«O liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman y a sus hijas como a Candela». La amenaza llegó en 2018 por teléfono al Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la magistrada y se vinculaba con la detención de un narcotraficante.
Lo que importa
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín condenó a José Damián Sofía a cinco años de prisión por coacción doblemente agravada. El fallo se basó en pruebas telefónicas y escuchas que lo vincularon a amenazas dirigidas a la jueza Sandra Arroyo Salgado en 2018. La defensa apeló la decisión, argumentando falta de pruebas, pero la Cámara de Casación ha rechazado ahora el recurso por considerarlo infundado.
La fiscalía pactó con la defensa cinco años de prisión, el mínimo previsto para el delito. Pero luego apeló ante la Cámara Federal de Casación.
Decisión del máximo tribunal penal federal
En una sentencia unipersonal, el juez de Casación Javier Carbajo confirmó la condena.
«Analizados los antecedentes del caso y de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General ante esta Cámara, doctor Mario Villar, en la oportunidad prevista por los artículos 465 y 466 del código de rito, advierto que la defensa no alega la existencia de vicios que hubieran afectado la comprensión y alcance del acto celebrado con el representante del Ministerio Público Fiscal» al momento de aceptar la condena en el juicio abreviado.
De esta forma quedó firme la condena por «coacción doblemente agravada por resultar anónima y por haberse dirigido contra un miembro de los poderes públicos con el propósito de obtener respecto de éste una medida o concesión, de las que resultara víctima la Dra. Sandra Arroyo Salgado».
Contexto
El caso se remonta a abril de 2018, cuando la jueza federal Sandra Arroyo Salgado recibió amenazas anónimas en su juzgado. En las llamadas, ocho en total, se hacía referencia a la familia de Gustavo Sancho, un detenido cuya liberación se exigía. El mensaje advertía: «O liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman y a sus hijas como a Candela», en alusión a la muerte del ex marido de la funcionaria judicial, el fiscal federal Alberto Nisman que para la Justicia fue un crimen vinculado a su rol como investigador del atentado a la AMIA y a la de una adolescente asesinada, dos casos de alto impacto mediático en Argentina.
Las investigaciones llevaron a Sofía, un comerciante de automóviles, como autor de las amenazas. Se lo vinculó a través de registros telefónicos y testigos de identidad reservada. En agosto de 2024, aceptó un juicio abreviado y reconoció su responsabilidad tras una audiencia de la cual participó la magistrada, a quien incluso pidió perdón.
Cómo sigue
A pesar de haber reconocido los hechos en el juicio abreviado, la defensa de Sofía apeló la sentencia, alegando falta de pruebas y errores en la investigación. Sin embargo, el juez de la Cámara de Casación Penal Javier Carbajo desestimó el recurso por falta de fundamentación. El fallo quedó firme y Sofía deberá cumplir su condena.
Este caso refuerza la postura del Poder Judicial contra las amenazas a magistrados y resalta la gravedad de los delitos de coacción. Además, expone la importancia de las pruebas telefónicas en investigaciones judiciales.
