El caso del médico Pablo Ghisoni denunciado falsamente por sus hijos y un debate pendiente sobre los límites del sistema penal y la responsabilidad por daño causado.
Por estos días volvió al centro de la escena judicial una historia tan dolorosa como estructural: la de Pablo Ghisoni, el médico acusado de abusar sexualmente de su hijo durante la infancia, quien pasó tres años preso, fue sometido a peritajes psiquiátricos y juzgado públicamente antes de ser absuelto en un juicio oral en 2023.
Lo que parecía una absolución más terminó dando un giro aún más profundo este mes, cuando su propio hijo -ya adulto-, confesó públicamente que la denuncia había sido falsa, que no fue abusado y que mintió empujado por su madre en el medio de un conflicto por la tenencia de los niños.
La confesión de Tomás Ghisoni reveló una tragedia familiar sostenida durante más de una década. Y puso en evidencia la impotencia del sistema judicial frente a una figura que inquieta a fiscales, jueces y operadores jurídicos: la denuncia falsa.
Pero, ¿puede haber consecuencias para quienes están detrás de estos hechos? En el caso puntual, la ex esposa del perjudicado y madre de sus tres hijos, Andrea Vázquez.
Qué dice la ley
La ley penal argentina tipifica el delito de falsa denuncia en el artículo 245 del Código Penal, con una pena que oscila entre dos meses y seis años de prisión, o multa.
La jurisprudencia exige probar con claridad la intención dolosa del denunciante: que sabía que el hecho era falso y aún así lo denunció. En la mayoría de los casos, ese requisito es de muy difícil acreditación. Y deja sin respuesta judicial a quien, habiendo sido absuelto, nunca logra que la justicia declare oficialmente que fue víctima de una mentira.
Pero también está la figura penal de falso testimonio agravado, que podría complicar la situación de la ex esposa si se prueba que indujo a declarar a su hijo menor de edad en contra del acusado, su padre, en sede penal. Esta figura tiene hasta diez años de cárcel y la acusación puede ser impulsada por la fiscalía.
Quorum abordó el tema en una serie de notas que recogieron testimonios de quienes atravesaron esta experiencia y de expertos que analizan las fallas estructurales. En su informe “Cuando la mentira es la verdad”, se identificaron diez motivaciones habituales en denuncias falsas: conflictos por la tenencia de los hijos, disputas económicas, búsqueda de revancha, intentos de exclusión del otro progenitor o directamente una forma extrema de manipulación.
El caso Ghisoni no es el único. Ni siquiera es excepcional. Hay cientos de causas judiciales iniciadas por denuncias de abuso intrafamiliar que se sostienen con declaraciones únicas y sin pruebas físicas o psicológicas concluyentes. En algunos casos, con menores expuestos a entrevistas reiteradas y pericias contradictorias. La justicia de familia suele activar rápidamente medidas de protección, muchas veces con poco margen para el análisis profundo: suspensiones del régimen de comunicación, órdenes de alejamiento y revinculaciones judicializadas. El sistema penal, por su parte, arrastra esas decisiones sin herramientas claras para frenar el proceso cuando los indicios pierden sustento. El resultado suele ser años de litigio, relaciones destruidas y un daño irreversible para todos los involucrados.
En diálogo con Quorum, en ocasión de esa producción periodística, juristas y magistrados que trabajan en fuero de familia reconocieron que el sistema actúa “por reflejo” cuando se denuncia un abuso: protege, separa, investiga. Pero lo hace sin evaluar adecuadamente las posibles manipulaciones ni contar con pericias interdisciplinarias que puedan detectar simulaciones. “No es lo mismo una falsa denuncia que una denuncia infundada”, señaló una jueza que pidió reserva de su nombre. “Pero muchas veces las líneas se confunden, y el resultado es el mismo: una persona queda estigmatizada durante años sin pruebas claras en su contra, y nadie se hace cargo”.
Mayor rigor probatorio
La discusión no es sencilla. El aumento de las denuncias por abuso, sobre todo en contextos de violencia intrafamiliar, fue producto de luchas colectivas que visibilizaron durante décadas lo que el Estado no quería ver. La herramienta de la denuncia fue conquistada a fuerza de dolor, y su legitimidad no debe ser socavada. Pero eso no impide reconocer que, como toda herramienta, puede ser usada también de forma abusiva. Y que cuando eso ocurre, el sistema judicial no tiene previsto cómo reparar el daño.
Hay modificaciones urgentes que podrían impulsarse para:
- Visibilizar los efectos reales de la denuncia falsa (pérdida de empleo, familia, salud).
- Lograr equilibro entre proteger a víctimas genuinas y sancionar a quienes falsean relatos.
- Exigir capacitación a jueces y fiscales para mejorar el análisis de las denuncias
La jurista Aída Kemelmajer, en una entrevista con Quorum, advirtió que el sistema jurídico argentino necesita mayor rigor en el análisis probatorio y una mirada interdisciplinaria más sólida. Aunque no se refirió específicamente a las falsas denuncias, su postura general sobre el funcionamiento de la justicia es clara: “No podemos seguir juzgando con prejuicios ni con verdades automáticas. El derecho exige hechos, pruebas y contexto. Y exige también reconocer el error”.
Propuesta legislativa
En el Congreso de la Nación hay un proyecto de ley que propone elevar la pena para las denuncias falsas a un máximo de seis años, cuando se trata de delitos graves como abuso sexual o violencia de género. La iniciativa fue impulsada por agrupaciones de hombres separados que reclaman un “derecho a la presunción de inocencia” también en los procesos de familia. El texto fue cuestionado por sectores feministas y por organizaciones de defensa de derechos humanos, que advierten que penalizar las denuncias desalienta a las víctimas reales. Desde el Ministerio de Justicia, en tanto, reconocen que el tema es sensible, pero admiten que no hay consenso político para avanzar.
Si lo ocurrido logra probarse, las consecuencias civiles y familiares pueden ir desde la pérdida de la tenencia o cuidado personal de los hijos. Debe demostrarse que hubo manipulación y/o exposición de los menores a situaciones de violencia institucional.
Pero en este caso al ser situaciones de la vida privada, una eventual demanda sólo podría ser impulsada por el ex marido, a nivel civil por daño moral y perjuicios.
Como hubo una causa penal abierta, la mujer podría ser denunciada por falso testimonio agravado
Mientras tanto, Pablo Ghisoni trata de recuperar lo que queda de su vida. “Han destruido mi nombre, mi trabajo, mi relación con mis hijos”, dijo en una entrevista reciente. Su caso llegó a la prensa cuando su hijo Tomás publicó una carta confesando la verdad. Lo hizo con dolor, pero también con claridad: “Mi papá no me abusó. Me usaron como una cosa. Y ahora necesito reparar”.
Hay preguntas que quedan flotando: ¿Cómo equilibrar la protección a víctimas genuinas con una justa sanción para abusos judiciales y familiares? ¿El derecho argentino está preparado para reparar algo así? ¿Alguna vez se va a reconocer que, a veces, también la mentira merece una condena?
