La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que depende de la Corte Suprema, realizó un relevamiento sobre fuentes abiertas del accionar de la llamada “mesa judicial” del macrismo. El pedido lo realizó el fiscal federal Franco Picardi y generó un fuerte malestar entre las principales figuras de Cambiemos.
De ese informe surge, por ejemplo, que el expresidente Mauricio Macri empezó a exigir la renuncia de Alejandra Gils Carbó a la Procuración General desde un mes antes de ganar la segunda vuelta en 2015. Habló en 21 oportunidades de ella y la etiquetó como “militante”, “militante de un partido político” o simplemente “kirchnerista». Además, la acusó de “no tener autoridad moral para ejercer el cargo” y de no combatir el delito.
A raíz de este informe, los diputados de la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió presentaron ante la Corte Suprema una carta en la que sostendrán que el informe de la DAJuDeCO «realizando inteligencia en el marco de la causa conocida como “Mesa Judicial” no sólo afecta la libertad de expresión de cualquier ciudadano y el Estado de Derecho, en el caso de los legisladores, genera un conflicto de poderes en tanto afecta la inmunidad de opinión de los parlamentarios y la función legislativa».
Del informe se deprendería que hubo una decisión de hacer foco en determinados funcionarios o funcionarias judiciales cuya salida se buscaba concretar. Según consigna el diario Página/12, el abogado Alejadnro Rúa, que representa a Gilsa Carbo, sostiene que en el informe se “muestra el despliegue de una maniobra coordinada de hostigamiento público en el marco de la cual después florecían los aprietes privados a través de causas judiciales, pedidos de juicio político y operadores judiciales”.
En tanto, en la presentación que realizaron desde el bloque de Carrió sostienen que “de la gravedad institucional del informe de la DAJuDeCO se tiene que hacer cargo la Corte Suprema porque de ella depende esta oficina que no tiene competencia para realizar ese tipo de informes por más que haya sido solicitado por un fiscal federal».
«No puede la justicia ser un instrumento de venganza de los legisladores y ciudadanos que opinaron desde el primer día de funcionarios como la ex Procuradora Gils Carbó a quien Carrió impugnó durante su proceso de designación en el año 2012 y pidió su juicio político un año después. La Corte debe decidir que hace al respecto», sostuvieron.
Finalmente, el Colegio Público de Abogado de la Ciudad de Buenos Aires también salió a repudiar el informe y lo calificó como un “inaceptable ataque a la libertad de expresión”.
