La entidad que reúne a los máximos tribunales provinciales manifestó su rechazo al Decreto 467/2026 que modificó el procedimiento de selección de candidatos para integrar la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General. Su pronunciamiento se suma a las críticas del CPACF, FACA, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en transparencia judicial.
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) se sumó al rechazo institucional contra el Decreto 467/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó el procedimiento de selección de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General y la Defensoría General.
A través de una declaración firmada por su presidenta, Emilia Valle, el vicepresidente Sergio Vittar y la secretaria Adriana García Nieto, la entidad ratificó los términos de un pronunciamiento anterior y expresó su preocupación por los cambios introducidos por el Gobierno nacional.
Según sostuvo JUFEJUS, la integración de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores debe respetar de manera conjunta los principios de idoneidad, paridad de género, representación federal y especialidad jurídica. A criterio de la organización, esos parámetros no constituyen simples pautas de oportunidad política, sino exigencias derivadas de la Constitución Nacional, de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y de la propia naturaleza federal del sistema institucional.
“Cualquier modificación de los mecanismos de selección que prescinda o debilite estos principios implica un retroceso institucional incompatible con una Justicia plural, inclusiva y representativa de la diversidad territorial y social del país”, afirmó la entidad.
Críticas a la eliminación de controles ciudadanos
Uno de los principales cuestionamientos de JUFEJUS apunta a la derogación de los artículos 3° y 6° del Decreto 222/2003, normas que establecían mecanismos de publicidad, participación ciudadana y presentación de observaciones respecto de los candidatos propuestos para integrar la Corte Suprema.
Para la organización, la reforma restringe espacios fundamentales de transparencia y control democrático, debilitando herramientas que durante más de dos décadas permitieron que organizaciones civiles, colegios profesionales y ciudadanos formularan observaciones sobre los postulantes antes de que sus pliegos fueran enviados al Senado.
En ese sentido, JUFEJUS consideró que el nuevo esquema resulta incompatible con el principio constitucional de progresividad de los derechos y advirtió que afecta garantías democráticas esenciales.
Un rechazo cada vez más amplio
El pronunciamiento de JUFEJUS se suma a una serie de cuestionamientos formulados por actores relevantes del sistema judicial y jurídico argentino.
Entre ellos se destacan las críticas del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), cuya presidenta Alejandra García calificó la medida como un retroceso en materia de transparencia institucional y participación ciudadana.
También la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) expresó su preocupación por la eliminación de mecanismos que permitían el control social de los procesos de designación de magistrados y funcionarios de los órganos superiores de justicia.
A las voces de la abogacía organizada se agregaron organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia y fortalecimiento institucional, que cuestionaron especialmente la eliminación de las referencias a la paridad de género y la reducción de los espacios de participación pública en los procedimientos de selección.
Los cuestionamientos convergen en un punto común: la preocupación por la pérdida de estándares de transparencia que, desde la sanción del Decreto 222/2003, habían sido considerados una referencia regional en materia de designación de jueces de la Corte Suprema.
El debate que viene
La declaración de JUFEJUS adquiere particular relevancia por provenir de la entidad que nuclea a los presidentes de las cortes y superiores tribunales de justicia de todo el país. Su intervención incorpora al debate la mirada federal sobre una reforma que, según sostienen sus críticos, impacta directamente en la composición futura de los máximos órganos judiciales de la Nación.
Con este nuevo pronunciamiento, el rechazo al Decreto 467/2026 ya no se limita a organizaciones de abogados o entidades de la sociedad civil, sino que alcanza también a las máximas autoridades judiciales provinciales, configurando uno de los cuestionamientos institucionales más amplios registrados en torno a una modificación de las reglas de selección de jueces de la Corte Suprema.
