La decisión de levantar el secreto fiscal y bancario constituye una prueba clave en la investigación, que se centra más en determinar si hubo pago de sobornos y/o sobreprecios además de un posible direccionamiento en la compra de medicamentos para discapacidad por parte de ANDIS que en el contenido o la veracidad de los audios atribuidos a su ex titular, Diego Spagnuolo.
De manera paralela, la investigación por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) enfrenta sus primeros problemas tecnológicos: al menos uno de los teléfonos de última generación secuestrado en la causa, el del empresario de la Suizo Argentina Emmanuel Kovalivker, no puede ser peritado para la extracción de información por falta de tecnología adecuada.
Al menos eso informó la empresa israelí Cellebrite consultada al respecto
La Justicia busca alternativas porque el accionista de la droguería entregó el aparato pero apagado y sin proporcionar la clave de acceso.
Esa situación demora la apertura y análisis de la información, considerada clave.
Pero más allá de estos inconvenientes, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi avanzan en la pesquisa patrimonial y económica de los investigados: se ordenó levantar el secreto bancario y fiscal para todos los involucrados
Para ello se libraron oficios a ARCA, Banco Central y otros organismos solicitando diferente tipo de investigación vinculada a movimientos bancarios, impositivos y patrimoniales.
La medida incluye a Spagnuolo, a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker y al ex funcionario de ANDIS Daniel Garbellini.
Y a media mañana de este viernes se ordenaron nuevos allanamientos en sedes de la ANDIS y la droguería en busca de más documentación y expedientes vinculados a contratos de compra y pago de medicamentos.
Nuevos abogados en escena
Todo ocurre en momentos en que el ex titular de ANDIS Spagnuolo se prepara para dar sus primeras respuestas judiciales: en primer lugar designó como defensores a los abogados Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz.
El fiscal federal Picardi ya tiene en su despacho un pendrive con medio centenar de audios atribuidos a Spagnuolo. El material fue aportado por el periodista Mauro Federico, quien declaró como testigo y explicó que recibió los registros el 16 de agosto y difundió el primero de ellos varios días después
Los audios, que habrían sido grabados entre agosto y octubre de 2024, contienen referencias a presuntas maniobras en las que representantes de la droguería Suizo Argentina exigirían porcentajes a laboratorios para luego derivarlos a funcionarios del Gobierno nacional.
La causa también avanza con el análisis de lo secuestrado en los allanamientos a dos sedes de ANDIS, donde se buscan pruebas en expedientes de compra de medicamentos y órdenes de pago para establecer si hubo sobreprecios que encubrieran el pago de coimas.
También si se detecta algún direccionamiento indebido de las licitaciones hacia la droguería Suizo Argentina en desmedro de otras empresas del rubro.
En realidad, explican fuentes de la investigación, la pesquisa está más orientada a este aspecto que a establecer si los audios son o no de Spagnuolo o si lo que se dice en ellos es verdadero. Se trata de generar prueba independiente en el caso en base a la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón.
Los audios servirían, en todo caso, para complicar a Spagnuolo porque si ratifica sus dichos y se comprueba que hubo algún delito, podría haber incumplimiento de deberes en un principio: como funcionario público estaba obligado a denunciar en sede judicial.
El escenario también podría incluir algún otro tipo de imputación vinculado a su participación. Como responsable de ANDIS si estaba al tanto del supuesto pedido de porcentajes a los laboratorios por parte de la Droguería y no lo denunció, su conducta habría permitido que se siguiera cometiendo el delito.
Las eventuales advertencias que pudo o no haber hecho a funcionarios de mayor rango que el suyo no tienen relevancia penal. Su silencio habría permitido la continuidad del accionar ilícito.
En su condición de funcionario público, Spagnuolo tenía la obligación legal de denunciar en sede judicial cualquier irregularidad detectada en el organismo.
