domingo, febrero 16, 2025
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Andrés Basso: “Me preocupa la dificultad de los poderes políticos para arribar a consensos sobre cuestiones trascendentales para la República”

El juez federal Andrés Basso realiza un balance positivo de su gestión como presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, destacando avances como la federalización de actividades y la defensa de la independencia judicial. Sin embargo, alerta sobre un problema estructural: la falta de consensos políticos que ralentiza la cobertura de vacantes en la Corte Suprema y en todo el sistema judicial. Además, enfatiza la urgencia de garantizar la seguridad de magistrados en zonas críticas y de avanzar en reformas que brinden mayor celeridad y transparencia a los procesos judiciales.

A un año de haber asumido como titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), ¿cuál es tu balance?

El balance es altamente positivo. Fue un año en el cual, junto al equipo que me acompaña en la gestión, con muchísimo esfuerzo y dedicación pudimos ir cumpliendo muchos de los objetivos que nos habíamos planteado al momento de la asunción. Por supuesto que quedan cuestiones para seguir trabajando y mejorando, pero sin dudas hemos llevado adelante una conducción proactiva y con una impronta muy federal, tal como me lo había propuesto. Tuvimos una participación muy intensa en todo lo relativo a la implementación del nuevo Código Procesal Penal, participamos en diversos proyectos de mejoras para el servicio de administración de justicia y nos hemos ocupado de temáticas muy puntuales que habíamos priorizado para nuestra gestión, como todo lo relativo a la implementación del impuesto a las ganancias, la capacitación permanente de nuestros asociados, propiciamos actividades en todas las seccionales de las provincias del país y celebramos convenios con instituciones muy importantes de la sociedad civil, entre muchas otras gestiones. 

¿Cuáles fueron los temas más difíciles que enfrentaste en la gestión?

En un contexto institucional complejo, existieron varios desafíos que tuvimos que enfrentar en la gestión. Al inicio nos encontramos con el primer gran problema que fue el intento de traspasar la justicia nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Ante el proyecto de ley enviado al Congreso, de inmediato comenzamos un diálogo institucional con todas las fuerzas políticas para exponer la invariable posición de la AMFJN contra todo intento de traspaso, explicando los impedimentos formales, tanto legales y constitucionales, como así también las inconveniencias prácticas que conllevaría la medida. De esa forma se logró que finalmente se retirara del proyecto de ley el capítulo que lo contemplaba. Por otra parte, otro tema muy complejo y de permanente preocupación institucional es el referido a la seguridad de los magistrados y funcionarios que trabajan en jurisdicciones federales donde se tramitan causas del crimen organizado, como en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario, por citar un ejemplo donde se sucedieron hechos que son de público conocimiento; también en los casos de magistrados que cumplen su labor judicial en zonas fronterizas. Esto es una preocupación de primer orden y nos hemos ocupado de articular con las autoridades del Ministerio de Seguridad para asegurar que los jueces, funcionarios e integrantes de los ministerios públicos puedan cumplir sus funciones de modo seguro, sin riesgos para sí o sus familias.

¿Qué objetivos te trazaste para el año próximo?

Por un lado, continuar en la senda que venimos transitando en este primer año de gestión, para que la Asociación siga siendo un actor central en el diálogo con los Poderes del Estado para intervenir en todos los temas y cuestiones que hacen al funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos; y de cara a nuestros asociados, profundizar la impronta que venimos marcando, para que haya una participación cada vez más plural, activa y federal. En cuanto a las temáticas puntuales que nos mantienen siempre alertas, cabe mencionar lo relativo a nuestro sistema de retiro, que ya fuera modificado hace pocos años y de una manera muy desacertada y poco rigurosa, y que es una cuestión que recurrentemente es traída a la discusión pública. También seguimos muy de cerca el problema estructural de las vacantes que se evidencia en todas las jurisdicciones del país, y bregamos para que se proceda a las coberturas de los cargos lo más pronto posible.

¿Cuál es tu opinión sobre las demoras en la cobertura de vacantes en la Corte?

Es una situación que claramente incumbe a los otros dos poderes del Estado. El Poder Ejecutivo a comienzos del año ha enviado los pliegos para la cobertura de las vacantes existentes en la Corte Suprema y el trámite aún está en el Senado de la Nación. Creo que lo que acontece con este tema en particular en realidad se enmarca en un problema más general que vengo observando hace unos años y es la dificultad de los poderes políticos para arribar a acuerdos y consensos sobre cuestiones trascendentales para la República. Es algo que me preocupa particularmente porque más allá de este tema puntual por el que me preguntás, entiendo que no hay posibilidad alguna de proyectar políticas públicas de largo plazo si las distintas fuerzas políticas tienen tal grado de dificultad para lograr acuerdos básicos.

¿Qué opinás sobre los candidatos? ¿Qué podrían aportar?

Más allá de los candidatos propuestos, a quienes conozco y tengo relación personal, la Asociación ha tenido oportunamente un pronunciamiento institucional sobre la cuestión de género en la cobertura de las vacantes en la Corte Suprema. Y en este sentido, hay que tener presente que en toda la estructura judicial existe una disparidad en cuanto al género para la cobertura de las vacantes, por lo que sería oportuno que se incluyera al menos, una mujer, especialmente considerando que una de las vacantes es la de Elena Highton de Nolasco. Más aún cuando la desigualdad de género es más marcada a medida que se asciende en la jerarquía judicial, lo que no es un hecho casual, sino una tendencia preocupante. Por lo demás, es importante que se pueda completar la Corte para que así pueda funcionar con todos sus miembros. 

¿Sería oportuno, teniendo en cuenta que quedarían sólo tres miembros, que el Gobierno nacional los nombre por decreto?

No puedo contestar sobre cuestiones hipotéticas o por los trascendidos periodísticos. Lo cierto es que, de momento, el trámite para el nombramiento de los candidatos propuestos oportunamente por el Poder Ejecutivo está en pleno desarrollo en el Senado de la Nación. 

¿Por qué crees que no se ha podido avanzar en la cobertura de vacantes en el Poder Judicial?

Es prioritario atender a este problema crónico de las vacantes. El tiempo que demora la cobertura de una vacante judicial, si consideramos el momento mismo en que el magistrado se jubila hasta el nombramiento del nuevo titular, es excesivamente prolongado y ocasiona innumerables perjuicios para el buen funcionamiento del servicio de justicia. Esto debe ser inmediatamente revisado, hay casos de vacantes que han demorado más de diez años en ser efectivamente cubiertas. A este cuadro, por demás problemático, se suma algo adicional, y es que cuando se produce un cambio de gobierno, como ocurrió en diciembre de 2023, la administración entrante debe estudiar pormenorizadamente los pliegos que tiene disponibles para enviar al Senado, y también es una práctica política habitual que solicite la devolución de los pliegos enviados por el gobierno saliente. Esa dinámica demora sustancialmente todo el proceso para la cobertura de las vacantes. Es un tema que, tal como dije anteriormente, forma parte de nuestra agenda, en el que trabajamos cotidianamente. Estamos expectantes atento los recientes anuncios del Poder Ejecutivo sobre la cuestión.

¿El Consejo de la Magistratura ha mejorado su productividad?

Sí, hemos podido advertir que en este último año el Consejo de la Magistratura ha agilizado en gran forma su funcionamiento, y de esta manera, cumplir con uno de los roles más importantes que tiene asignado, esto es, la tramitación de los concursos de oposición y antecedentes para la designación de magistrados. Esto lo podemos comprobar con sólo reparar en la cantidad de ternas que han sido enviadas a lo largo del año al Poder Ejecutivo Nacional. También se han abierto numerosos concursos para cubrir vacantes a lo largo y ancho del país. Es muy importante al respecto que se haya implementado la modalidad de los concursos anticipados a la producción de vacantes, eso permitirá que los tiempos para la cobertura se reduzcan significativamente.

De cara a un año electoral, ¿cómo crees que las discusiones parlamentarias pueden influir en las políticas relacionadas con la justicia? 

Es sabido que en los años electorales la actividad parlamentaria sufre una merma importante. Lo que de por sí es lamentable porque existen cuestiones que hacen al mejoramiento del sistema de justicia y proyectos de reformas que no deberían quedar sujetos a esa dinámica legislativa. Desde la Asociación exhortaremos para que todos los proyectos y las cuestiones atinentes al Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos no se dilaten y puedan ser debidamente tratados y debatidos en el Congreso de la Nación.

¿Qué temas consideras prioritarios que deberían tratarse en este ámbito?

La prioridad principal es la cobertura de la enorme cantidad de vacantes judiciales que existen en todas las jurisdicciones del país, por lo que sería muy importante que, una vez que se envíen los pliegos respectivos, puedan tener el tratamiento correspondiente en el Senado en el menor tiempo posible. También existen muchos temas relativos al ámbito judicial. En ese sentido, están los proyectos de juicio en ausencia, juicio por jurados, de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de reforma del Código Penal, entre otros.

¿Es necesario avanzar con la sanción del proyecto de ley “Oralidad Efectiva en el Proceso Civil y Comercial”?

En primer lugar, quiero destacar la importancia del anteproyecto de modificación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De su lectura se advierte que es una iniciativa que obedece a la necesidad de dotar de mayor eficacia a los procesos judiciales y acortar los tiempos de resolución de pleitos, para poder proveer un servicio útil a la ciudadanía. Así los juicios se abrevian y se transparentan las decisiones judiciales. En tal sentido, es fundamental la concentración de la producción de la prueba en una audiencia de “vista de causa”, la que será pública y videograbada, bajo la dirección de los jueces. Por lo que todo proyecto que tienda a la oralidad efectiva de los procesos va a permitir mejorar la calidad del servicio de justicia.

¿Cuál es tu evaluación de la progresiva implementación del sistema acusatorio que se está llevando a cabo?

El nuevo Código Procesal Penal Federal, que instaura el sistema acusatorio, se sancionó hace diez años y hasta este año, solamente se aplicaba en la jurisdicción federal de Salta y Jujuy. La nueva normativa procesal implica un cambio de paradigma muy importante, reformula las funciones de todos los actores en el proceso penal, a la vez que crea nuevos cargos e institutos novedosos, como las oficinas judiciales. Es una reforma que se imponía desde el punto de vista procesal. Los códigos modernos consolidan cada vez más este modelo, que se presenta como el más apto para afrontar la problemática penal, dando centralidad al rol del Ministerio Publico Fiscal. Desde la Asociación estamos comprometidos y apoyamos la implementación progresiva que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia en distintas jurisdicciones federales del país. Participamos activamente del Comité Asesor creado por el Ministerio e hicimos todas las contribuciones para una aplicación exitosa de la nueva normativa. También, en su caso, formulamos las observaciones que estimamos necesarias.

¿Cómo fue participar de la asamblea anual de la Unión Internacional de Magistrados (UIM)? ¿Cuáles son las principales problemáticas a nivel internacional?

Fue una experiencia muy importante y enriquecedora representar a la Asociación, en su carácter de entidad miembro, en la Asamblea anual de la UIM. En el encuentro se relevaron las principales temáticas de los poderes judiciales a nivel global, especialmente en lo relativo a la independencia judicial y los desafíos que al respecto se presentan en varios países de nuestra región, y también, si bien con matices, en otros continentes.

Hemos debatido e intercambiado pareceres con colegas de distintos lugares del mundo y puedo afirmar que existe una marcada preocupación por ataques que están recibiendo los poderes judiciales por parte de los poderes políticos, con el claro objeto de lograr su debilitamiento como uno de los poderes de Estado y cercenar, de esa manera, el rol constitucional que debe cumplir la administración de justicia en un sistema republicano de gobierno. Un caso paradigmático en este sentido, es lo acontecido en México, donde a través de reformas judiciales se está modificando drásticamente el diseño de división de poderes y la función de contrapeso y de control que debe ejercer el poder judicial sobre los otros poderes del Estado.

¿Cómo fue compartir la elaboración de un libro como “Derechos Humanos y juicios de Lesa Humanidad. La visión de la Magistratura” con el ministro Ricardo Lorenzetti?

Fue muy gratificante participar de un proyecto académico de tal envergadura. Tuve el honor de coordinar la obra, que ofrece una perspectiva profunda sobre los juicios de lesa humanidad llevados adelante por los tribunales de nuestro país. Y de alguna manera, a través de los distintos trabajos realizados por los autores, se refleja el camino desandado desde el regreso de la democracia, para poder finalmente arribar al escenario actual. El sendero estuvo plagado de obstáculos, de orden normativo en su momento, como así también por situaciones de coyuntura política, social e institucionales adversas. Pero lo que resalta el libro es que el poder judicial siempre estuvo comprometido con el proceso de juzgamiento y a la altura del rol institucional que se le demandaba. En la etapa de elaboración del libro, junto al Dr. Lorenzetti, convoqué a colegas que habían participado en juicios emblemáticos, para que puedan aportar su mirada y sus experiencias desde la función judicial. En lo personal, mi trabajo versó sobre la importancia que las medidas reparatorias tienen para dotar de sentido de justicia a los pronunciamientos judiciales en este tipo de juicios.

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