etapa?
Sin duda. Es un cambio de paradigma y un paso importante en materia judicial, de seguridad y de autonomía. Pero, sobre todo, es una herramienta concreta para las investigaciones. Nos permite incorporar evidencia científica, cruzar información, contribuir a identificar responsables, descartar sospechosos y también colaborar en casos de personas desaparecidas. Creo que esto ubica a la Ciudad en un lugar de avanzada en materia de tecnología aplicada a la investigación criminal. En ese sentido, la importancia del Registro de Perfiles Genéticos quedó reflejada también en la presentación del fiscal General de la Ciudad, Martín López Zavaleta ante la Legislatura, donde lo destacó como una herramienta estratégica para fortalecer la investigación criminal y profundizar la capacidad de respuesta del Ministerio Público Fiscal.
