El jefe e la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba Leonardo Altamirano analizó la evolución de la comunicación judicial y advirtió sobre los retos pendientes en redes sociales, lenguaje claro y el vínculo con la prensa.
La comunicación judicial dejó de ser un área marginal para convertirse en una herramienta estratégica dentro de los poderes judiciales argentinos. Así lo sostuvo Leonardo Altamirano, jefe de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, coordinador del Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil del Poder Judicial cordobés, doctor en Semiótica, licenciado en Comunicación Social y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Consultado por Quorum sobre su análisis sobre la evolución de esta disciplina en el marco del Primer Congreso Iberoamericano de Comunicación Judicial, Altamirano destacó que durante los últimos años la comunicación judicial experimentó un crecimiento sostenido tanto en Argentina como en otros países de la región, con la consolidación de equipos profesionales y estructuras institucionales dedicadas a acercar la Justicia a la ciudadanía.
Un punto de inflexión
Para el especialista, el Congreso Nacional de Jueces de 2006 marcó un antes y un después en la materia.
A partir de ese encuentro -explicó- la comunicación comenzó a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro de la agenda institucional de los poderes judiciales. Veinte años después, ese proceso se traduce en la existencia de oficinas de comunicación profesionalizadas en la gran mayoría de las jurisdicciones del país.
“El crecimiento ha sido significativo”, resumió Altamirano, al destacar el respaldo que las máximas autoridades judiciales otorgaron a estas políticas durante las últimas dos décadas.
Los desafíos que siguen vigentes
Aunque valoró los avances alcanzados, el especialista advirtió que la comunicación judicial enfrenta desafíos permanentes que evolucionan al ritmo de los cambios tecnológicos y sociales.
Entre las principales asignaturas pendientes mencionó:
- Profundizar las políticas de comunicación en redes sociales, adaptando los mensajes institucionales a las nuevas plataformas y formas de consumo de información.
- Consolidar el lenguaje claro, para que las resoluciones judiciales sean comprensibles y contribuyan efectivamente al acceso a la justicia.
- Fortalecer la capacitación permanente de magistrados, funcionarios y equipos judiciales en materia de comunicación.
- Mejorar el vínculo con el periodismo, promoviendo una relación más fluida entre los poderes judiciales y los trabajadores de prensa.
“Son desafíos que nunca terminan, que siempre se renuevan”, afirmó.
Una agenda en constante evolución
Para Altamirano, la profesionalización de la comunicación judicial constituye una condición indispensable para fortalecer la transparencia institucional, mejorar la rendición de cuentas y acercar el funcionamiento de la Justicia a la ciudadanía.
En ese camino, consideró que el trabajo conjunto entre los poderes judiciales, los especialistas en comunicación y los medios de comunicación seguirá siendo una pieza central para consolidar una Justicia más abierta, comprensible y cercana a la sociedad.
