Lo importante
El 7 de abril de 2022 Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos y por entonces Embajador argentino en Israel, quedó condenado a ocho años de prisión en su provincia por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
Ese mismo día dejó su cargo diplomático, pero siguió en libertad porque restaban instancias de apelación para considerar ejecutable la condena.
Hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie, el ex gobernador kirchnerista quedará preso en Paraná, con prisión preventiva efectiva por decisión de la Cámara de Casación de esa ciudad entrerriana.
Los motivos
Hubo “persistente negación de la condena, al punto de realizar denuncias insólitas en extrañas jurisdicciones tachando de “mesa judicial” a los magistrados que intervinieron en las causas”, remarcan las camaristas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo,
En el caso se dilató el cumplimiento de la sentencia condenatoria, que aún no está firme, “con diversas maniobras que trasuntan o un desconocimiento de la vía recursiva, o una voluntad de ‘no respetarla’”, advierte la sentencia a la que tuvo acceso Quorum
De manera unánime las tres juezas hicieron lugar a la apelación de la fiscalía y dispusieron “la prisión preventiva efectiva” en la Unidad penal 1 de Paraná.
“Se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria», concluyeron.
Entre esos motivos remarcaron que la condena es por corrupción y el país adhiere a tratados internacionales.
Ante ello analizar la necesidad de la prisión preventiva implica conciliarlo con “la gravedad del hecho que se investiga, y con la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de prevenir, investigar, sancionar y reparar los delitos de corrupción”.
La Casación local revocó un fallo del Tribunal de juicio y apelaciones de Paraná que el 5 de septiembre último rechazó el planteo de prisión domiciliaria efectiva hecho por la fiscalía contra Urribarri y otro condenado en el caso, el ex funcionario Juan Pablo Aguilera.
Ese tribunal les había impuesto una caución y prohibición de salida del país.
Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Ramírez Montrull apelaron por considerar que había riesgo de fuga.
El ex Gobernador quedó condenado por “haber conformado una estructura delictiva dentro del propio Estado provincial, encabezada por su máximo mandatario, que se mantuvo durante más de 8 años, actuando en las sombras, con la utilización de testaferros para disfrazar los auténticos motivos y destino del dinero público sistemáticamente sustraído con fines personales”.
Hubo “un uso ilegal en provecho propio del aparato estatal y de las facultades legales y constitucionalmente asignadas, así como de las relaciones trazadas en ejercicio de la función pública”, según la acusación fiscal.
Ante este cuadro de situación, los acusadores advirtieron en su apelación que “no resulta descabellado pronosticar que los condenados URRIBARRI y AGUILERA se valgan de estas influencias, sumadas a los recursos económicos con los que cuentan, la facilidades para abandonar el país aún sin contar con pasaporte, las propiedades en el exterior, los lazos delictivos creados con personas de otras nacionalidades” para evadir a la Justicia
Contexto
Urribarri quedó condenado el 7 de abril de 2022 a 8 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por “negociaciones incompatibles con la función pública” y “peculado”
Se lo juzgó por cinco acusaciones en la provincia de Entre Ríos vinculadas a contratación y cartelización de publicidad local con “fines particulares”, como pagar un parador en una playa de Mar del Plata, publicidad en medios nacionales y otros hechos que según la acusación usaban recursos de la provincia para posicionarlo a nivel nacional.
La condena está apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no tiene plazos para resolver.
