Padre e hijo imputados por robar patos y gansos de los lagos de Palermo

Un hombre de 36 años y su hijo de 15 fueron imputados por robar 14 gansos y patos de los lagos de Palermo. En el allanamiento a su casa de la localidad bonaerense de Billinghurst hallaron casi 50 animales silvestres en cautiverio. Es una de las primeras causas en la Ciudad en las que un menor de 15 años queda alcanzado por la nueva ley Penal Juvenil.

La causa comenzó cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad sorprendieron a los dos sospechosos en plena sustracción: se llevaban gansos y patos de los Lagos de Palermo e intentaban subirlos a una camioneta. La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal, por indicación de Leandro Galvaire, dispuso de inmediato la detención de ambos y la devolución de los animales a su hábitat natural.

La investigación sobre ambos avanzó lo suficiente como para que el fiscal Mauro Tereszko y la auxiliar Paula Raffa, la fiscalía pidieran allanar los domicilios hallados durante la pesquisa. La diligencia fue autorizada por la jueza Mercedes Maiorano, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 3.

El procedimiento se realizó en una vivienda de Billinghurst, en la provincia de Buenos Aires, dentro de una investigación que apunta a determinar si existe una organización dedicada al tráfico de fauna silvestre, según lo previsto en la Ley de Conservación de la Fauna, que entre otras cosas, regula la caza, captura, tránsito, comercio y tenencia de animales silvestres, sus productos y subproductos. El operativo tuvo resultado positivo: encontraron casi 50 ejemplares silvestres en cautiverio, entre ellos cobayos y palomas.

El nuevo régimen penal juvenil

El caso se da en un contexto novedoso: desde el 5 de septiembre rige la ley Penal Juvenil, que bajó a los 14 años la edad de imputabilidad para todo tipo de delitos. Por eso, tanto el padre como el hijo fueron imputados y podrán ser juzgados bajo esas reglas. En el caso del adolescente, la norma permite sustituir las penas de prisión por medidas socio educativas y procesos restaurativos, que ya están siendo evaluados por los equipos interdisciplinarios del MPF porteño.

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