Con una destacada trayectoria en la justicia y la academia, el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart ha enfrentado los desafíos del derecho penal económico con una visión aguda y crítica. En una charla con Quórum, ofrece su perspectiva sobre la crisis del sistema educativo tradicional, proponiendo un giro hacia un modelo de “aprendizaje significativo”. A lo largo de su carrera, López Biscayart deja un claro mensaje: es tiempo de repensar cómo se forman las futuras generaciones de juristas.
¿Podría contarnos cómo fueron sus comienzos en la justicia y qué lo motivó a especializarse en delitos tributarios y económicos?
Mis comienzos en la Justicia fueron como meritorio en un Juzgado de Instrucción durante mis estudios de Derecho. Esa experiencia, aunque sin remuneración, fue clave para mi formación, dándome un contacto directo con el sistema judicial. Tras graduarme, decidí ejercer como abogado independiente por 17 años, lo que me permitió crecer profesionalmente. Paralelamente, comencé mi carrera académica como profesor en la Universidad de Belgrano, en la cátedra de Derecho Penal -parte general-, de la cual hoy tengo el honor de ser titular, lo que enriqueció mi perspectiva crítica sobre el derecho. Mi interés por el Derecho Penal Tributario surgió de forma natural durante esos años. Este campo me atrajo especialmente porque aborda la intersección entre el derecho penal y el derecho tributario, áreas que siempre me resultaron de gran interés. No sólo se ocupa de proteger los intereses fiscales del Estado, sino también de combatir conductas delictivas complejas que tienen un impacto económico profundo en la sociedad. Su naturaleza técnica y la necesidad de entender los mecanismos financieros y contables que lo rodean lo hacen un área fascinante. Cuando se decidió crear el fuero Penal Tributario, vi una oportunidad de crecimiento profesional y de contribuir a un campo que hasta entonces no contaba con la especialización adecuada. Concursé para ocupar una de las magistraturas y tuve el honor de ser juez designado en 2002, aunque asumí formalmente en agosto de 2003.
Ha sido el primer juez en lo Penal Tributario en Argentina. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en una jurisdicción que, en cierto modo, estaba inaugurando?
Fue una experiencia enriquecedora y desafiante. Desde el principio, comprendí la importancia de contribuir al desarrollo de una especialidad nueva en el sistema judicial, destinada a investigar y juzgar delitos que afectaban gravemente los intereses fiscales del Estado, un área clave para el desarrollo y la estabilidad económica. Durante mi tiempo en el fuero, la experiencia fue muy positiva. Tuvimos la posibilidad de establecer bases sólidas para la doctrina y la jurisprudencia en materia de delitos tributarios, desarrollando criterios que permitieron abordar de manera más eficaz y especializada las complejidades propias de estos delitos. Sin embargo, el fuero sólo tuvo una década de vida. A pesar de los avances significativos que se lograron, intereses sectarios prevalecieron sobre la política de Estado que había impulsado su creación. Fue lamentable ver cómo esas presiones llevaron finalmente a la absorción del fuero Penal Tributario por el fuero Penal Económico. Este cambio no sólo significó la pérdida de una jurisdicción especializada, sino también un retroceso en el tratamiento adecuado y específico de los delitos tributarios.
¿Cuáles son los cambios más significativos que ha visto en la justicia penal económica desde sus inicios hasta hoy? ¿Qué desafíos persisten?
La justicia penal económica ha evolucionado con el uso de herramientas más sofisticadas para enfrentar delitos cada vez más complejos, como la evasión fiscal, el lavado de dinero y la corrupción. La globalización y el avance tecnológico han hecho que estos delitos sean más difíciles de detectar, lo que exige una justicia más rápida y capacitada. La especialización en el sistema judicial ha mejorado, con jueces y fiscales mejor preparados para manejar operaciones financieras complejas. Sin embargo, persisten desafíos. Uno de los más grandes es la lucha contra la impunidad en casos de corrupción y grandes fraudes económicos. Estos delitos, a menudo vinculados a estructuras de poder, siguen siendo difíciles de combatir debido a la interferencia política y a los intereses sectoriales que pueden obstaculizar los procesos judiciales. Además, la falta de recursos suficientes para investigar y procesar estos delitos, sumada a la sobrecarga del sistema judicial, continúa siendo un obstáculo. Otro desafío crucial es la necesidad de contar con una legislación más flexible y dinámica que se adapte rápidamente a los cambios en los entornos económico y financiero, ya que las leyes suelen quedarse obsoletas frente a la velocidad con la que evolucionan los delitos económicos. La creación de marcos normativos que respondan a las nuevas realidades es, por tanto, una prioridad. En este contexto, un cambio legislativo relevante fue la supresión de la Justicia Nacional en lo Penal Tributario, cuyos órganos fueron absorbidos por la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No obstante, sería simplista atribuir este cambio exclusivamente a dicha reestructuración; otros factores, como la proliferación de leyes de amnistía o moratoria fiscal, han dificultado el avance de los procesos penales tributarios y el desarrollo de una doctrina específica en la materia. Finalmente, un reto constante es fortalecer la confianza pública en el sistema judicial. El combate a los delitos económicos está íntimamente ligado a la percepción de justicia en la sociedad. Es fundamental que los ciudadanos sientan que las leyes se aplican de manera equitativa, sin privilegios para los sectores más poderosos. La independencia judicial es clave en este aspecto, y sigue siendo un desafío garantizar que los jueces puedan actuar sin presiones externas, cumpliendo su misión de manera imparcial, considerando todas las circunstancias del proceso y guiados únicamente por los hechos del caso.
Le ha tocado investigar varias causas complejas, como la de Skanska y el presunto tráfico de armas a Bolivia. ¿Podría compartir cómo abordó estos casos y cuál fue el mayor reto que enfrentó?
Prefiero no enfocarme en casos específicos, ya que considero esencial respetar el proceso judicial y a las partes involucradas. Cada causa trae sus propios desafíos, y lo más importante es abordarlas con seriedad, dedicación y apego a la ley. En investigaciones complejas, el trabajo en equipo es fundamental, ya que ningún juez trabaja solo, y contar con un equipo profesional y comprometido es clave para manejar este tipo de procesos.
¿Cuál ha sido el impacto de las megacausas de facturas truchas que investigó en la estructura fiscal y económica del país?
Las investigaciones sobre facturas truchas revelaron prácticas sistemáticas de evasión fiscal que afectaban gravemente al Estado, debilitando la recaudación y la capacidad de financiar servicios públicos. Además, estas investigaciones resaltaron la necesidad de mejorar los mecanismos de control en la AFIP, lo que impulsó reformas que mejoraron la detección de maniobras fraudulentas. La colaboración entre jueces, fiscales y expertos técnicos fue clave para el éxito de estas investigaciones. También demostraron la importancia de adaptar constantemente la normativa fiscal para hacer frente a la creciente sofisticación de las prácticas de evasión.
En su experiencia investigando delitos tributarios y financieros, ¿cuáles son los principales obstáculos para llevar a cabo una investigación efectiva?
Los principales obstáculos incluyen la complejidad técnica de los casos y las estructuras empresariales y financieras involucradas, muchas veces extendidas a nivel internacional, lo que dificulta rastrear los fondos. La cantidad de información que se maneja, junto con la falta de recursos adecuados, también presenta un desafío. Otro obstáculo es la falta de cooperación de algunos actores, así como las presiones políticas que pueden interferir en el proceso judicial. Sin embargo, con un equipo profesional, buena cooperación y herramientas tecnológicas, es posible superar estos retos y llevar adelante investigaciones que protejan la estructura fiscal del país.
¿Qué lo motiva a mantener una conexión con el ámbito académico?
Este año celebro 35 años de actividad académica ininterrumpida en la Universidad de Belgrano, lo que demuestra que ha sido una parte fundamental de mi vida tanto profesional como personal. La docencia me brinda la oportunidad de compartir mis conocimientos y experiencias con las nuevas generaciones de abogados y profesionales del derecho, un privilegio y una responsabilidad que valoro profundamente. Estoy convencido de que la educación es una herramienta poderosa para formar profesionales comprometidos con la justicia y la ética, y creo firmemente que, al enseñar, también aprendo constantemente de mis alumnos. Además, siento una profunda satisfacción al ver cómo crecen y se desarrollan profesionalmente.
¿Y qué opina sobre la enseñanza actual?
La enseñanza del derecho en general en nuestro país la considero en decadencia. Soy profesor universitario desde hace más de tres décadas en una universidad privada que, con todo derecho, exhibe con orgullo su alto nivel de calidad educativa y que, además, está en constante búsqueda de mejoras, logrando sus objetivos con éxito. La materia que imparto forma parte de la currícula de segundo año de la carrera de Abogacía. No pretendo aquí abordar las causas de esta decadencia ni hacer una defensa pseudo-nacionalista de la universidad argentina. Sin embargo, creo que el término “decadencia” refleja con justeza la situación actual. Lo mejor que podemos hacer es convertir este diagnóstico en un motor que nos impulse a pensar en una mejor educación universitaria como legado para las futuras generaciones. A lo largo de mi trayectoria en la docencia, he adquirido experiencia tratando de enseñar y, sobre todo, de que los alumnos realmente aprendan. En este recorrido, he notado que, aunque los reclamos públicos sobre los recursos destinados a la educación son justificados, los profesores universitarios debemos hacer un análisis introspectivo de cómo enseñamos y buscar constantemente mejorar nuestras prácticas. Con el tiempo, he llegado a entender parte del problema y siento que es mi deber compartir mi visión. No hacerlo sería, como diría Abelardo Castillo refiriéndose a la literatura y a la vida en general, un rasgo de mala conducta. El bajo rendimiento de los estudiantes en Argentina no tiene una única causa. Sin embargo, considero que los docentes universitarios tenemos una responsabilidad significativa en este aspecto y su impacto es fuerte. El modelo predominante en nuestras universidades sigue centrado en la transmisión de conocimientos ya elaborados, lo que reduce el aprendizaje a un proceso de simple información o a la preparación técnica mínima para ejercer la profesión. Muchos docentes tienden a presentar los contenidos de forma explícita y teórica, exigiendo que los alumnos repitan esa información en los exámenes. Sin embargo, no solemos cuestionarnos si este método, efectivo para aprender rutinas o contenidos literales, es suficiente para fomentar un “aprendizaje significativo”. El enfoque tradicional de enseñanza, basado exclusivamente en exposiciones teóricas, limita la formación del profesional, ya que los estudiantes adoptan un rol pasivo y dejan de tomar la iniciativa o de cuestionar los problemas que les competen. Además, se acostumbran a esperar respuestas ya elaboradas sin hacer uso de sus propios conocimientos. Ante esto, surge la necesidad de que los alumnos se pregunten –y nos pregunten– si lo que les estamos enseñando pertenece al ámbito de la duda o de la verdad. Porque… ¿qué es realmente aprender? ¿Es reproducir mecánicamente la información recibida? ¿Memorizar sin relacionar los contenidos con conocimientos previos? ¿Es un proceso de estímulo-respuesta, pasivo, fragmentado y predecible? ¿El docente es el único transmisor de conocimiento, sin espacio para la comunicación, la reflexión o la interacción? Parecería que no. Aprender implica una reorganización cognitiva y actividad interna. Se aprende por descubrimiento, reestructurando el conocimiento y otorgando nuevos significados. El docente debe ofrecer a los alumnos material potencialmente significativo para que puedan relacionar nuevos conceptos con los que ya poseen. Además, debe orientarlos en la adquisición de estos nuevos significados y en la organización lógica del material, facilitando su aplicación. En definitiva, el profesor universitario debe ser un guía, un acompañante en el desarrollo y maduración del alumno, esperando que, en algún momento, este también enfrente la duda.
¿Qué papel considera que juega el control de la evasión fiscal y el combate a los delitos tributarios en la construcción de un país más justo y equitativo?
El control de la evasión fiscal y el combate a los delitos tributarios juegan un papel esencial en el mantenimiento de una sociedad para que funcione de manera equitativa. Más allá de cualquier noción de justicia distributiva, lo que está en juego es la integridad de las reglas del juego. Evadir importa hacer trampa y en una sociedad que busca la equidad en el sentido más básico de la palabra, las trampas son percibidas negativamente y, si perjudican a un tercero o a la sociedad, válidamente pueden ser sancionadas. Como liberal, creo firmemente en la importancia de proteger la libertad individual y los derechos de los ciudadanos, pero también es esencial que todos cumplamos con las obligaciones que hacen posible la convivencia social y el funcionamiento del Estado. La evasión fiscal nos afecta a todos porque, al final del día, son los contribuyentes honestos quienes deben cubrir el vacío dejado por quienes incumplen sus deberes. Desde mi rol como juez, siempre he sostenido que es fundamental despojarse de cualquier ideología o inclinación personal al resolver un caso. El juez debe basarse únicamente en los hechos y en la ley, sin permitir que sus convicciones personales influyan en el juicio. Mi enfoque hacia los delitos tributarios siempre ha sido técnico y objetivo: se trata de asegurar que el sistema funcione de acuerdo con las reglas establecidas. Quien no las respete, debe enfrentar las consecuencias, no porque se busque una redistribución de la riqueza, sino porque el respeto por la ley es esencial para una sociedad que aspira a ser justa y ordenada.
En su carrera ha sido reconocido con varios premios, entre ellos el Konex. ¿Qué significado tiene para usted el reconocimiento a su trabajo en el ámbito judicial?
Recibir el Premio Konex en 2008, en la categoría de jueces, fue un honor inesperado que me llenó de orgullo y a la vez de humildad. No lo interpreté como un logro personal, sino como un reconocimiento a una trayectoria marcada por un profundo compromiso con la justicia. Sentí que el premio no era solo para mí, sino también para quienes colaboran conmigo en el Juzgado: funcionarios y empleados. También abogados, peritos y, en última instancia, para toda la sociedad que deposita su confianza en nuestro trabajo. Este reconocimiento refleja, creo yo, un esfuerzo colectivo más que individual. Ser juez implica una gran responsabilidad, que trasciende las decisiones diarias y está basada en la confianza pública, el compromiso con los principios de justicia y el trabajo conjunto con un equipo dedicado. Aunque el reconocimiento fue gratificante, lo asumí como un recordatorio de que siempre debemos actuar con humildad, imparcialidad y en servicio a los derechos de las personas y al Estado de Derecho. Para mí, más que un logro en sí mismo, fue una motivación para seguir mejorando y no perder de vista la misión fundamental de nuestro trabajo: escuchar, pesar, decidir, a la luz de su conciencia, teniendo en cuenta todas las circunstancias del proceso y sin dejarse guiar por una preocupación extraña a los hechos de la causa.
Finalmente, mirando hacia el futuro, ¿qué objetivos personales y profesionales se ha propuesto alcanzar en los próximos años en su carrera judicial y académica?
Mis objetivos son seguir perfeccionando mi labor tanto en lo judicial como en lo académico. En el ámbito judicial, he concursado para un tribunal de apelaciones, aunque estos procesos llevan tiempo. Mientras tanto, mi prioridad es ejercer con integridad, manteniendo un enfoque técnico riguroso frente a los desafíos de los delitos económicos y tributarios, y contribuir al desarrollo de una jurisprudencia coherente que guíe a futuros operadores. En lo académico, quiero seguir formando a juristas con un fuerte énfasis en la ética y la responsabilidad, promoviendo una enseñanza que vaya más allá de lo técnico y fomente un profundo sentido del deber hacia la sociedad. También me interesa impulsar investigaciones sobre el derecho penal económico y su impacto social. A nivel personal, deseo continuar aprendiendo, especialmente sobre la tecnología y su influencia en el derecho penal, que será clave en los próximos años. Mi objetivo central es seguir sirviendo a la justicia y a la educación con pasión, manteniendo siempre los principios de imparcialidad, ética y respeto al Estado de Derecho.
Sabemos que tiene una gran pasión por el ajedrez. ¿Cómo comenzó su interés en este juego y qué significa para usted en el ámbito personal?
Mi pasión por el ajedrez comenzó cuando mi padre me enseñó a jugar a los cinco años. Desde entonces, ha sido una constante en mi vida. Ya recibido de abogado, me integré a un grupo con los que jugamos recreativamente durante unos tres años. En esa época, también me dediqué a estudiar celadas de apertura a través de un libro que me ayudó a entender mejor la estrategia del juego. Con la llegada de YouTube, descubrí una nueva manera de profundizar en el ajedrez, viendo videos que analizan partidas y jugadas de grandes maestros. Durante la pandemia, con más tiempo en casa, comencé a jugar mucho más en línea. Nunca jugué competitivamente. Para mí, el ajedrez es una forma de ejercitar la mente, de aprender a pensar varios pasos adelante y de aceptar las consecuencias de cada decisión que se toma, algo que tiene mucha resonancia con mi carrera. Además, es una excelente manera de desconectarme y encontrar un equilibrio personal.
¿Cuál es su deseo?
Hoy deseo que haya paz en medio oriente. Me preocupa mucho. Para la Argentina, deseo que salgamos adelante recordando que el primer deber de un Estado es afianzar la justicia.
