Julia Kenny está a cargo, ni más ni menos, que de la comunicación institucional de la Procuración General de la Nación. En una charla con Quórum explica cómo su equipo enfrenta los desafíos de informar en un ámbito tan complejo como el judicial. En un contexto de demandas crecientes de transparencia, acceso a la justicia y adaptaciones tecnológicas, destaca la importancia de acercarse a la ciudadanía con mensajes claros y formatos actuales, sin comprometer investigaciones ni vulnerar garantías legales. Además, analiza el rol de las redes sociales y cómo se han convertido en un puente clave para conectar con una sociedad cada vez más exigente y digitalizada.
¿Cuáles son los principales desafíos en la comunicación institucional de la Procuración Nacional y cómo los afronta tu equipo?
La comunicación hoy es una dimensión que atraviesa a todas las organizaciones: privadas, públicas, de la sociedad civil. En el caso particular de la administración de justicia, en los últimos 20 años se ha ido ampliando hacia un modelo más abierto, un poco porque se entendió que sus actos son públicos y como tal deben mostrarse, comunicarse. Otro poco, la evolución propia de la sociedad de la información, las tecnologías, internet y todo lo que ello trajo. Y también porque la sociedad demanda conocer los fundamentos de las decisiones judiciales, en entornos de transparencia y de garantías de acceso a la justicia.
Por eso, desde el Ministerio Público Fiscal de Nación tenemos que estar a la altura de estas demandas y poder facilitar el acceso a las decisiones de las fiscalías, cuando éstas no comprometan el avance de una investigación y teniendo en cuenta también los principios de inocencia, así como el resguardo y cuidado de los y las menores de edad. Los desafíos son permanentes, es un campo dinámico, tenemos que estar atentos a los formatos de comunicación actuales: no podemos difundir sólo textos largos cuando sabemos que hoy las personas, especialmente los más jóvenes, pasan horas mirando videos cortos en redes sociales. Por supuesto, no somos una marca de zapatos ni una empresa de entretenimiento, pero debemos adaptar nuestra comunicación para acercarnos a la ciudadanía y lograr que nos conozcan y nos entiendan, especialmente en los acercamientos relacionados con el servicio de justicia que damos. Otro gran desafío que se nos presenta es que como Ministerio Público Fiscal de la Nación trabajamos para las 350 fiscalías en todo el país, además de las procuradurías y unidades especializadas, las direcciones de apoyo y por supuesto, para el Procurador General de la Nación. Para ello es fundamental la planificación: tenemos un plan de trabajo que renovamos cada año, nos ponemos objetivos, pensamos estrategias y acciones, en función de los recursos materiales y humanos disponibles. La organización del trabajo que ingresa cada día es clave, así como la coordinación y el equipo de personas, en sus distintos roles y funciones.
En tu rol como Directora de Comunicación, ¿cómo manejás la relación entre la Procuración Nacional y los medios de comunicación?
Trato de tender puentes y que no suene a frase hecha. A cada pedido de un periodista que nos llega y que necesita obtener, chequear o ampliar información, le damos respuesta. Si se comunica conmigo es porque no tiene acceso directo a la fiscalía; entonces me ocupo de poder facilitarle ese acceso o de, según nos indique el titular de la dependencia, explicarle el estado de la investigación pero siempre atenderlos. Es parte de nuestra función. Por otro lado, desde la Dirección de Comunicación publicamos noticias y comunicados en el portal de noticias propio: fiscales.gob.ar. Para ello contamos con un equipo de redactores, redactoras y editores que trabajan juntamente con las fiscalías para que la información allí publicada sea correcta, actual, precisa, de manera de poder ofrecer la versión oficial de la fiscalía del caso, en la etapa procesal que se encuentre.
¿Qué estrategias implementan para garantizar la transparencia y claridad en la información que se transmite al público sobre los casos judiciales más relevantes?
Siempre a requerimiento de las fiscalías y del interés público del caso o relevancia institucional, realizamos la cobertura de los juicios en donde intervienen. Fijamos tres momentos: inicio del debate, etapa de alegato de la fiscalía y veredicto. A veces nos solicitan cobertura de alguna otra audiencia que consideran relevante desde la perspectiva de la fiscalía. Siempre nuestro propósito es colaborar con la difusión de las instancias orales que de por sí son públicas. Como las transmisiones las dispone el tribunal, no la fiscalía, nosotros pedimos autorización para asistir (en caso de los juicios virtuales, para ingresar a la sala) y poder cubrir. Hemos tenido además otras experiencias de transparencia, de ampliar aún más la difusión del trabajo de las fiscalías en defensa de la legalidad, como ser: poner a disposición en nuestro canal de YouTube todas las audiencias de alegato de un equipo fiscal en un caso de relevancia, publicar también en el portal de noticias el alegato completo para ser descargado, publicar la agenda de juicios de lesa humanidad semanalmente, grabar videos del fiscal del caso contando luego de una condena cómo fue la investigación del caso, entre otras. En los casos de investigaciones en etapa de instrucción, ofrecemos a las fiscalías la posibilidad de difundir comunicados de prensa en el portal. Es un formato que se ajusta muy bien en investigaciones con alta demanda periodística, de manera que la fiscalía cuenta con esta herramienta – que se redacta en conjunto con nosotros- para ir aportando información a todos los medios de comunicación en simultáneo y con alguna novedad de la causa. Desde 2020 contamos en la redacción con un Manual de Pautas de trabajo y Estilo que fue aprobado por la Secretaría de Coordinación Institucional, a cargo de Juan Manuel Olima, que ordena nuestro trabajo de producción de noticias, comunicados y coberturas, fijando criterios de escritura y, especialmente, de publicación. La profesionalización es clave en nuestra oficina: llega muchísimo trabajo y al tratarse de comunicación externa, en el caso de las noticias, no podemos administrarlo al azar.
¿Cómo se adapta la comunicación institucional de la Procuración Nacional a las nuevas tecnologías y plataformas digitales?
Todas las organizaciones tienen que adaptarse a las maneras de comunicación del presente. En el caso del Ministerio Público Fiscal de la Nación, cuenta con una web institucional: mpf.gov.ar y el portal de noticias: fiscales.gob.ar. Para la comunicación interna, tenemos una Intranet para las novedades, información relevante y autogestión de los recursos humanos. La difusión a través de las redes sociales fue creciendo en los últimos cinco años: a la red X (ex Twitter), YouTube y Facebook, sumamos Instagram y LinkedIn. Sabemos que las audiencias están ahí y competimos por la atención de los públicos con contenidos de todo tipo, probablemente más atractivos que los que ofrecemos nosotros. Nuestro objetivo principal es cumplir con los objetivos que nos fija la Constitución Nacional y tratamos de encontrar un equilibrio: sin caer en exageraciones disruptivas lograr captar la atención, proponer formatos breves, con elementos atractivos de diseño gráfico y audiovisual y, por supuesto, en lenguaje claro.
¿Cuáles considerás que son los principales errores o malentendidos que se generan en la comunicación pública sobre la labor de la Procuración?
Hay mucha confusión entre la mayoría de las personas respecto a la Procuración Nacional: de por sí tenemos muchos “nombres” conviviendo: procuración nacional, ministerio público fiscal, fiscales, procuradurías; a los que se suman ahora los nombres de las unidades fiscales en las jurisdicciones donde comenzó a regir el nuevo Código Procesal Penal Federal, como ser: fiscal coordinador de distrito, fiscal revisor; a lo que también hay que agregar las distinciones de jurisdicciones nacional de las provinciales, de la justicia nacional de la Ciudad de Buenos, la justicia contravencional, y si ya no te confundí a vos, jaja, sumale los fueros: penal, civil y comercial, contencioso administrativo, previsional, penal juvenil… Pero más allá de esto, nuestros esfuerzos se encaminan a mostrar el trabajo de los fiscales en defensa de los intereses generales de la sociedad y de la legalidad.
En el caso de los procuradores ante la Corte Suprema, sus dictámenes en casos de interés público son muy relevantes y ahí el desafío se presenta también en que pueda explicarse en lenguaje claro, porque por lo general son piezas de derecho con mucha carga jurídica, técnica. Y aún nos pasa que mucha gente no sabe la diferencia entre el rol del juez y el del fiscal: en ese sentido, tratamos de ser lo más didácticos posible en nuestras difusiones.
La Procuración Nacional tiene un rol clave en la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo comunica este enfoque en un contexto tan complejo y, a veces, polarizado?
El Ministerio Público Fiscal cuenta con una Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) que tiene entre sus funciones brindar asistencia técnica y colaboración a magistrados, funcionarios y empleados para favorecer la implementación de los estándares internacionales de Derechos Humanos en las causas que lleven adelante y en la gestión diaria del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Todos los documentos que elaboran en esa Dirección son diseñados y difundidos por esta Dirección de Comunicación. También cuenta el MPF con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PROCULESA) cuyas funciones principales son la elaboración de un registro completo y actualizado de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado de todo el país y la sistematización y procesamiento periódico de la información sobre el avance del proceso de juzgamiento. Para ello, ponemos a disposición los canales de comunicación, internos y externos, así como los recursos de diseño gráfico y editorial, para que sus trabajos sean difundidos.
En términos de comunicación, ¿cómo maneja la Procuración Nacional las crisis o situaciones conflictivas que involucran a funcionarios o instituciones judiciales?
Nos ponemos a disposición de los fiscales, les ofrecemos asesoramiento en caso de requerirlo, y sobre todo contención. Lo que siempre decimos, en situaciones de crisis, lo mejor es enfrentarlas con información, que aporta certidumbre y da una respuesta a la alta demanda social -y periodística- que la situación está reclamando en ese momento.
¿Qué tipo de relación mantiene la Procuración Nacional con las organizaciones de la sociedad civil y cómo se refleja eso en la estrategia comunicacional?
Cada vez que una organización de la sociedad civil acompaña un proyecto, una actividad, o participa de una iniciativa del MPF, desde la Dirección de Comunicación trabajamos conjuntamente con los responsables de comunicación de esa organización desde el inicio. Tanto para definir las estrategias de difusión que haremos, como para la coordinación operativa de los recursos, y para la invitación -o no- a la prensa. Es decir, salimos con los logos de las instituciones en cuestión en todas las comunicaciones, compartimos fotos, videos, consensuamos textos para los comunicados, nos @ en los posteos, entre otras cosas. Las relaciones de la procuración con las ONGs son múltiples, variadas, las llevan adelante los titulares de las distintas dependencias, según sus temáticas de interés. En el caso de la dirección a mi cargo, tenemos relación con JusCom, que es la Asociación Iberoamericana de Comunicadores Judiciales y eso nos permite intercambiar experiencias de trabajo, desafíos y también problemas.
En tu experiencia, ¿cómo ha evolucionado la percepción pública sobre el Ministerio Público en los últimos años y qué papel juega la comunicación en ese cambio?
No te podría decir con precisión, no hemos hecho estudios de percepción pública. Creo que hay muchísimo trabajo aún por hacer para que se nos conozca primero y se entienda el rol de los fiscales. Con el avance de la implementación del sistema acusatorio a nivel federal, creo que eso va a ir sucediendo, y ahí el papel de la comunicación es muy importante, porque acompaña y ayuda a visibilizar la tarea de los fiscales en las investigaciones en procesos más cortos, con herramientas novedosas que también hay que comunicar correctamente, explicando sus beneficios. Hay un gran recorrido de oficinas como la PROTEX, la DOVIC, UFEM, PROCUNAR, PROCELAC, DATIP, la Dirección General de Cooperación Internacional, SIFRAI, entre otras muy importantes, que se han consolidado en sus funciones de asistencia a las fiscalías, que representan al MPF, a las que ya se las reconoce y valora, pero aún así queda mucho trabajo por hacer.
¿Cómo trabaja su equipo para asegurar que la comunicación institucional esté alineada con los valores y objetivos a largo plazo de la Procuración Nacional?
En la Dirección de Comunicación tenemos a favor, o al menos así lo veo yo, que somos transversales a todo el Ministerio Público Fiscal, es decir, al tener la comunicación centralizada, todas las fiscalías y oficinas nos solicitan servicio para sus difusiones. Esto nos da la posibilidad de tener en la cabeza el mapa completo de todo lo que sucede en un organismo tan grande. Y también nos da una responsabilidad muy grande. Por eso, si bien procuramos salir rápido en el caso de las noticias, debemos no descuidar el chequeo final que siempre pedimos a cada dependencia, porque así lo tenemos dispuesto en nuestras Pautas. Yendo a tu pregunta, los valores y objetivos de la PGN son los que nos llegan desde la Secretaría de Coordinación Institucional, de la cual dependemos funcionalmente, y quien nos aprueba cada año el plan de comunicación, que hacemos a su vez bajo esos valores generales. Luego, ante cada situación que se pueda presentar, vamos también allí a consultar y a respaldarnos.
¿Cuál es el rol de las oficinas de comunicación de los poderes judiciales y ministerios públicos?
¡Son muy importantes! ¿Qué te voy a decir? Hace más de 25 años que trabajo en comunicación institucional y prensa judicial, así que puedo decir que las vi nacer y crecer. Hoy ya hay oficinas en todos los poderes judiciales y ministerios públicos nacionales y provinciales. Por supuesto que, en algunos casos con muchas deficiencias de recursos, pero lo que sí está claro es que los jueces y fiscales reconocen su importancia. Importancia que va de la mano con lo que hablábamos antes, la demanda de información judicial por parte de los periodistas es en ocasiones muy grande y los magistrados no pueden atender a cada uno de ellos. Las oficinas de comunicación cumplen, entre otros, ese rol de mediadores, de facilitadores. Estamos en el lugar de intersección entre esas dos lógicas de trabajo tan distintas que son las de los magistrados judiciales y la de los periodistas, para ayudar a ambos, sobre todo para ayudar a difundir las decisiones en lenguaje accesible para toda la ciudadanía. Hay muchas otras funciones, como ser -acá hablo por las oficinas de los poderes judiciales, garantizar las transmisiones de juicios orales, coordinar el ingreso de la prensa con las condiciones que establece el tribunal, organizar conferencias de prensa, armar comunicados y difundirlos, etc. También, en nuestro caso, asistimos a las fiscalías en el diseño de informes de gestión y en las presentaciones de los alegatos, para que puedan tener recursos gráficos, con organización y jerarquización de la información, como ser líneas de tiempo, infografías, resaltados, entre otros, que faciliten la exposición.
Otra tarea que llevamos adelante son las campañas de concientización, muchas veces pedidas por las procuradurías o unidades, para visibilizar alguna problemática y ofrecer canales de contacto para denuncias. Por ejemplo, con UFECI hacemos muchas actividades de prevención en materia de ciberdelicuencia, que difundimos especialmente por redes sociales. En JusCom hablamos mucho de este punto, nos preguntamos y esbozamos ideas y propuestas de cómo, además de todas esas funciones de oficio que tenemos, poder contribuir a mejorar la imagen que tiene la sociedad de la justicia. Porque sentimos que no alcanza haciendo todo lo anterior.
Se está hablando mucho sobre los términos de lenguaje claro, ¿llegó para quedarse?
La corriente del Lenguaje Claro o Plain Language ya tiene sus años, surgió como una iniciativa en países como Suecia y Estados Unidos y se ha ido expandiendo internacionalmente. A su vez, tiene impacto tanto en los tres poderes del Estado, como en áreas ligadas a la medicina, por ejemplo. En el caso de la administración de justicia, y en particular en Argentina, está creciendo cada vez más su conciencia y su uso y pienso que seguirá haciéndolo. Son cambios lentos, culturales diría, pero ya hay muchas iniciativas consolidadas; la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, se ha incorporado recientemente a la Red Hispánica de Lenguaje Claro y un poco antes presentó sus “Lineamientos Generales de Sentencias Claras”. El objetivo del uso del lenguaje claro es, a grandes rasgos, tener presente al momento de escribir o de alegar -en el caso del MPF- a los destinatarios finales de las decisiones judiciales: que éstos puedan comprenderlas, sin que ello implique simplificar sus contenidos. Hablamos incluso ahora de “comunicación clara”, porque se tienen en cuenta elementos no sólo verbales, sino gráficos, de disposición de la información, tipografías, elementos de diseño editorial, audiovisual, etc. que también contribuyen a una mejor comprensión, sobre todo cuando es mucha y compleja la información. Incorporar el lenguaje claro en las decisiones judiciales es un importante avance hacia la transparencia, el acceso a la justicia y, sobre todo, me parece que ayuda a acercar el trabajo de jueces y fiscales a la ciudadanía.
¿Qué opinión te merece el famoso “techo de cristal” del que tanto se habla?
Que aún existe pues llevan tiempo los procesos de incorporación de las mujeres a los estratos más altos en todas las estructuras, en todas las organizaciones; esta desigualdad es parte de una evolución histórica, pero que me parece lentamente se va a ir equiparando.
En el MPF hay una Dirección General de Políticas de Género que elabora mapas de género al interior de nuestro organismo. En un trabajo que realizaron en 2018 advirtieron que, en los 17 años transcurridos desde la inscripción a los primeros concursos públicos de fiscales, el porcentaje de aspirantes mujeres tiene una participación promedio del 26%”. Ahí arranca la primera dificultad: que se inscriben muchas menos mujeres que varones a los concursos.
El último relevamiento, de octubre de este año, muestra que de los 290 magistrados/as hoy en el MPF, 206 son varones y 84 mujeres. Cuando se amplía a otros cargos de funcionarios/as y empleados/as administrativos/as, el porcentaje de mujeres sube sustancialmente, alcanzando en el total de la nómina mayoría de mujeres.
