Pedirle explicaciones a la luz, al banco o al proveedor de internet es de lo más normal. Pedírselas a un juez, en cambio, parece un escándalo. La polémica entre Eduardo Feinmann y la jueza Laura de Marinis puso ese contraste en primer plano.
En la Argentina cotidiana nadie se sorprende cuando un vecino levanta el teléfono para reclamarle a Edenor o Edesur por un corte de luz, o le exige explicaciones al proveedor de internet por una falla en el servicio, o presenta una queja formal por un cobro indebido. Reclamar, objetar y hacerse oír no es una anomalía ni un gesto disruptivo: es una práctica habitual y plenamente integrada al día a día de una sociedad democrática. Sin embargo, resulta profundamente desconcertante que esa misma lógica natural parezca quebrarse cuando la destinataria del reclamo es una jueza y cuando el que ejerce o motoriza el reclamo es un periodista.
Ese contraste quedó expuesto esta semana con Eduardo Feinmann, que lo sufrió en carne propia. El periodista cuestionó duramente en su programa a la jueza Laura de Marinis por haber declarado inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y liberar a un menor que había participado de una tentativa de robo.
Feinmann manifestó públicamente su discrepancia con la resolución judicial y convocó a quienes compartían esa inquietud a comunicarse con el juzgado. El periodista no reveló datos personales ni privados de la magistrada, sino que mencionó el número del juzgado para encauzar una opinión sobre un acto público. No hace falta ni aclararlo, pero existe un abismo conceptual entre filtrar información privada para acosar a una persona y señalar un canal formal e institucional para hacer llegar un reclamo. Confundir ambos planos no sólo distorsiona el debate: es, directamente, mala leche.
Pero la discusión va más allá del cruce puntual. El fondo del asunto apunta a las fronteras del Poder Judicial, a los mecanismos de control sobre los magistrados y a entender que la Justicia y sus funcionarios tienen que rendir explicaciones ante la sociedad como el resto de los funcionarios públicos.
La democracia es un concepto completo. Por más que muchas veces no parezca, el escrutinio público no es un privilegio optativo ni una concesión especial, sino una obligación republicana que alcanza a todos los estamentos estatales. Sí, eso incluye a los jueces.
Está claro que la investidura de los jueces merece respeto, pero ese respeto no los exime de cuestionamientos. Menos aún teniendo en cuenta las atribuciones que ostentan.
Los jueces de primera instancia en la Argentina manejan un margen de acción difícil de igualar. En ese marco, estirar los límites de la interpretación de las normas por un capricho ideológico es peligroso, porque el bien más preciado de los ciudadanos después de la vida es la libertad. Así lo entiende la normativa de nuestro país. Y esa potestad está en manos, justamente, de los jueces de primera instancia: por eso, la falta de apego al derecho es una falta grave.
Más allá de esto, la jueza Laura de Marinis no sólo escribió un fallo que la dejó en las puertas de un jury de enjuiciamiento. También, con ese fallo, dio por tierra con un proceso legislativo que había debatido el nuevo régimen y que había obtenido un consenso mayoritario.
Y ahí está la paradoja de fondo: en la Argentina, reclamar es de lo más normal, salvo cuando el reclamo apunta hacia arriba. Ese es el reino del revés en el que, mientras la sociedad exige explicaciones por cualquier cosa, la Justicia sigue creyendo que a ella no hay que pedírselas.
