Mientras en gran parte de América Latina persisten los cuestionamientos por la lentitud judicial, en Perú una asociación integrada por jueces, abogados y académicos impulsa un modelo que identifica y difunde experiencias exitosas dentro del sistema. La iniciativa propone mejorar el servicio de justicia sin modificar las leyes y ofrece algunas ideas que podrían servir de inspiración para la Argentina.
La desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial es una constante que atraviesa a buena parte de América Latina. La demora en la resolución de los procesos, la percepción de un sistema distante de las necesidades de la sociedad y los cuestionamientos sobre su funcionamiento forman parte de un diagnóstico que se repite tanto en la Argentina como en Perú.
En ese contexto surgió en el país vecino una experiencia que propone un enfoque diferente. En lugar de concentrarse únicamente en las falencias del sistema, un grupo de abogados decidió identificar, documentar y difundir aquellas prácticas que ya permiten brindar un mejor servicio de justicia.
Se trata de la Asociación de Buenas Prácticas Judiciales (ABPJ), una organización que reúne a abogados litigantes, jueces, especialistas, secretarios judiciales y académicos con un objetivo común: visibilizar experiencias exitosas que puedan replicarse en otros tribunales y demostrar que, aun con las normas vigentes, es posible ofrecer respuestas más rápidas y eficientes.
La propuesta también busca tender puentes entre el sector privado y el Poder Judicial, una relación que durante años estuvo marcada por la desconfianza y las suspicacias. La apuesta consiste en generar espacios de trabajo conjunto donde los propios operadores del sistema intercambien experiencias y construyan soluciones.
El origen: del trabajo pro bono a la búsqueda de soluciones
La iniciativa nació a partir de la experiencia profesional de sus fundadores, abogados litigantes de prestigiosos estudios jurídicos peruanos, entre ellos Renzo Salvatore Monroy Pino y Roberto Shimabukuro Miyasato.
Según explicó en diálogo con Quorum Salvatore Monroy Pino, su participación en la Alianza Pro Bono, una red internacional dedicada a facilitar asistencia jurídica gratuita a personas de bajos recursos, les permitió conocer de primera mano las dificultades que enfrentan quienes dependen del sistema judicial para resolver problemas cotidianos.
En ese ámbito observaron que cuestiones aparentemente sencillas para un gran estudio jurídico -como una rectificación de nombre, un proceso de alimentos, una jubilación o una adopción- pueden representar un cambio decisivo en la vida de una familia. Sin embargo, aun cuando el acceso a la representación legal estaba garantizado, las personas seguían encontrándose con el mismo obstáculo: los tiempos de la Justicia.
Fue entonces cuando comenzaron a preguntarse cómo contribuir a mejorar esa realidad.
“Cuando la justicia es tardía, ya no es justicia”, afirmó.
A partir de esa reflexión surgió otra pregunta que terminó convirtiéndose en el punto de partida de la asociación: “¿Por qué no cambiamos un poco el estatus y ya no somos solamente parte de la crítica sino parte del cambio?”.
La inspiración llegó desde Brasilia, donde una federación de abogados procesalistas desarrolla desde hace más de una década encuentros destinados a debatir mejoras en el funcionamiento judicial y difundir experiencias exitosas. Tomando esa idea como referencia, hace aproximadamente un año nació oficialmente la Asociación de Buenas Prácticas Judiciales en Perú.
Mejorar la Justicia sin cambiar las leyes
Uno de los principales rasgos distintivos de la ABPJ es que no centra su trabajo en impulsar grandes reformas legislativas.
La premisa es otra: demostrar que muchas mejoras pueden implementarse utilizando las herramientas que ya ofrece el ordenamiento jurídico vigente.
Para la asociación, una buena práctica judicial es aquella metodología que, respetando plenamente las garantías constitucionales -como el debido proceso, la bilateralidad y la imparcialidad- permite brindar un servicio de justicia más eficiente gracias al ingenio, la organización y la creatividad de quienes integran los tribunales.
El objetivo consiste en identificar esas experiencias, analizarlas técnicamente y difundirlas para que otros magistrados puedan replicarlas.
Un proceso que pasó de dos años a seis meses
Uno de los ejemplos más ilustrativos corresponde a los procesos sumarísimos, como los desalojos.
Tradicionalmente, el trámite supone una secuencia que incluye la presentación de la demanda, su traslado a la contraparte, la contestación por escrito, el análisis del expediente, la fijación de una audiencia y, finalmente, el dictado de la sentencia. Sólo esa primera instancia puede extenderse entre un año y medio y dos años.
Sin embargo, la ABPJ identificó magistrados que modificaron esa dinámica mediante una primera resolución integral.
En ese único acto procesal corren traslado de la demanda, convocan simultáneamente a la audiencia y, durante esa misma audiencia presencial, dictan la sentencia definitiva.
El resultado es significativo: procesos que antes demoraban hasta dos años pueden resolverse en un plazo de entre tres y seis meses.
La asociación no sólo premia estas iniciativas, sino que además las difunde para que los propios abogados litigantes acompañen esas resoluciones en nuevos expedientes y promuevan que otros jueces adopten metodologías similares.
La creatividad judicial como herramienta de acceso a la Justicia
Otra de las experiencias destacadas por la Asociación de Buenas Prácticas Judiciales tiene como protagonista al juez Jorge Pariasca, quien interviene en causas de familia y de personas en situación de vulnerabilidad en el norte de Lima.
En muchos de esos expedientes, las personas involucradas no pueden trasladarse hasta los tribunales por razones económicas, de salud o por limitaciones físicas. Frente a esa realidad, el magistrado decidió invertir la lógica tradicional del proceso.
En lugar de exigir que el ciudadano llegue al juzgado, es el juzgado el que se traslada hasta donde se encuentra la persona cuando las circunstancias lo requieren.
Con todo su equipo de trabajo, Pariasca realiza allí mismo la audiencia, dicta la sentencia y dispone las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de la decisión judicial. En algunos casos, incluso logra que una pensión alimentaria comience a abonarse en ese mismo momento.
La experiencia demuestra, según destacan desde la ABPJ, que los códigos procesales ofrecen márgenes suficientes para innovar sin afectar las garantías constitucionales.
La creatividad judicial, sostienen, puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar el acceso a la Justicia.
Inteligencia Artificial para acelerar las respuestas
La incorporación de la Inteligencia Artificial constituye otro de los ejes de trabajo de la asociación.
Durante las mesas organizadas por la ABPJ se presentaron distintas experiencias desarrolladas por el Poder Judicial peruano para aplicar herramientas tecnológicas en la gestión de causas, especialmente en los fueros donde la urgencia de las decisiones resulta determinante, como ocurre en materia de familia.
Mediante aplicativos específicos, la Inteligencia Artificial colabora en la programación de audiencias y en la identificación automática de patrones dentro de los expedientes.
Esta asistencia tecnológica permite optimizar la organización del trabajo judicial y reducir significativamente los tiempos de resolución.
Según explican desde la asociación, algunas cámaras de apelaciones ya consiguen dictar sentencias de segunda instancia en menos de quince días desde el ingreso del expediente, una reducción considerable respecto de los plazos tradicionales.
La utilización de estas herramientas no apunta a reemplazar el trabajo del juez, sino a liberar tiempo para que pueda concentrarse en la tarea estrictamente jurisdiccional.
Derribar las barreras entre quienes integran el sistema
Para los impulsores de la iniciativa, los principales obstáculos para modernizar la Justicia no siempre son normativos.
Muchas veces tienen que ver con la forma en que interactúan los distintos actores del sistema.
Desde la asociación sostienen que durante años existieron verdaderos “cristales de separación” entre jueces, abogados litigantes y académicos.
Mientras los especialistas universitarios desarrollaban sus investigaciones desde una perspectiva teórica, los abogados limitaban sus aportes a la crítica del funcionamiento judicial y los magistrados permanecían muchas veces encerrados en una dinámica institucional poco permeable a las propuestas externas.
La ABPJ intenta romper esa lógica.
Su objetivo consiste en reunir en un mismo espacio a todos los operadores jurídicos para debatir soluciones concretas, compartir experiencias exitosas y construir una agenda común de mejora del servicio de justicia.
Un acuerdo con la Corte Suprema del Perú
Uno de los principales logros institucionales de la asociación fue la firma de un convenio con la Unidad de Gestión del Despacho Judicial, organismo que integra el comité ejecutivo de la Corte Suprema del Perú.
A partir de ese acuerdo, las mesas de trabajo comenzaron a desarrollarse oficialmente junto con el Estado.
La dinámica de estos encuentros se divide en dos etapas. En una primera instancia son los propios jueces quienes presentan las metodologías innovadoras que aplican en sus juzgados y explican los resultados obtenidos.
Posteriormente se abre un espacio de participación para abogados litigantes, académicos y ciudadanos, quienes pueden proponer nuevas prácticas o debatir las ya existentes desde una perspectiva técnica.
El objetivo no es solamente reconocer experiencias exitosas, sino analizar si esas metodologías pueden replicarse en otros tribunales y convertirse en estándares de gestión judicial.
Un manual de buenas prácticas
Todo el trabajo realizado durante el año tiene un propósito concreto.
La asociación busca elaborar un compendio oficial que reúna todas las buenas prácticas validadas durante las mesas de trabajo.
Ese documento servirá como base para implementar un plan piloto integral en una sede judicial específica, con el propósito de medir objetivamente el impacto que estas metodologías pueden tener sobre el funcionamiento del sistema.
Paralelamente, la ABPJ también impulsa convenios con universidades para incorporar esta visión colaborativa en la formación de los futuros abogados y magistrados.
La idea es que las nuevas generaciones ingresen al sistema con una cultura orientada a compartir experiencias exitosas y trabajar conjuntamente en la mejora del servicio de justicia.
La Corte Suprema, protagonista de la tercera convocatoria
Con la experiencia consolidada y una creciente participación de operadores judiciales, la Asociación de Buenas Prácticas Judiciales lanzó la tercera edición de su Concurso de Buenas Prácticas Judiciales, que este año tendrá un eje específico: las experiencias desarrolladas en la Corte Suprema del Perú.
La convocatoria busca identificar y reconocer aquellas innovaciones implementadas por los máximos magistrados del país que hayan contribuido a mejorar la calidad y la eficiencia del servicio de justicia.
Según el cronograma difundido por la organización, las postulaciones permanecerán abiertas del 18 de julio al 21 de agosto de 2026.
Durante agosto se desarrollará el proceso de evaluación por parte del jurado y los resultados se darán a conocer en la tercera semana de septiembre.
La actividad culminará el 29 de septiembre de 2026, cuando se celebre la IV Mesa de Trabajo en la Sala de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia, en Lima, donde se presentarán las prácticas seleccionadas y se debatirán sus posibilidades de implementación en otros órganos judiciales.
La iniciativa busca consolidar un espacio permanente de intercambio entre magistrados, abogados y académicos para fortalecer una cultura de mejora continua dentro del Poder Judicial.
Un modelo que invita a repensar la gestión judicial
La experiencia peruana no pretende resolver por sí sola los problemas estructurales de la Justicia.
Su aporte consiste en demostrar que muchas veces existen herramientas para mejorar el funcionamiento de los tribunales sin necesidad de esperar grandes reformas legislativas.
La identificación de experiencias exitosas, el intercambio entre quienes integran el sistema y la posibilidad de replicar metodologías que ya demostraron resultados aparecen como algunos de los principales activos de esta iniciativa.
En un momento en el que la modernización judicial forma parte del debate en distintos países de la región -—incluida la Argentina, donde la implementación del sistema acusatorio, la incorporación de inteligencia artificial y la transformación de los procesos ocupan un lugar central en la agenda institucional-, la propuesta desarrollada en Perú ofrece un caso concreto para observar.
La creación de espacios de diálogo entre jueces, abogados litigantes, funcionarios y académicos permite discutir soluciones desde la práctica cotidiana y no únicamente desde la teoría o la crítica.
Más allá de las diferencias entre ambos sistemas judiciales, la experiencia deja una enseñanza que trasciende las fronteras: visibilizar lo que funciona también puede ser una forma de impulsar cambios.
En definitiva, la Asociación de Buenas Prácticas Judiciales propone cambiar el enfoque. En lugar de concentrarse exclusivamente en las deficiencias del sistema, invita a identificar aquellas experiencias que ya están dando resultados para convertirlas en modelos replicables.
Quizás allí resida uno de sus mayores aportes: demostrar que una Justicia más eficiente también puede construirse a partir de pequeñas innovaciones, del intercambio de experiencias y del compromiso cotidiano de quienes integran el sistema.
