Los tres jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, trabajan ya en una resolución vinculada al pedido de arresto domiciliario luego del dictamen fiscal que rechaza este beneficio.
Además, tienen en sus escritorios un pedido del Gobierno de la Ciudad para que en caso de concederse el beneficio, no quede presa en el departamento de San José 1111, barrio porteño de Monserrat, por lo cual llegado el caso podría evaluarse otro lugar para la prisión domiciliaria.
Cuáles serían las opciones
La versión que parecía más posible este martes es que el presidente del Tribunal Jorge Gorini la notifique por videoconferencia, a través de la plataforma Zoom, de la decisión del Tribunal y evitar así la presencia de Cristina Kirchner en Comodoro Py 2002, que se anuncia acompañada por una multitudinaria marcha que obligó a reforzar la custodia dentro y fuera del edificio.
Otra posibilidad es que la ex Presidenta tenga que cumplir con la notificación personal en el sexto piso, sede del Tribunal, que ya cuenta con custodia reforzada y acceso vedado a la prensa. De ocurrir esto, se montará un operativo especial de seguridad que ya era planificado con supervisión de la Cámara Federal de Casación.
De hecho muchos juzgados y fiscalías evaluaban este martes permitir a sus empleados no concurrir a trabajar y realizar tarea remota mañana si se concreta la manifestación anunciada.
En ese contexto, este fin de semana se reforzó la custodia personal del juez Gorini ante una denuncia por presuntas amenazas en su contra difundidas en la red social X, una causa que ya es investigada por el fiscal federal Ramiro González, quien dispuso medidas de prueba, informaron a Quórum fuentes judiciales.
Gobierno de la Ciudad no quiere a Cristina en CABA
Por su parte, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó ante el Tribunal una nota formal, por instrucciones del Jefe de Gobierno Jorge Macri, en la que manifiesta su preocupación por los efectos negativos que tendría la eventual prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de San José 1111.
En el escrito se destaca que la medida afectaría «gravemente la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en una zona de alta densidad y tránsito».
Se advirtió por concentraciones, cortes de calles, ruidos molestos y sobrecarga operativa, algo que ocurre desde que se confirmó la condena de la exmandataria.
La custodia permanente alteraría de forma sostenida el entorno urbano, afectando a vecinos, instituciones educativas cercanas y al funcionamiento general del macrocentro porteño y por eso el Gobierno porteño pidió que si se le otorga prisión domiciliaria en ese domicilio, se implementen medidas excepcionales para garantizar el orden público y los servicios urbanos, con intervención conjunta de las autoridades nacionales y locales.
Medidas preventivas
El Tribunal de Superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal, integrado por los jueces Daniel Petrone, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Carlos Mahiques y Ángela Ledesma, dispuso la implementación de las medidas de seguridad necesarias para resguardar a las personas y los bienes en el edificio ubicado en Comodoro Py 2002, bajo jurisdicción de esta Superintendencia. La decisión se adopta en virtud de los actos procesales que tendrán lugar en el día de la fecha y el próximo 18 de junio del corriente año, en dicha sede judicial.
Asimismo, la Cámara Federal de Casación Penal, a través de su Tribunal de Superintendencia y en un contexto de reiteradas amenazas contra magistrados del Poder Judicial, expresó su solidaridad con los jueces Carlos Mahiques y Jorge Luciano Gorini, quienes fueron objeto de actos concretos de amedrentamiento y hostigamiento dirigidos tanto a ellos como a sus familias.
En este marco, el Tribunal -a cargo también de la superintendencia edilicia- sugiere a todos los órganos jurisdiccionales con sede en Comodoro Py 2002 que, en la medida de lo posible, evalúen la realización de diligencias en forma telemática, siempre que no se requiera presencia física, a fin de garantizar la adecuada prestación del servicio de justicia.
