Radicada hace tres años en Estados Unidos, la penalista Déborah Huczek sostiene que uno de los mayores problemas de la Justicia no es la falta de leyes, sino la forma en que se investiga. En esta entrevista cuestiona el funcionamiento del sistema penal, defiende la litigación como una disciplina que exige comprender el conflicto humano y explica por qué decidió formar abogados con un método propio.
Durante años representó a víctimas de delitos graves. Después comenzó a defender a personas que, según sostiene, habían sido acusadas injustamente. Ese recorrido la llevó a cuestionar el modo en que funciona la investigación penal en la Argentina y a desarrollar una metodología propia para formar abogados.
Hoy, radicada entre Estados Unidos y la Argentina, Déborah Huczek combina el ejercicio profesional con la capacitación de litigantes y mantiene una mirada crítica sobre el funcionamiento del sistema judicial.
En diálogo con Quorum habla de falsas denuncias, investigación penal, juicio oral, comunicación estratégica y de la necesidad -según afirma- de volver a poner a las personas en el centro del proceso judicial.
¿Cómo nació su vocación por el Derecho y, en particular, por el Derecho Penal?
Siempre digo que tener muchas opciones es malo. En mi caso, la decisión estuvo tomada desde muy chica. Nunca dudé: la única carrera que se me pasó por la cabeza fue abogacía. Creo que muchos abogados se van a sentir identificados con esto. Desde chicos aparece esa necesidad de intervenir cuando vemos una injusticia: un compañero que sufre bullying -aunque antes no lo llamáramos así- o alguien que está en una situación de vulnerabilidad. Uno siente el impulso de salir a defenderlo. Yo canalicé esa vocación a través de la abogacía. Y dentro del Derecho, el Derecho Penal siempre me pareció la rama más sagrada, la más pura y también la más necesaria.
¿Por qué?
Porque, por un lado, protege a las personas frente al poder punitivo del Estado. El Estado tiene la facultad de perseguir a quien considera culpable y cuenta con toda la fuerza necesaria para investigar, detener e incluso encarcelar. Ahora bien, ¿cómo se protege ese individuo frente a semejante poder? Necesita un abogado que lo respalde, que lo contenga y que haga valer sus derechos. Porque muchas veces también se persigue a personas inocentes. Esa idea de defender a una persona frente al enorme poder del Estado fue lo que me motivó a especializarme en Derecho Penal. Y, por otra parte, siempre hago una analogía con la medicina. Para mí, el Derecho Penal es como la psiquiatría o la neurología: es la rama más profunda, la más delicada y aquella en la que verdaderamente hay que especializarse. El Derecho Penal no admite improvisaciones; no se puede ejercer de oído.
¿Cómo fue su recorrido profesional?
En primer lugar, creo que un abogado, sobre todo si recién empieza, tiene que comenzar desde lo más básico y hacer todo tipo de casos. Siempre digo que un ministro de la Corte Suprema de Justicia tiene que entender las distintas materias que conforman el Derecho. Además, las personas no llegan al estudio diciendo “tengo un problema penal” o “tengo un problema civil”. Llegan con un problema, y somos los abogados quienes debemos determinar si se trata de un conflicto penal, civil o de otra naturaleza. Muchas veces, incluso, atraviesa distintas ramas del Derecho. Por eso mi formación fue integral. Estudié primero en la Universidad de Buenos Aires y después en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Si bien mi especialización siempre estuvo orientada al Derecho Penal, durante mis primeros años ejercí en todo tipo de áreas: me podías encontrar en una audiencia de familia, en un juicio laboral, en un proceso por alimentos o en un contencioso administrativo. Con el tiempo, y porque siempre fue mi verdadera vocación, empecé a dedicarme de lleno al Derecho Penal. En ese momento advertí que las personas que sufrían las consecuencias de un delito estaban prácticamente desamparadas por el sistema. Eran, como se decía entonces, “convidados de piedra”: no tenían participación en el proceso, muchas veces se les cerraban las puertas en la cara y los propios jueces ni siquiera las conocían. Por eso comencé representando a víctimas. Escribí libros, publiqué numerosos artículos de doctrina y trabajé para que finalmente las víctimas fueran incorporadas al proceso penal como partes querellantes. También representé, de manera gratuita, decenas de casos a través del PROPAQUE (Programa de Patrocinio de Querellas), un programa del Colegio Público de la Abogacía. Esa experiencia me enseñó muchísimo sobre la contención, la escucha y la protección de los derechos y de la intimidad de personas que habían sufrido algunos de los delitos más graves, como abusos sexuales o violaciones. Más adelante seguí especializándome en Derecho Penal, tanto a nivel nacional como internacional. Y entonces pude conocer la otra cara del sistema. Empecé a advertir situaciones en las que el poder punitivo del Estado se había extralimitado y en las que las denunciantes, consideradas víctimas desde el primer momento, terminaban teniendo un poder dentro del proceso superior, incluso, al de los propios jueces. Ese desequilibrio me llevó a profundizar aún más en el funcionamiento del sistema y a comprender que muchas de sus fallas no responden necesariamente a intereses económicos, sino a políticas públicas mal diseñadas. Hace muchos años descubrí, con mucha preocupación, que la mentira también forma parte del sistema de justicia y, muchas veces, termina sentándose junto a los jueces al momento de tomar decisiones. ¿Por qué no se castiga el falso testimonio? ¿Por qué no se sanciona la falsa denuncia o la falsa acusación? Desde mi punto de vista, eso termina corrompiendo el sistema. Por eso, desde mi lugar de abogada penalista, siempre trato de visibilizar estas falencias, porque considero que pueden conducir a la condena de personas inocentes.
¿Nunca tuvo la tentación de ser jueza o fiscal?
No. La verdad es que el ejercicio liberal de la profesión me da la libertad de cuestionar todo aquello que considero que debe ser cuestionado. No me mueve ningún interés político, ni la aspiración de un cargo o de un ascenso. Agradezco poder estar de este lado y señalar aquellas cuestiones que, por negligencia, corrupción, desidia, errores del sistema o por la razón que sea, están mal y necesitan ser corregidas. Me siento con esa libertad y también con esa responsabilidad. Creo que el abogado independiente tiene mucho poder, pero se hace escuchar muy poco. Tenemos que demostrar que las cosas pueden hacerse de otra manera. Por eso formo abogados. Mi objetivo es que sean verdaderos gladiadores de la justicia, profesionales que no se resignen a aceptar que el sistema funciona mal. Muchas veces un cliente escucha de su abogado: “¿Qué querés que haga? Esto es así”. Esa frase nunca podría salir de mi boca. Si las cosas están mal, no alcanza con quejarse: hay que hacer algo para cambiarlas. Con esa convicción creamos el Instituto DH Litigación Internacional, que funciona tanto en Argentina como en Estados Unidos. Hace más de diez años cursé un Master of Laws (LL.M.) en Litigación Civil y Penal en Estados Unidos. Me gradué con honores y, como fui la mejor alumna de la primera promoción, el cuerpo docente me eligió para dar el discurso de graduación. En ese discurso hice una promesa: llevar ese espíritu de cambio, transparencia e innovación a Latinoamérica. Cuando regresé a la Argentina abrí el instituto y hoy formamos abogados de toda Latinoamérica, de Estados Unidos y también de España en litigación penal, oratoria, pensamiento estratégico y liderazgo. Creo que los abogados tenemos que ser líderes del cambio. Como decía antes, no podemos quedarnos en la queja. Por eso nuestras mentorías buscan una formación integral. No sólo enseñamos técnicas jurídicas: trabajamos sobre la manera en que cada abogado se ve a sí mismo, cómo enfrenta los desafíos y cómo puede posicionarse desde un lugar de liderazgo para transformar el sistema y brindar un mejor servicio de justicia. Tenemos programas intensivos de tres y seis meses y el cambio en quienes participan es realmente notable. Desde la facultad nos enseñan Derecho, pero muchas veces no nos enseñan a leer un caso ni a comprender a las personas que hay detrás del conflicto. Nosotros trabajamos precisamente esa mirada integral. Creemos que un conflicto no puede analizarse únicamente desde la ley escrita. Cuando una persona realiza una denuncia falsa o una acusación falsa -conductas cuya existencia muchas veces se niega-, también hay una historia que necesita ser comprendida. Es fundamental entender qué llevó a esa persona a actuar de ese modo y cuál es el contexto del conflicto. Por eso nuestro enfoque siempre es integral. Lo primero que buscamos es solucionar el conflicto. Cuando eso no es posible, entonces buscamos justicia. Ese es el objetivo del método DH de litigación, que aplicamos en nuestras mentorías.
¿En qué consiste este método?
Es la metodología que aplicamos en nuestras mentorías. Formamos a los abogados en 17 técnicas de litigación que considero esenciales para llevar un caso penal desde la primera etapa hasta la última con eficiencia, honestidad y una estrategia clara. Estoy convencida de que no hace falta corromperse para ejercer el Derecho Penal. Lamentablemente, existe un prejuicio muy instalado: muchas personas creen que los abogados penalistas “tranzan” o recurren a prácticas indebidas para obtener resultados. Nosotros vinimos a demostrar exactamente lo contrario. Para mí, el abogado penalista tiene que ser un estudioso del Derecho, un apasionado por la verdad y por la justicia. Por eso enseñamos esas técnicas fundamentales, que permiten construir un caso sólido con las herramientas jurídicas disponibles y presentar la mejor estrategia posible ante el tribunal. El método no consiste solamente en decir qué hacer, sino también cómo hacerlo y entrenarlo hasta incorporarlo como una forma de trabajar. Cambiamos la manera estratégica de analizar un caso. Muchas veces se piensa que un juicio se pierde porque un testigo no declaró de determinada manera o porque faltó una prueba. Yo creo que, en gran medida, tiene que ver con saber preguntar, comprender el conflicto y encontrar las palabras adecuadas para que el juez o el jurado entienda la teoría del caso. Hoy, además, muchas decisiones relevantes son tomadas por jurados populares, por lo que la capacidad de comunicar con claridad resulta indispensable. Nuestros alumnos obtienen una certificación del instituto y están preparados para asumir casos de alta complejidad. El objetivo es que puedan transformar conflictos jurídicamente complejos en planteos claros y comprensibles, porque el Derecho ya es suficientemente complejo; el desafío del abogado es hacerlo entendible. Hoy contamos con profesionales certificados en distintas provincias del país. Quien necesita asistencia puede acceder a un abogado formado bajo nuestro método, que garantiza estándares de calidad, eficiencia y honestidad. Cuando hablamos de resultados, no nos referimos a prometer que un caso será ganado, porque eso sería irresponsable. Hablamos de brindar una representación profesional de excelencia, basada en un método de trabajo supervisado y estandarizado.
¿El instituto nació para cubrir falencias en la formación universitaria?
Sí. Creo que existe mucha improvisación en la formación práctica de los abogados. Uno pasa cinco, seis o siete años en la universidad estudiando bibliografía de todo el mundo, pero pocas veces le enseñan cuestiones esenciales del ejercicio profesional: cómo entrevistar a un cliente, cómo detectar el verdadero conflicto, cómo encuadrar jurídicamente un caso, cómo redactar una carta documento o cómo desenvolverse en una audiencia oral. Muchos abogados se intimidan cuando deben litigar frente a un juez o un fiscal. El sistema puede resultar avasallante y, a mi criterio, la formación práctica que hoy existe sigue siendo insuficiente. Por eso establecimos estándares muy exigentes. No todos los alumnos aprueban nuestras mentorías. Quien no alcanza el nivel de disciplina y compromiso que exige el método queda afuera. Buscamos formar profesionales con las herramientas necesarias para humanizar los conflictos y litigarlos con inteligencia, estrategia y audacia.
Actualmente vive en Estados Unidos. ¿Cómo surgió esa decisión?
Nuestro estudio jurídico tiene más de 22 años de trayectoria en Argentina y continúa funcionando normalmente. A partir del trabajo del instituto presentamos nuestra propuesta académica ante el Gobierno de los Estados Unidos, que declaró nuestros programas de interés nacional. Nosotros tomamos las mejores técnicas de litigación oral desarrolladas allí y las perfeccionamos con nuestro propio método. Como consecuencia de ese reconocimiento, nos ofrecieron la residencia permanente para mi familia y para mí. Hoy desarrollamos el instituto tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y viajamos constantemente entre ambos países.
Mirando su carrera, ¿hay un hilo conductor entre casos tan distintos?
Sí. Siempre fue estar del lado de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. A veces esa vulnerabilidad proviene del propio sistema de justicia. He representado a personas falsamente acusadas o privadas de su libertad en causas que, a nuestro entender, fueron armadas por intereses políticos o por funcionarios del Estado. Incluso hemos promovido acciones de responsabilidad contra el Estado por esos hechos. También representé durante muchos años a víctimas de organizaciones criminales, entre ellas numerosos comerciantes extorsionados por la llamada mafia china. Participamos en investigaciones que permitieron obtener condenas y contribuir al desbaratamiento de una de las organizaciones más importantes que operaban en la Argentina. Es uno de los mayores orgullos de nuestro estudio, porque implicó enfrentar situaciones de enorme riesgo. Desde hace más de 20 años también denunciamos la falta de persecución de la falsa denuncia, la falsa acusación y el falso testimonio. Representamos, en muchos casos, a madres y padres que, según sostenemos, fueron impedidos de mantener contacto con sus hijos tras ser denunciados por delitos gravísimos que afirman no haber cometido. Desde nuestra perspectiva, cuando determinadas políticas públicas son mal aplicadas y terminan generando abusos de poder, corresponde señalarlas y combatirlas. Si tuviera que resumir el hilo conductor de toda mi carrera, diría que siempre fue el mismo: enfrentar los abusos de poder, defender a quienes considero más vulnerables y trabajar para corregir las fallas del sistema de justicia.
Hay un proyecto que tuvo cierto avance en el Senado para agravar las penas en casos de falsas denuncias. ¿Puede ser una buena herramienta o debería formar parte de una política más amplia?
Ese proyecto surgió como respuesta a la falta de condenas. El delito de falsa denuncia ya está tipificado en nuestro Código Penal, pero la iniciativa busca agravar la pena cuando se denuncia falsamente un hecho de violencia de género o de abuso sexual, especialmente por las consecuencias que esas acusaciones pueden generar dentro de una familia. Creo que el proyecto forma parte de una problemática mucho más amplia. En la Argentina no necesitamos necesariamente más legislación, sino aplicar la que ya existe. El Código Penal contempla sanciones para la falsa denuncia, la falsa acusación y el falso testimonio. El problema es que las penas son bajas y, en la práctica, muchas veces esas causas ni siquiera se investigan con seriedad. Algo similar ocurre con los delitos vinculados con el impedimento de contacto. La falta de aplicación de la ley es, para mí, el principal problema. También hace falta un cambio en la formación y en la mirada de quienes toman decisiones judiciales. Hay que comprender la gravedad de una conducta de esta naturaleza. No estamos hablando de alguien que se equivoca o interpreta mal una situación, sino de quien sabe que está denunciando un hecho falso y, aun así, lo hace con el objetivo de dañar a otra persona o de separar a un padre o a una madre de sus hijos. Esa conducta tiene que tener consecuencias. Si el sistema no sanciona a quien denuncia falsamente, la práctica se naturaliza y se multiplica. Por eso estoy a favor de agravar las penas, aunque no creo que esa medida, por sí sola, vaya a resolver el problema. También es necesario generar conciencia sobre el daño causado, capacitar a los operadores judiciales y acompañar a quienes atraviesan estas situaciones para que puedan impulsar las acciones correspondientes. Hoy una persona puede formular una acusación falsa y no enfrentar ninguna consecuencia, mientras que el denunciado puede pasar años sin ver a sus hijos, sometido a un proceso penal e incluso expuesto a una condena. En muchos casos se sostiene que, por la naturaleza de determinados delitos, no existe prueba directa. Eso puede ser cierto, pero no significa que la prueba deba analizarse con menor rigurosidad. El Derecho Penal exige un examen serio, cuidadoso y respetuoso de las garantías, y considero que eso no siempre está ocurriendo. En definitiva, estoy a favor de aumentar la pena, pero insisto en que la solución principal es aplicar correctamente la legislación vigente. Si la ley que ya existe se aplicara con firmeza y responsabilidad, sería un avance enorme.
¿Dónde considera que está la principal falla del sistema?
Creo que la Justicia argentina tiene serias dificultades para investigar. Faltan herramientas, formación y mecanismos adecuados, especialmente en los delitos sexuales y en aquellos vinculados con violencia de género. En muchos casos, el Ministerio Público se limita a recolectar la información aportada por la denunciante, a quien se considera víctima desde el comienzo, y con esos elementos impulsa la causa hasta el juicio. Desde mi perspectiva, no siempre se desarrolla una investigación autónoma y objetiva. Las políticas destinadas a proteger a las mujeres son necesarias, pero también es indispensable determinar si estamos frente a una persona efectivamente vulnerada o frente a alguien que puede estar utilizando el sistema para vulnerar los derechos de otra persona. Me preocupa que no existan la capacidad o las herramientas suficientes para diferenciar un caso real de uno construido artificialmente. A veces una situación comienza con una separación o un divorcio, continúa con una presentación ante la Oficina de Violencia Doméstica y, meses después, deriva en una denuncia por abuso sexual. Según lo que hemos observado en algunos expedientes, esas acusaciones pueden ser utilizadas para apartar a un padre o a una madre y tomar decisiones sobre los hijos sin su intervención. Eso es lo que buscamos detectar y combatir, no solamente desde mi trabajo como abogada penalista, sino también a través de la formación de nuestros alumnos. No estoy sola en esa tarea: contamos con un equipo de docentes argentinos y extranjeros que nos acompaña.
¿Cuestionar públicamente estas fallas le genera problemas en el ejercicio profesional?
Soy una persona combativa, pero también muy respetuosa. Mi primer objetivo no es confrontar con los jueces, sino mostrarles a los fiscales que puede existir otra lectura del caso. No considero a la fiscalía una enemiga. Entiendo que intenta cumplir su función, aunque creo que en algunas oportunidades puede hacerlo a partir de una interpretación equivocada o incompleta. Mi tarea consiste en aportar otra mirada y tratar de que el caso sea observado con claridad y objetividad. Primero, intento que lo comprenda el fiscal y, si eso no sucede, planteo la cuestión ante los jueces. No he tenido problemas por hacerlo, porque siempre actuamos dentro de la ley y respetando el rol de cada uno. Hace poco intervinimos en una causa en la que el propio tribunal denunció penalmente a una abogada por su presunta participación en maniobras vinculadas con la corrupción de menores. La acusación sostenía que se había inducido a niños a realizar determinadas manifestaciones para perjudicar a una persona. Yo no elegí esta profesión para perseguir colegas, sino para enfrentar las fallas del sistema. Pero tampoco puedo tolerar que alguien se aproveche de ese sistema para alcanzar objetivos espurios. Existen casos en los que pueden intervenir abogados, psicólogos y otros profesionales que enseñan o inducen a las personas a construir relatos falsos. Eso es algo que no tolero. El sistema judicial tiene una función demasiado importante como para ser utilizado de esa manera.
¿Cuál es el objetivo de la nueva mentoría especializada en casos de abuso sexual infantil?
La mentoría está orientada específicamente a casos de abuso sexual infantil. Uno de sus principales objetivos es que los abogados puedan abordar estos expedientes sin quedar condicionados por sus propios prejuicios. Yo misma los tuve. Frente a una acusación de abuso sexual, tendía a mirar inmediatamente al acusado como un posible abusador. Es una reacción humana, pero un profesional tiene que aprender a ir más allá de esa primera impresión. Es fundamental escuchar activamente al cliente, analizar todo lo que puede aportar y estudiar el expediente con profundidad. La inocencia no debe presumirse sólo en términos teóricos: hay que trabajar seriamente para demostrarla cuando corresponda. Enseñamos a leer un caso, prestar atención a los detalles y comprender qué puede y qué no puede hacerse en una Cámara Gesell, que es el dispositivo utilizado para recibir el testimonio de niños y niñas. También trabajamos sobre el rol de los psicólogos, la diferencia entre la psicología clínica y la psicología forense, y la importancia de que las intervenciones dentro del proceso judicial sean realizadas por profesionales especializados. Además, entrenamos a los abogados para interrogar de manera respetuosa a una persona denunciante, sin atacarla ni revictimizarla, pero sin renunciar al derecho de defensa. Enseñamos cómo abordar a los niños, cómo actuar en un juicio oral y qué elementos deben investigarse tanto para demostrar la inocencia como para acreditar la responsabilidad penal. La capacitación no está destinada únicamente a defensores. También participan jueces, fiscales y abogados querellantes. El mayor desafío es enseñar a comunicar. Un juicio oral es, ante todo, un acto de comunicación. Una persona puede creer que está transmitiendo una idea con claridad, pero el juez o el jurado pueden interpretarla de otra manera. Por eso entrenamos a los profesionales para leer el escenario, construir un mensaje preciso y convertirse en mejores litigantes.
¿Qué busca transmitir hoy a los abogados que se forman con ustedes?
Que el litigio comienza mucho antes de ingresar a una sala de audiencias. Hay que aprender a escuchar, a investigar, a comprender el conflicto y a comunicar con claridad. La litigación no consiste únicamente en conocer la ley. Consiste, sobre todo, en entender a las personas que están detrás de cada expediente.
