En diez años, la unidad especializada del Ministerio Público Fiscal pasó de combatir el auge de los secuestros exprés a perseguir las finanzas de las organizaciones criminales más complejas. En diálogo con Quorum, el fiscal federal Santiago Marquevich reconstruye esa transformación, explica por qué los secuestros prácticamente desaparecieron en la Argentina y sostiene que hoy la clave para desarticular las mafias ya no pasa sólo por detener personas, sino por seguir el dinero.
Hace poco más de 20 años, la Argentina atravesaba uno de los momentos más críticos en materia de secuestros extorsivos. Bandas altamente organizadas, rescates millonarios y cautiverios que se extendían durante semanas obligaron al Estado a replantear por completo su estrategia de investigación.
Hoy el panorama es radicalmente distinto. Los secuestros alcanzaron mínimos históricos y la persecución penal se concentra en organizaciones criminales mucho más complejas, vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de activos y otras formas de criminalidad organizada.
La evolución de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), creada en 2016, y su transformación en la actual Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), refleja ese cambio de paradigma. El fiscal federal Santiago Marquevich, quien integra esa historia desde sus comienzos y hoy conduce la unidad, repasa una década de trabajo, analiza la mutación del delito y comparte las lecciones que dejó uno de los procesos de investigación criminal más importantes de los últimos años.
Los orígenes: cuando el país convivía con más de 500 secuestros al año
Comprender la evolución de la UFECO exige retroceder hasta la crisis social y económica que atravesó la Argentina entre 2001 y 2002. Para Marquevich, allí comenzó uno de los períodos más violentos en materia de secuestros extorsivos.
“En el 2003 cuando empezamos a trabajar tuvimos en la Argentina más o menos 540 secuestros, algunos muy complicados con mucha violencia, esos casos que por ahí la gente recuerda porque le cortaban un dedo”, recuerda.
Según explica, aquellos delitos eran ejecutados por “bandas muy organizadas, numerosas, complejas, con mucha inteligencia, que presumimos que eran bandas que se dedicaban a ser piratas del asfalto y… se mutaron al secuestro extorsivo”.
Las exigencias económicas alcanzaban cifras extraordinarias. “Había pedidos de un millón de dólares, quinientos mil dólares”, rememora.
Frente a esa realidad, el Estado impulsó una profunda modificación institucional. Bajo la presidencia interina de Eduardo Duhalde y la Procuración General encabezada por Nicolás Becerra, se reformó el artículo 196 bis del Código Procesal Penal para otorgar a los fiscales la conducción de las investigaciones por secuestros extorsivos.
En agosto de 2003 nació la primera unidad especializada, la UFASE, donde Marquevich se desempeñó como secretario.
Aquellos años marcaron a fuego a quienes integraban los equipos de investigación. “Yo lo recuerdo como una etapa de mucho aprendizaje, de mucho esfuerzo personal, familiar, de los equipos de trabajo… porque eran casos muy largos, de secuestros de 30 o 40 días, donde la exigencia era física, mental, profesional”, afirma.
La presión era permanente. “Trabajábamos en simultáneo cuatro o cinco secuestros con intervenciones telefónicas en tiempo real”, recuerda.
El rebrote de los secuestros y el nacimiento de la UFESE
Después de varios años de descenso, el fenómeno pareció estabilizarse. Hacia 2006 los secuestros habían caído a “niveles más tolerables”, recuerda Marquevich, con alrededor de 70 u 80 hechos anuales. Aquella primera estructura terminó reconvirtiéndose en la actual Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Sin embargo, el escenario volvió a cambiar entre 2014 y 2015. “Se observa que en 2015 habían llegado a 295 secuestros más o menos, lo que equivalía a un promedio de 25 secuestros por mes”, explica el fiscal.
La respuesta institucional llegó el 7 de junio de 2016 con la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE). Marquevich, quien entonces investigaba organizaciones narcocriminales como fiscal federal en Rosario, fue designado para conducir la nueva estructura.
Su misión era clara: centralizar información, coordinar investigaciones y detectar conexiones que hasta ese momento pasaban inadvertidas entre distintas jurisdicciones.
Para ilustrarlo, recuerda el caso de la denominada Banda del Monoblock 19: “Teníamos una banda muy conocida… que se reunían en Fuerte Apache en las escaleras del monoblock 19 y esa banda habrá hecho 25 secuestros más o menos en el plazo de cuatro meses o tres meses en distintas jurisdicciones desde Campana hasta Loma de Zamora. […] Y todos esos fiscales por ahí no se vinculaban porque los casos aislados se analizaban cada uno por separado… no advertían la conexidad”.
También había cambiado el perfil de los autores y la modalidad. “Eran chicos de promedio de 20, 21 años… tomaban una cerveza y se envalentonaban y bueno, vamos, y salían y secuestraban a uno. En un puente cobraban el rescate y en el siguiente puente liberaban a la víctima”, enumera.
Las tres etapas del secuestro extorsivo
Después de más de dos décadas investigando este delito, Marquevich identifica tres grandes etapas en la evolución del secuestro extorsivo en la Argentina. Cada una refleja no sólo un cambio en la modalidad criminal, sino también en la respuesta del Estado.
Los secuestros largos: organizaciones sofisticadas y negociaciones interminables
La primera etapa, que se extendió aproximadamente entre 2000 y 2006, estuvo dominada por organizaciones criminales altamente estructuradas. Las víctimas permanecían cautivas durante semanas y las negociaciones seguían un esquema cuidadosamente planificado.
“Nosotros siempre lo graficamos como que en los secuestros largos va de menor a mayor una curva que se nota. La negociación es muy progresiva, se hace un llamado cada dos o tres días, los primeros llamados son muy tranquilos, los segundos empieza a incrementar la violencia verbal para intimidar y generar mayor temor en la familia”, explica.
La era del secuestro exprés
La segunda etapa comenzó con el rebrote de 2014 y se extendió hasta aproximadamente 2022. Ya no había largas negociaciones ni grandes estructuras criminales.
Las bandas actuaban con rapidez, improvisación y extrema violencia. “No tenían un lugar para tener cautiva a la víctima muchos días”, resume el fiscal.
La intimidación aparecía desde el primer llamado. “En el secuestro corto, si la curva va a llegar hasta acá, arrancará acá directamente. El primer llamado ya es con muchos gritos, violencia verbal, amenazas, que lo van a matar, alguna agresión física a la víctima para que el familiar que está escuchando el llamado se intimide, y enseguida busque la plata que tiene”, añade.
Las víctimas permanecían retenidas apenas unas horas, muchas veces dentro del mismo vehículo utilizado por los secuestradores, describe Marquevich.
El secuestro como herramienta del crimen organizado
La tercera etapa es la actual. Con la desaparición casi total de los secuestros aleatorios en la vía pública, este delito pasó a integrarse dentro de conflictos propios de organizaciones criminales.
Hoy las víctimas suelen estar vinculadas a deudas derivadas del narcotráfico o de circuitos financieros ilegales. “Lo que tenemos en los últimos tres o cuatro años son secuestros vinculados a deudas de drogas o a deudas de prestamistas, donde el mecanismo es: bueno, te retengo, te secuestro, y que te vengan a traer la plata, incluso algunas hasta que me la transfieran por Mercado Pago; es mucho más grotesco todo”, amplía.
¿Por qué dejaron de secuestrar en la Argentina?
Los números muestran un cambio contundente. De los 294 secuestros registrados en 2015 se pasó a 111 en 2018. Un año después la cifra cayó por debajo de los cincuenta casos y, en 2025, la UFECO registró apenas catorce secuestros en todo el país: poco más de un caso por mes.
Para Marquevich, detrás de esa transformación confluyen tres factores principales.
El primero es el avance tecnológico. Cada comunicación extorsiva y cada instancia de cobro exponen a los delincuentes de una manera que hace veinte años era impensada.
“Una gran parte transita por las comunicaciones por el llamado extorsivo, que es un aspecto vulnerable de los delincuentes. Hoy cada vez tenemos más información que la tecnología nos va aportando, de dónde se realiza un llamado, la ubicación del posicionamiento del teléfono celular”, sostiene.
Lo mismo ocurre cuando intentan cobrar el rescate. “Es donde se exponen a querer apoderarse del dinero. Podemos numerar los billetes o sacarles fotografías. Hace muchos años anotábamos los números. Hoy les sacamos fotos con el teléfono en pocos minutos”, amplía.
El segundo motivo es la consolidación del trabajo coordinado del Ministerio Público Fiscal. Entre 2020 y 2023, el 65% de las investigaciones concluyó con autores identificados y detenidos, mientras que el 96% de las causas elevadas a juicio terminó con condenas.
Ese nivel de eficacia también generó un efecto disuasivo dentro del propio ambiente criminal. “Lo vemos en las escuchas telefónicas o cuando los imputados vienen a declarar: ‘Yo les dije que no pidan rescate porque te siguen y te agarran… qué garrón’. Es un poco el lenguaje de los secuestros”, reconoce.
Existe además una explicación económica. Para cometer un secuestro exprés suelen intervenir al menos tres personas, lo que agrava las penas y aumenta considerablemente el riesgo. Sin embargo, las ganancias son cada vez menores.
“Hoy, por ejemplo, robar un teléfono en la calle… un buen modelo de celular por ahí sale ochocientos dólares o mil dólares. Los secuestros exprés no son de dos millones de pesos. A veces tienen rescates de doscientos mil pesos, cien mil pesos, y el riesgo es muy alto”, asegura.
El fiscal compara esa situación con otros delitos urbanos que hoy resultan mucho más atractivos para los delincuentes: “El hurto de un celular pasa a veces casi desapercibido del sistema penal”.
De la UFESE a la UFECO: cuando el objetivo pasó a ser el dinero de las mafias
La fuerte caída de los secuestros extorsivos obligó a replantear el rol de la unidad especializada. El desafío ya no era únicamente investigar un delito que se encontraba en franco retroceso, sino aprovechar la experiencia acumulada para enfrentar organizaciones criminales cada vez más sofisticadas.
Con ese objetivo, en octubre de 2023 la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, dictó la resolución mediante la cual la UFESE fue transformada en la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).
Desde entonces, además de los secuestros, la unidad interviene en investigaciones vinculadas con narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos y otras estructuras criminales complejas que actúan en distintas jurisdicciones del país.
Seguir el dinero para desarmar las organizaciones
El cambio no fue únicamente de nombre. También implicó una nueva filosofía de investigación.
Para Marquevich, detener a los ejecutores materiales ya no alcanza. El verdadero desafío consiste en identificar quién financia las organizaciones y desarticular sus recursos económicos.
“Si no, las personas van a ser siempre cambiables y fungibles. Cambiamos al que trafica la droga, al soldadito, al que cuida al que secuestran, el que va a cobrar el rescate… pero no llegás arriba y no llegás a sacarles el recurso económico que es lo que después utilizan para rearmarse y continuar con la actividad criminal”, afirma.
Bajo esa lógica, la recuperación de activos dejó de ser un objetivo accesorio para convertirse en una herramienta central de la política criminal. No se trata solamente de decomisar bienes para el Estado. También busca reparar a las víctimas.
Como explica el fiscal, el propósito es “restablecer a la víctima el daño que le causaron… que puedan recuperar el dinero del pago del rescate”.
Investigar en la era digital
La evolución tecnológica modificó profundamente la forma de investigar. Marquevich recuerda que, cuando comenzó a trabajar en secuestros, los llamados extorsivos se realizaban desde teléfonos públicos.
“Cuando yo empecé a investigar secuestros, el llamado extorsivo se hacía de teléfono público, se le decía TPA, teléfono público alcancía… le pedíamos a la empresa que desactive los teléfonos públicos y que deje dos para que los secuestradores vayan a hablar de eso”, recuerda.
Hoy el escenario es completamente diferente. La información digital permite reconstruir comunicaciones, geolocalizaciones y relaciones entre distintos integrantes de una organización criminal en pocos minutos.
“Hace algunos años analizábamos las llamadas con hojas listadas de papel que marcábamos con un resaltador o con una lapicera y una regla. Hoy hay sistemas que reciben la información en digital, el programa te la cruza y te da las conclusiones”, sostiene.
La incorporación permanente de nuevas herramientas tecnológicas también exige una actualización constante de los equipos de investigación.
Por eso la UFECO desarrolla capacitaciones sobre preservación de evidencia digital, cadena de custodia y análisis de información electrónica, además de articular estrategias con otras procuradurías especializadas para seguir el circuito financiero de las organizaciones criminales, incluso cuando operan desde establecimientos penitenciarios.
Un trabajo que nunca termina
Pero la tecnología no reemplaza el factor humano. Las organizaciones criminales no respetan horarios y las investigaciones tampoco: “Normalmente no ocurre esto a las once de la mañana cuando estamos todos en la oficina. Esto pasa a las tres de la mañana, o el sábado a las diez de la noche, o el domingo a la madrugada, donde necesitás 24-7, todos los días del año, gente dedicada a esto, disponible, enfocada”.
Detrás de las estadísticas y de los procedimientos judiciales hay un componente emocional que pocas veces trasciende.
Marquevich reconoce que quienes investigan delitos violentos desarrollan mecanismos para poder convivir con situaciones extremas.
“Normalmente cuando uno está trabajando desarrolla toda su capacidad profesional y logra bloquear sentimientos, es como el cirujano cuando entra al quirófano… Después hay una parte humana que por algún lado procesa las cosas”, explica.
Sin embargo, hay casos que dejan una marca permanente.
Para él, el mayor fracaso sigue siendo el secuestro de Christian Schaerer. A pesar de haber identificado y detenido prácticamente a toda la organización responsable, la investigación nunca pudo responder la pregunta más importante: dónde está la víctima.
Se lamenta: “Para mí el hito negativo fue el caso de Christian Schaerer… tuve la oportunidad de viajar a Portugal con la esperanza de que por ahí me digan qué había pasado con Christian… pero no dijeron nada”.
La frustración permanece intacta, se nota en su voz y en su mirada vidriosa: “La madre y el padre siguen esperando que les suene el teléfono y en algún momento le demos una respuesta… para nosotros es un hito negativo fuerte… es muy feo”.
La víctima como eje de toda la investigación
Esa experiencia también moldeó una convicción que atraviesa toda la tarea de la UFECO.
Para Marquevich, quien recupera a una víctima no puede limitarse a recibir una declaración testimonial.
Primero debe devolverle su condición de persona.
Durante el secuestro, explica, la víctima es reducida a un objeto de negociación: “Una cosa que le pusieron un valor para negociar y para venderla como si fuera mercadería”.
Por eso sostiene: “Dejemos de lado el modelo del empleado público… busquemos un modelo empático. Si yo le digo: bueno, ahora venga y siéntese a declarar… lo sigo tratando como cosa más que como persona. Lo primero que tengo que hacer es abrazarlo”.
Además de ser una obligación ética, esa contención resulta decisiva para la investigación: “La víctima, desde el momento que la levantan, sabe por dónde fue, por qué calle, en qué auto estaba… contó las baldosas, recordó una marca en el techo, el asiento roto… todas esas cosas son los datos que nosotros vamos utilizando como indicio para reunir la prueba que después sirve para condenar. Para nosotros la herramienta más importante para esclarecer un hecho es la víctima”.
El desafío permanente de anticiparse al delito
La historia de la UFESE y su transformación en la UFECO refleja, en buena medida, la evolución del propio crimen organizado en la Argentina. Lo que comenzó como una respuesta estatal frente al auge de los secuestros extorsivos terminó convirtiéndose en una estructura especializada para investigar organizaciones criminales cada vez más complejas, donde el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y las finanzas ilegales aparecen estrechamente vinculados.
Las cifras hablan por sí solas: de casi 300 secuestros registrados en 2015 a apenas 14 en 2025. Pero para Marquevich, el verdadero desafío no consiste en celebrar ese descenso, sino en mantener la capacidad de adaptación frente a un delito que cambia constantemente.
Seguir el dinero, aprovechar las nuevas tecnologías, coordinar investigaciones entre distintas jurisdicciones y colocar siempre a la víctima en el centro del proceso aparecen hoy como los pilares de una política criminal que ya no persigue únicamente personas, sino estructuras. Una estrategia que, después de más de dos décadas de aprendizaje, busca anticiparse a las mutaciones del crimen organizado antes de que vuelva a sorprender al Estado.
