El informe oficial del Ministerio Público de la Defensa (MPD) deja en evidencia una brecha estructural en la asistencia a víctimas. Con la conducción vacante y a la espera de una designación que requiere acuerdo del Senado por mayoría agravada, el nuevo liderazgo deberá decidir si el paradigma institucional incorpora verdaderamente la perspectiva de víctima o si la misión dual seguirá siendo, en los hechos, asimétrica.
El Ministerio Público de la Defensa (MPD) cerró el período 2025 con estadísticas que reflejan su asentamiento como actor central del sistema penal argentino: 304.771 personas imputadas asistidas y 72.512 casos ingresados en los distintos fueros. Sin embargo, los datos también ponen en evidencia una brecha estructural entre la defensa técnica y la asistencia a víctimas, un desafío que coincide con un momento de trascendental transición institucional en el organismo.
Un órgano extrapoder con una misión en doble clave
El MPD, con autonomía funcional y autarquía financiera, basa su actuación en la Constitución Nacional, la Ley Orgánica 27.149 y la Ley de Víctimas 27.372, así como en tratados internacionales de derechos humanos. Ese andamiaje jurídico sostiene una “misión dual”: garantizar el debido proceso de los imputados y, a la vez, respaldar a las víctimas para que ejerzan sus derechos en el proceso penal.
Defensa técnica: volumen y gestión
Gran parte de la actividad del MPD se concentra en la defensa técnica de imputados, con fuerte presencia en la Justicia Nacional Ordinaria de CABA (152.047 asistidos) y en otros fueros federales y juveniles. En este ámbito, el organismo registró miles de sobreseimientos y juicios, con un uso intensivo de mecanismos como el juicio abreviado en el fuero penal de menores.
La estructura de personal -3.147 agentes, mayoritariamente abogados- está claramente orientada a este flujo de la defensa técnica.
Asistencia a víctimas: crecimiento con límites
En contraste, la asistencia a víctimas cuenta con cifras mucho más modestas: aproximadamente 1.715 personas asistidas, con un crecimiento del 29% respecto de 2024. Si bien se consolidan programas especializados -temáticas de género, trata de personas, violencia institucional- la cobertura y los recursos siguen siendo limitados.
Ese contraste se expresa en un dato contundente: por cada víctima con patrocinio jurídico, el MPD asistió a 170 imputados. Más alarmante aún es la brecha en recursos especializados de refuerzo: la defensa cuenta con 796 coadyuvantes, mientras la asistencia a víctimas dispone de apenas dos.
Además, sólo funciona el 45,8% de las Defensorías Públicas de Víctimas previstas por ley, generando una “lotería territorial” que condiciona el acceso al derecho según el lugar donde se produzca la vulneración procesal.
Cambio de etapa institucional
El 1° de febrero de 2026 marcó un hito interno para la Defensoría General de la Nación: la salida de Stella Maris Martínez, tras dos décadas de conducción, dejó el cargo en medio de un debate abierto sobre la designación de su sucesor.
La transición fue acompañada por una reorganización interna dirigida por el defensor general interino, Julián Horacio Langevin, que redefinió la cúpula del organismo con designaciones, revocaciones y concentración de funciones en áreas clave como superintendencia, recursos humanos, capacitación y política institucional.
Estos movimientos responden -según la interpretación oficial- a necesidades funcionales en un contexto de “acefalía prolongada” y debate sobre el rumbo del MPD. En la práctica, las decisiones buscan garantizar el funcionamiento cotidiano mientras se define quién será el nuevo titular y con qué perfil institucional asumirá.
La brecha como síntoma y desafío
La dualidad de funciones del MPD -defensa técnica y asistencia a víctimas- no es una contradicción, sino un equilibrio necesario para la justicia. El problema radica en la distribución de recursos, la cobertura territorial incompleta y la falta de operadores especializados para la atención de víctimas.
Con un aumento sostenido de la demanda y un momento de transición en la conducción, el desafío estratégico pasa por:
- Completar la estructura prevista de defensorías de víctimas.
- Revisar la asignación presupuestaria y de personal.
- Dar continuidad y certezas institucionales con una nueva conducción.
La legitimidad del sistema penal no se mide solo por la cantidad de asistencias, sino por su capacidad de garantizar asistencia técnica y patrocinio jurídico de calidad para todos los actores del proceso. En 2026, el MPD enfrenta el reto de transformar su misión dual en un sistema más equitativo, eficaz y legítimo.
