No existe una corrupción “latinoamericana” frente a una transparencia propia del “primer mundo”. Existe, más bien, un mismo mecanismo humano: la combinación de codicia y abuso de poder cuando hay grandes cantidades de dinero público en juego. Ese fenómeno se repite con una frecuencia sorprendentemente similar en Buenos Aires, San Pablo, Madrid, Boston o Nueva York. Lo que varía no es la tentación, sino la fortaleza de las instituciones encargadas de prevenirla, detectarla a tiempo y sancionarla, o, por el contrario, de permitir que se expanda durante años hasta convertirse en un escándalo de dimensiones históricas.
El mecanismo suele ser mucho más simple de lo que aparenta y no hace falta ser economista para comprenderlo. Un Estado -sea municipal, provincial, autonómico o nacional- dispone de algo que el sector privado ambiciona: la construcción de un puente, la concesión de un servicio de recolección de residuos, un gasoducto, una refinería o cualquier contrato millonario financiado con recursos públicos. Quien tiene la facultad de decidir a quién se adjudica ese negocio concentra, en ese momento, un poder extraordinario.
No importa si la obra es una ruta en Santa Cruz, un oleoducto en la Patagonia, un edificio de vivienda social en el Bronx o un evento municipal en Valencia. El mecanismo de fondo -adjudicación discrecional a cambio de un retorno económico- se repite con tanta regularidad en la historia judicial reciente que terminó funcionando casi como un manual no escrito, aplicado de manera casi idéntica en gobiernos, partidos y monedas completamente distintas.
Lo único que cambia, de país en país, es el nombre que le ponen al “papelito”: el registro, casi siempre informal, que cada esquema necesita llevar para que el reparto entre los involucrados sea prolijo. Y es, paradójicamente, ese mismo papelito el que después termina siendo la prueba que permite revelar la maniobra en los tribunales.
El sistema es un calco en todo el mundo
Antes de mirar caso por caso conviene fijar la estructura, porque se repite en cada uno de los ejemplos que siguen:
- El Estado controla un bien escaso y muy demandado: el contrato de obra pública.
- Alguien con poder de decisión -un funcionario, un ministerio, una autoridad de vivienda- elige al adjudicatario, a través de una licitación supuestamente competitiva.
- El elegido paga un porcentaje del valor del contrato a quien decidió en su favor, ya sea en efectivo, en financiamiento partidario irregular o en favores.
- A cambio, sigue ganando obra de forma sostenida, mientras la licitación se convierte en una formalidad vacía.
En Argentina ese papelito fueron, literalmente, los cuadernos de un chofer. En España, una contabilidad paralela, la llamada caja “B”. En Nueva York, en uno de los casos más recientes, fue directamente el efectivo entregado en mano, antes o después de la aprobación del pago. Tres países, tres monedas, tres idiomas, el mismo gesto.
El caso Cuadernos
En esta causa que se está juzgando ante el Tribunal Oral Criminal Federal 7, cuyos imputados, conviene recordarlo, gozan de la presunción de inocencia, se investiga si entre 2003 y 2015 hubo empresarios que pagaron sobornos a funcionarios kirchneristas, a cambio de recibir obra pública en energía, red vial y transporte. El registro de esos presuntos pagos quedó anotado en los controvertidos cuadernos de un chofer de un funcionario del Ministerio de Planificación que le dieron nombre a la causa. El expediente avanzó con decenas de imputados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner -supuesta jefa de la asociación ilícita- y el ex ministro Julio De Vido, con numerosos arrepentidos que abonaron la mecánica de los pagos. Sin embargo, con el paso del tiempo, varios de ellos se retractaron o relativizaron sus dichos iniciales, sosteniendo que declararon bajo la presión de evitar una eventual detención o de mejorar su situación procesal.
La causa Vialidad, ya con condena firme, ofrece una variante del mismo esquema, pero sin papelito: el direccionamiento liso y llano de la obra pública. Decenas de contratos viales en Santa Cruz -51 obras, por miles de millones de pesos- fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez, con sobreprecios y obras que quedaron inconclusas. Acá el retorno no se probó con un cuaderno sino con el patrón de favoritismo sistemático y el enriquecimiento que la Justicia consideró acreditado al confirmar la condena a Cristina Kirchner por administración fraudulenta.
Dos casos más muestran que el esquema también funciona con empresas extranjeras que llegan a buscar mercado. Skanska, la constructora sueca, habría pagado sobornos a funcionarios de Planificación para quedarse con la ampliación de gasoductos, usando facturas falsas para canalizar el dinero. Y Odebrecht, la constructora brasileña, admitió haber pagado unos 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos para ganar contratos de infraestructura que incluyeron gasoductos, una planta potabilizadora y el soterramiento del tren Sarmiento.
Brasil, Odebrecht y el “Lava Jato”
Si en Argentina el esquema aparece caso por caso, en Brasil se industrializó. La causa conocida como Lava Jato reveló que Odebrecht tenía una división entera -llamada internamente “división de operaciones estructuradas”- dedicada exclusivamente a coordinar sobornos en toda la región. El mecanismo era idéntico al descripto: retornos de entre el 1% y el 5% del valor de los contratos -a veces más- pagados a directivos de Petrobras y a dirigentes políticos a cambio de la adjudicación de obras públicas infladas, como refinerías, estadios y represas. La causa derivó en miles de millones de dólares en desvíos detectados, decenas de condenas que alcanzaron a expresidentes y a directivos de empresas, y en el colapso político de varios gobiernos de la región.
La misma compañía replicó el esquema en otros países, con cientos de millones de dólares en sobornos pagados para quedarse con obras de infraestructura como carreteras, líneas de metro y plantas energéticas, llegando en algunos casos -como en Perú- a involucrar pagos directos a presidentes.
Un capítulo aparte, que no es estrictamente obra pública pero comparte la misma lógica de adjudicación a cambio de retorno, es el escándalo de corrupción de FIFA, en el que directivos de la entidad y de confederaciones sudamericanas habrían recibido decenas de millones de dólares de empresas de marketing deportivo a cambio de derechos de transmisión, patrocinios y publicidad.
En Europa sí se consigue
El antecedente histórico que mejor ilustra que esto no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de un continente es la operación italiana conocida como Mani Pulite, o Tangentópoli, que estalló en 1992. Se destapó entonces un sistema generalizado de “tangentes” -sobornos de entre el 5% y el 10% del valor del contrato, o incluso más -en obras públicas, suministros y concesiones: carreteras, hospitales, ferrocarriles. Empresas constructoras y de servicios pagaban sobornos a políticos, funcionarios y partidos a cambio de adjudicaciones favorables, sobreprecios y pagos acelerados. La causa alcanzó a miles de imputados, entre ellos exprimeros ministros y cientos de parlamentarios, y terminó colapsando a la llamada Primera República italiana junto con varios de sus partidos históricos. El fiscal Antonio Di Pietro con sus manos en alto, luchando contra la corrupción, fue un ícono de la época.
En una escena inolvidable, el entonces presidente italiano, Bettino Craxi, admitió los sobornos en la Cámara de Diputados pero dijo que todos lo hacían y desafió a los parlamentarios a demostrar lo contrario. Condenado, repudiado y denostado, huyó a Túnez para no cumplir su pena y allí murió en 2000. Es, probablemente, el ejemplo europeo más parecido en escala a los grandes escándalos latinoamericanos, con la diferencia de que sucedió tres décadas antes que Lava Jato.
Una variante distinta del mismo esquema, pero protagonizada por una sola empresa en lugar de una red de contratistas locales, es el escándalo de Siemens, descubierto alrededor de 2006. La compañía alemana pagó más de 1.400 millones de dólares en sobornos a funcionarios de decenas de países, varios de ellos europeos, para ganar contratos de infraestructura, telecomunicaciones, transporte y energía. El mecanismo era el de siempre, aunque algo más sofisticado: inflar los contratos, canalizar el dinero a través de consultores ficticios y devolver un porcentaje a quienes facilitaban la adjudicación. La causa terminó en multas récord, cercanas a los 1.600 millones de dólares entre Estados Unidos, Alemania y otros países.
Grecia fue uno de los destinos de ese mismo esquema: Siemens pagó hasta unos 100 millones de euros en sobornos a funcionarios griegos para quedarse con contratos de seguridad y telecomunicaciones vinculados a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y a la empresa estatal de telecomunicaciones OTE, en un caso que generó un enorme escándalo político y judicial en el país.
En España el esquema con obra pública tiene nombre propio: Gürtel. El empresario Francisco Correa -de ahí el apodo de la trama, “correa” en alemán- lideraba una red de empresas que conseguía contratos de obras, eventos y suministros en ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, principalmente en Madrid y Valencia. A cambio, esas empresas pagaban sobornos en efectivo, regalos o favores a dirigentes del partido, y parte de ese dinero servía además para financiar irregularmente al PP a través de una contabilidad paralela, la caja “B”. El ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, era quien llevaba ese registro. En 2018 la Audiencia Nacional condenó a Correa a 51 años de prisión y a Bárcenas a 33, además de multar al propio PP como partícipe a título lucrativo; el Tribunal Supremo confirmó gran parte de esas penas. El caso fue, además, el que derribó políticamente al gobierno de Mariano Rajoy, a través de una moción de censura en 2018.
Lo que vino después agrega una capa que no suele estar presente en los demás ejemplos: qué hace el poder cuando el esquema empieza a destaparse. Cuando Bárcenas, detenido preventivamente, comenzó a amenazar con revelar más documentación comprometedora, el Ministerio del Interior -bajo el propio gobierno de Rajoy- habría montado una operación parapolicial, conocida como caso Kitchen, para espiarlo a él y a su familia, robarle documentos y destruir pruebas que pudieran salpicar a más dirigentes del partido. Entre los implicados figuran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su entonces secretario de Estado Francisco Martínez y el excomisario José Manuel Villarejo. El juicio por ese operativo comenzó en 2026 en la Audiencia Nacional, con pedidos de pena de hasta 15 años para Fernández Díaz por delitos como malversación, cohecho y obstrucción a la justicia. Gürtel y Kitchen son, en ese sentido, dos caras de la misma moneda: la corrupción económica original y el abuso de poder institucional para encubrirla.
Estados Unidos no está exento
La idea de que la corrupción en obra pública es un problema exclusivamente latinoamericano se cae apenas se mira el historial reciente de Estados Unidos: el caso del ex gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, es el ejemplo más conocido de la variante política del esquema; exigía contribuciones de campaña o beneficios personales a cambio de contratos estatales y nombramientos, al punto de intentar vender el escaño vacante que había dejado Barack Obama en el Senado. Fue condenado a 14 años de prisión, aunque la pena luego fue conmutada.
El proyecto conocido como Big Dig, en Boston, ofrece la versión clásica de sobreprecio en una megaobra: la autopista subterránea más cara de la historia del país, con un costo que superó los 24.000 millones de dólares muy por encima de lo presupuestado, en un contexto de materiales deficientes, facturas infladas y ejecutivos de empresas constructoras condenados por conspirar para defraudar al Estado.
El caso más reciente, y quizás el más parecido en escala a los esquemas domésticos que suelen verse en Argentina, es el de la autoridad de vivienda pública de Nueva York, la NYCHA. En 2024, 70 empleados actuales y ex empleados de ese organismo fueron acusados o condenados por exigir sobornos de entre el 10% y el 20% en contratos de mantenimiento y obras, con pagos en efectivo entregados antes o después de la aprobación de cada contrato. En total, más de dos millones de dólares en sobornos sobre contratos que superaban los 15 millones.
La diferencia, entonces, no está en la existencia del problema sino en su forma de procesarlo: mayor vigilancia federal sostenida en el tiempo, casos más acotados y una ausencia casi total de los “megaescándalos” nacionales que sí caracterizan a la región latinoamericana, donde los esquemas tienden a ser más centralizados y de mayor escala.
