Con pedidos de la fiscalía para duplicar la condena de seis a doce años por asociación ilícita, y el reclamo de absolución por parte de la defensa de la ex Presidenta, se presentaron los recursos extraordinarios en la causa Vialidad. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la última palabra, sin plazos establecidos para resolver.
Lo que importa
Doce años por asociación ilícita
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar apeló y pidió duplicar la condena a seis años de cárcel por administración fraudulenta impuesta al término de un juicio oral y confirmada por el máximo tribunal penal federal del país a la ex presidenta en el caso Vialidad.
En su recurso extraordinario reiteró que la Corte debe condenarla también por asociación ilícita e imponerle una pena de doce años de cárcel porque durante sus dos gobiernos la ex Presidenta se «agrupó para cometer delitos» con sus funcionarios de entonces: el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el secretario de Obra Pública José López y el director de Vialidad Nacional Nelson Periotti además del empresario y dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez.
En la condena se la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos, tramo que ha sido confirmado en Casación.
«Se agruparon para cometer delitos, prepararon las condiciones y los ejecutaron a lo largo de 12 años, a partir de distintos aportes realizados tanto desde el sector público como privado», afirma el recurso extraordinario de 40 carillas al que tuvo acceso Quórum.
Para ello dotó a su Gobierno «de una estructura jerárquica de funcionarios de suma confianza, entre los que se incluyó a De Vido, López y Periotti, con competencia para intervenir en la ejecución y el financiamiento de las obras públicas viales en Santa Cruz, estructura que fue mantenida sin variantes durante los dos mandatos presidenciales de Fernández de Kirchner».
La ex Presidenta tuvo «un rol preponderante» en las maniobras que derivaron en la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a empresas de o vinculadas a Lázaro Báez, amigo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.
Todo ocurrió con la «necesaria intervención de Fernández de Kirchner como presidenta y De Vido como ministro», advierte el fiscal.
En relación a este último, el fiscal reclama a la Corte que se revoque la absolución con que fue beneficiado y también reciba condena.
La defensa de Cristina
La defensa de la ex Presidenta, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, reclama por su parte a la Corte la absolución.
En el recurso extraordinario sostiene que durante el juicio que condenó a la ex Presidenta hubo «una decisión deliberada» de privarla de «garantías de las que debe gozar cualquier persona» ante una condena que, entre otras cosas, determina su «exclusión definitiva de la vida pública».
Contexto
El 13 de noviembre de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a seis años de prisión para la ex Presidenta por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, se le impuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Esta decisión ratificó la sentencia dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 al término de un juicio.
La investigación se inició en 2008 tras una denuncia de la entonces diputada Elisa Carrió, que señalaba posibles irregularidades en la asignación de obras viales en Santa Cruz. La causa cobró impulso en 2016 con una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que detectó anomalías en 51 proyectos adjudicados a empresas de Lázaro Báez. Durante el juicio, la fiscalía argumentó que existió un «plan sistemático» para favorecer a Báez, quien habría recibido el 80% de las obras viales en la provincia, muchas de las cuales presentaban sobreprecios o estaban inconclusas.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 condenó a Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, pero la absolvió del cargo de asociación ilícita. Junto a ella, fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros. El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto.
Cómo sigue
Aunque la Cámara de Casación confirmó la condena, la sentencia aún no está firme y ahora si se conceden los recursos extraordinarios llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El plazo para presentar las apelaciones vencerá mañana, viernes 14 de febrero. A partir de entonces correrán diez días durante los cuales la fiscalía y las defensas podrán contestar argumentos de los contrarios. Luego, los jueces del caso Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos decidirán si conceden los recursos y se concreta el camino del caso hacia la Corte.
En caso de ser denegados, quedará la vía de la queja directa.
Hasta que el máximo tribunal no se pronuncie, Cristina Kirchner no irá a prisión y mantiene sus derechos políticos. La ex Presidenta ha denunciado en reiteradas ocasiones ser víctima de una persecución judicial y política, argumentando que la causa forma parte de una estrategia de «lawfare» destinada a proscribirla.