La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de familiares y allegados a Daniel Muñoz, fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, por presunto lavado de dinero agravado, como parte de un engranaje clave en el esquema de blanqueo de activos millonarios vinculados a la corrupción.
La decisión incluye a un hijo de Muñoz y a una hermana de su viuda Carolina Pochetti, esta última imputada colaboradora en la causa, con procesamiento ya confirmado y enviada a juicio en otro tramo de la investigación
Una organización criminal
Ahora, la Sala I del Tribunal de Apelaciones porteño confirmó la acusación a otros catorce involucrados en lo que considera fue una organización criminal que recaudó fondos ilícitos entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y los canalizó en millonarias operaciones inmobiliarias y financieras en Argentina y el exterior
Según el fallo, parte de los fondos ilegales obtenidos por el cobro de sobornos para adjudicar obra pública fueron administrados por Daniel Muñoz, por entonces secretario privado del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y volcados en compras de inmuebles y sociedades en el país y el exterior, con el objetivo de aparentar un origen lícito.
En su resolución, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi recordaron que en el caso Cuadernos -con fecha de inicio de juicio oral el 6 de noviembre- “se logró acreditar la existencia de una organización criminal que, desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Nación y del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (2003-2015), diseñó un mecanismo que recaudaba dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente y además destinarlo a la comisión de otros actos ilícitos”.
En ese sentido, los jueces resaltaron que “parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por aquella asociación ilícita fue recibido por Héctor Daniel Muñoz, quien lo habría puesto en circulación en el mercado, tanto a nivel local como internacional, con el fin de aparentar un origen lícito”.
El dinero «de la recaudación ilegal -los bienes originarios- y luego, en un segundo estadio, las acciones y propiedades adquiridas con aquéllos -los bienes subrogantes- procuraron virar hacia otros rumbos en busca de un mismo fin, esto es, no ser vistos como lo que eran: el provecho de la corrupción.»
La resolución incluye embargos de hasta 15 mil millones de pesos.
El rol de los familiares
En el documento, se menciona a Alejandrina Pochetti, hermana de la viuda de Muñoz, en los siguientes contextos:
- Procesamiento: se mantiene su procesamiento como supuesta coautora del delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza. Se amplió el embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de cinco mil millones de pesos
La acusada habría participado en la administración de estacionamientos y en operaciones ilícitas relacionadas con sociedades utilizadas como pantallas.
A Franco Daniel Muñoz, hijo de Daniel Muñoz, se lo procesó por el mismo delito y es uno de los que tiene el mayor monto de embargo, quince mil millones de pesos
Se considera que intervino como vicepresidente en sociedades y accionista en otras y participó en compraventa de inmuebles y demás actividades vinculadas al lavado de activos.
Un mecanismo de blanqueo
De acuerdo con la investigación, los fondos ilícitos manejados por Muñoz fueron canalizados en compra de bienes muebles e inmuebles, constitución de sociedades y operaciones comerciales, muchas veces realizadas en efectivo. El fallo subrayó que “muchas de las operaciones presentaban un notorio incremento entre los valores declarados de adquisición y aquellos en los que terminaron siendo vendidos”.
Futuro juicio
El delito de lavado de activos agravado (art. 303 del Código Penal) contempla penas de entre 3 y 10 años de prisión, que se elevan a 6 a 15 años cuando la maniobra se realiza de manera habitual, como parte de una organización o con la intervención de funcionarios públicos
Con esta confirmación de procesamientos, la causa queda en condiciones de avanzar hacia la elevación a juicio oral para los imputados, aunque todavía podrían presentarse recursos ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Además los camaristas ordenaron realizar nuevas medidas de prueba, como peritajes contables.
