El juez federal Julián Ercolini puso en manos del fiscal Carlos Stornelli la denuncia presentada por Patricia Bullrich por supuesto espionaje ilegal contra Karina Milei. La Ministra de Seguridad de la Nación pidió medidas como allanar a periodistas y medios, algo que no prosperaría en un eventual dictamen con medidas de prueba.
Paralelamente, el juez civil y comercial federal que prohibió difundir los audios de la hermana del presidente Javier Milei que habrían sido grabados en la Casa de Gobierno, Alejandro Marianello, enfrenta una situación complicada con nueve denuncias en trámite en el Consejo de la Magistratura.
Todo ocurre mientras en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Franco Picardi avanza la investigación por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo. En esta investigación, la Fundación Poder Ciudadano acaba de presentar un pedido para ser aceptada como querellante, es decir, ser parte del caso para poder pedir medidas de prueba y controlar la evidencia una vez que se levante el secreto de sumario
Karina Milei y la denuncia del Gobierno
El juez federal Julián Ercolini corrió vista al fiscal Carlos Stornelli para que dictamine si corresponde abrir la investigación iniciada por una denuncia del Ministerio de Seguridad por supuesto espionaje ilegal contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La presentación fue realizada por la ministra Patricia Bullrich, quien denunció la violación de la Ley de Inteligencia Nacional y reclamó, entre otras medidas, allanamientos a periodistas y medios que difundieron audios atribuidos a la hermana del presidente Javier Milei.
En su escrito, Bullrich afirmó que los hechos constituyen “un ataque a una de las principales figuras del Gobierno nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”. Además, solicitó una medida cautelar urgente para “evitar que se profundice el daño y que se propaguen nuevas filtraciones ilícitas”.
El pedido incluyó el reclamo de allanamiento en las oficinas del stream Carnaval, así como la incautación de servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups y documentación vinculada a la difusión del material. También pidió allanamientos en los domicilios de Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros periodistas.
La solicitud desató críticas de abogados constitucionalistas y juristas, quienes señalaron que se trata de un planteo ilegal y arbitrario, contrario a la libertad de expresión, que constituye un acto de censura previa.
Contradenuncia por abuso de autoridad
A su vez, la ministra de Seguridad fue denunciada por abuso de autoridad por el abogado Gregorio Dalbón, quien la acusó de haber impulsado allanamientos “con el único fin de amedrentar y censurar periodistas, restringiendo la libertad de prensa”.
Esta contradenuncia quedó a cargo del juez federal Casanello y del fiscal Picardi, los mismos investigadores que tienen a cargo la causa por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, vinculados a supuesto pago de sobornos para la compra de medicamentos que involucra a la droguería Suizo Argentina.
Esta causa también se abrió por denuncia de Dalbón, está bajo secreto de sumario y avanza en la ruta del dinero para determinar si hubo sobreprecios, direccionamiento en las licitaciones y pagos ilegales por parte de laboratorios, vehiculizados a través de esa droguería.
En ese contexto, la Fundación Poder Ciudadano pide ser querellante porque la corrupción no tiene una víctima individualizable, sino que afecta al conjunto social, argumenta. La decisión será del juez Casanello.
La presentación fue firmada por el director ejecutivo de la Fundación, Pablo Secchi, y los apoderados Hugo Wortman Jofre y Tomás Brady.
En el escrito, se argumentó que «teniendo en cuenta que los actos en perjuicio de la administración pública constituyen un tipo de corrupción, y entendiendo a esta como un fenómeno social, político y económico complejo que afecta a los Derechos Humanos ya que
se menoscaban las prestaciones que los Estados deben proporcionarles a los ciudadanos, es que resulta totalmente atendible la petición de Poder Ciudadano»
“Se puede asegurar que la transparencia es un interés colectivo cuya contra cara es la corrupción y como tal los delitos de corrupción permiten incluir a las organizaciones que bregan por su erradicación”.
Maraniello y la Magistratura
En paralelo, el juez civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello dictó una medida cautelar prohibiendo la difusión de nuevos audios que refieran a Karina Milei.
Apenas conocida su decisión, se difundió que el magistrado enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado.
La notificación de los cargos se produjo la semana pasada y el juez tiene un plazo de 20 días para presentar su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo.
