El juicio Cuadernos a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados ingresó este martes en una fase decisiva: la lectura de la valoración probatoria de la acusación del fiscal federal Carlos Stornelli, donde se detalla cada prueba acumulada a lo largo del proceso y se describe, uno por uno, los aportes atribuidos a cada empresario imputado.
Durante la cuarta audiencia del juicio a Cristina Kirchner, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) avanzó con la lectura de la acusación fiscal: se recordaron así los dichos del arrepentido financista Ernesto Clarens, quien contó cómo comenzó a trabajar para los Kirchner y que era el nexo entre los empresarios que llevaban los sobornos en efectivo y quien los recibía, el fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
Las entregas del dinero se hacían en un hotel porteño o bien Muñoz lo citaba en el departamento de los Kirchner en barrio Norte, refirió.
Luego se ingresó en la lectura del cuadro probatorio:el fiscal explicó que en esta instancia se abocó a reconstruir la estructura y operación del esquema ilícito que, según la acusación, funcionó entre 2003 y 2015 y tuvo como eje el pago sistemático de sobornos por parte de contratistas del Estado. “Me abocaré a tratar la conformación de la empresa delictiva que operó entre los años 2003 y 2015, como así también a los delitos cometidos en el ámbito de su actuación” y del que se considera “jefa” a la ex Presidenta.
Una por una, las responsabilidades empresariales
En su requerimiento acusatorio, Stornelli mencionó a cada uno de los empresarios imputados y detalló el rol que habrían tenido en el pago de retornos, según la prueba reunida en el expediente: las anotaciones de Oscar Centeno, los testimonios de arrepentidos, documentación secuestrada y registros contables.
“La asociación ilícita que funcionó entre los años 2003 y 2015 tuvo como finalidad organizar un sistema de recaudación de
dinero ilegal, de manera tal que les permitiera enriquecerse y utilizar, parte de esos fondos, para la comisión de otros planes delictuales”.
El fiscal marcó patrones comunes: entregas de dinero en oficinas públicas o domicilios particulares, participación de funcionarios del entonces Ministerio de Planificación como los acusados Roberto Baratta y José López y montos atribuidos a distintas firmas que habrían pagado sobornos para mantener o agilizar contratos de obra pública y servicios.
Para cumplir el objetivo, “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado nacional”.
El dinero tenía como destino final un hotel donde lo recibía Muñoz o el departamento de los Kirchner en Uruguay y Juncal, del barrio porteño de Recolecta, reconstruyó con base a testimonios coincidentes y anotaciones de Centeno.
Para el fiscal, la estructura delictiva funcionó como “una empresa criminal” con roles diferenciados: recaudadores, funcionarios jerárquicos, intermediarios y empresarios que sostenían el circuito con pagos periódicos.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero comenzaron esta semana a realizar dos audiencias semanales en vez de una. De esta forma el juicio se hará martes y jueves a través de la plataforma Zoom.
Resta definir todavía si habrá cambios en materia de presencialidad y frecuencia.
