La medida fue solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, dos meses antes de que la jueza neoyorquina Jennifer Rochon inmovilizara los fondos en la blockchain de la plataforma Solana. La jueza federal María Servini libró un exhorto a las autoridades competentes de los Estados Unidos.
El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, informó este miércoles 4 de junio que el 26 de marzo pasado solicitó el congelamiento de casi 45 millones de USDC (criptomoneda vinculada al dólar estadounidense), dos meses antes de que la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rochon, inmovilizara dos direcciones de USDC, en el marco de las demandas colectivas iniciadas en ese país por parte de tenedores del token $LIBRA.
El pedido fue realizado junto al titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin; la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli; y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), María del Carmen Chena
Lo hicieron ante la jueza María Servini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, a quien le pidieron el bloqueo de 44.593.888,562 USDC localizados en una dirección de la blockchain Solana, tras determinar que esos activos habrían sido adquiridos con fondos provenientes de una maniobra bajo investigación penal.
La magistrada accedió al pedido y, el 3 de abril, emitió un exhorto internacional a las autoridades de Estados Unidos, invocando tanto el Tratado de Asistencia Mutua en Asuntos Penales entre ambos países como el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia. Cuatro días después, la UFECI adelantó vía correo electrónico la medida a la empresa Circle Internet Financial LLC, responsable del ecosistema USDC.
En las últimas semanas, y a raíz de un pedido de información adicional del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) envió nueva documentación al Ministerio de Justicia de la Nación, autoridad de aplicación local del tratado bilateral, para completar el trámite formal de colaboración.
La investigación local se inició en febrero de 2025, bajo los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación. Su objetivo es reconstruir los hechos que rodearon la creación y lanzamiento del token $LIBRA, y determinar quiénes participaron y con qué grado de responsabilidad. Según fuentes judiciales, los delitos en análisis podrían encuadrarse en estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.
