La Cámara Federal porteña sustituyó las inhibiciones generales de bienes que pesaban sobre ex funcionarios del Banco Nación y empresarios del Grupo Vicentín por embargos preventivos, en el marco de la investigación por presunta defraudación millonaria contra la entidad estatal.
El fallo, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó además la prohibición de innovar sobre las participaciones societarias de los imputados.
A quiénes alcanza la decisión
La resolución alcanza a ex directivos del BNA -entre ellos Agustín Pesce, Lucas Llach, Carlos Castellani y Miguel Ángel Arce- y a empresarios del grupo santafesino -como Máximo y Roberto Vicentín, Daniel Buyatti y Javier Padoán-, todos investigados por el otorgamiento irregular de créditos por unos 300 millones de dólares a la cerealera con sede en Santa Fe y el presunto levantamiento indebido de garantías.
El tribunal consideró acreditados los requisitos de “verosimilitud en el derecho” y “peligro en la demora” que justifican la adopción de medidas patrimoniales, pero entendió que la inhibición general de bienes “es de carácter excepcional y subsidiario” y debe aplicarse sólo cuando no se conozcan bienes suficientes para embargar.
Por eso, ordenó reemplazarla por embargos preventivos cuyo monto deberá fijar el juez de primera instancia, diferenciando entre las responsabilidades de los funcionarios públicos y de los empresarios.
Los camaristas sostuvieron que las pruebas recolectadas desde la última intervención del tribunal permitieron “precisar con mayor claridad los hechos investigados y las eventuales intervenciones” de los acusados, en una maniobra que habría perjudicado al Banco Nación mediante créditos en moneda extranjera, facturación apócrifa y transferencias al exterior.
Además, los jueces rechazaron los planteos de las defensas que invocaban la existencia del proceso concursal de Vicentín en la Justicia comercial de Santa Fe y ratificaron que esas circunstancias “no afectan las medidas dictadas respecto de las personas físicas”.
La decisión mantiene vigente la prohibición de innovar sobre las participaciones societarias de los imputados y dispone que se definan los montos de los embargos de acuerdo con la participación y la gravedad de los hechos atribuidos a cada uno.
Qué se investiga
En la investigación que lleva el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita se imputa una defraudación multimillonaria al Estado nacional calculada en 300 millones de dólares mediante una maniobra sistemática de vaciamiento y créditos irregulares concedidos por el Banco Nación a Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019.
De acuerdo a la acusación fiscal, los entonces funcionarios del Banco Nación y los empresarios de Vicentín actuaron en connivencia para beneficiar a la empresa mediante la omisión de cobro de deudas vencidas y exigibles, liberación de garantías millonarias para los préstamos y otorgar nuevos créditos pese a que lo prohibía normativa del Banco Central.
Además, parte de este dinero se habría girado al exterior, se calcula que unos 16,9 millones de dólares, y estaría depositado en paraísos fiscales luego de ser desviados de las cuentas del Banco Nación adonde se depositaban los créditos otorgados.
El representante del Ministerio Público Fiscal, tras una profusa investigación, -destacó el juez Ercolini en una resolución dictada en el caso- sostuvo que entre agosto y diciembre de 2019, las autoridades del Banco de la Nación Argentina, en connivencia con los empresarios responsables del Grupo Vicentin, “defraudaron al Estado nacional ocasionando un perjuicio patrimonial de aproximadamente 300.000.000 de dólares”.
Según el fiscal, dentro de la entidad financiera, el daño a las arcas públicas se generó por la “actuación coordinada de diversos agentes, quienes, a pesar de que la propia existencia del banco se encontraba en peligro, desde sus respectivas funciones defraudaron los intereses confiados y omitieron deliberadamente cobrar la millonaria deuda”.
¿Cómo fue el modus operandi? “Desarticularon las garantías que tenía el banco, le entregaron a los empresarios de Vicentin los fondos que tenían allí congelados e, incluso y sin reaseguro alguno, les otorgaron nuevos empréstitos cuando aquello se hallaba expresamente prohibido por la normativa que regula a la actividad”, afirmaron.
En el caso ya se convocó a declaración indagatoria a 26 acusados.
