El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto advirtió que la privación de la libertad de una ex mandataria fragiliza el sistema democrático. El legislador denunció vicios procesales.
El peronismo, el futuro, las elecciones del 2027 y la figura de CFK. Todo se mezcla en el camino que tanto Miguel Ángel Pichetto, como otros referentes, recorren en busca de un armado competitivo para disputar las elecciones presidenciales del año próximo. En ese marco, y en el primer aniversario de que se conociera el fallo que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión, el diputado nacional por Río Negro disparó: “Hay facultades inherentes del Congreso, que puede, por razones de gravedad institucional, declarar la nulidad de un fallo de la Corte”.
El legislador propuso que este planteo sirva como “apertura de un análisis y de un debate más profundo sobre las atribuciones del Congreso frente a estas cuestiones”. Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja.
La fragilidad del sistema y el estatus presidencial
Para Pichetto, el proceso judicial contra la ex Jefa de Estado carece de la rigurosidad necesaria que exige el sistema republicano. En ese sentido, subrayó que la situación actual debilita los cimientos de la democracia argentina: “Todos saben mi posición pública respecto a la gravedad institucional que implica tener presa a una figura que fue presidenta de la Argentina en dos oportunidades y, en una tercera, vicepresidenta de la Nación”.
Bajo su mirada, el sistema judicial erró al aplicar procedimientos comunes para evaluar la conducta de quien ejerció la máxima magistratura del país. “Esto coloca siempre al sistema democrático en un plano de fragilidad y de alteración de principios centrales. Siempre consideré, además, que la conducta de un presidente debería ser evaluada en una instancia totalmente distinta al procedimiento común”, explicó el diputado.
Irregularidades en el debido proceso y la defensa
La crítica de Pichetto se enfocó en las anomalías que detectó desde el origen de las causas. El legislador detalló una “alteración del debido proceso desde el inicio”, que afectó tanto la integración del tribunal como la incorporación de magistrados que provenían de otras jurisdicciones. Asimismo, cuestionó con dureza el desempeño del fiscal Luciani y la posterior negativa a otorgar recursos de revisión. “Indudablemente, en virtud de la figura que representa, el Poder Judicial debió abrir el recurso de casación”, sostuvo el parlamentario.
La falta de garantías se extiende, según su planteo, a la ausencia de funcionarios judiciales naturales. “Lo que está en juego es la nulidad, la enorme lesión a la defensa en juicio; el no haber tenido un tribunal completo; el no haber tenido al juez natural desde el inicio; el no haber tenido al fiscal natural que le correspondía a la jurisdicción”, enumeró con énfasis.
El conflicto ético y la falta de imparcialidad
Un eje central de la argumentación parlamentaria reside en el juicio político que el partido de la expresidenta impulsó contra los miembros de la Corte Suprema en la Cámara de Diputados. Ese proceso concluyó con un dictamen de mayoría que señaló múltiples anomalías e irregularidades en la conducta de los magistrados del máximo tribunal.
Esta situación generó, para Pichetto, un vicio irremediable de parcialidad. “Indudablemente, cuando llega el recurso de queja ante la Corte, quizás un accionar correcto, tras su participación en un proceso político anterior, hubiera significado que los integrantes de la Corte se apartaran y se constituyera un tribunal ad hoc para juzgar la conducta de la expresidenta”, analizó el legislador. Al no proceder de esa forma, el factor de la imparcialidad, pilar de todo proceso penal, quedó bajo una duda razonable.
Un tribunal en desacuerdo con la Constitución
Finalmente, Pichetto apuntó contra la composición reducida del Cuerpo que dictó las sentencias. Señaló que un tribunal de apenas tres miembros tomó decisiones de una trascendencia institucional total, cuando la norma fundamental exige otra integración. “Ese tribunal de tres miembros debió contar con el número que fija la Constitución. Esto constituye una falencia que lesiona y debilita el principio de la defensa en juicio”, concluyó.
Ante este escenario de privación de derechos y desvíos procesales, el Congreso emerge como la instancia de salvaguarda. El debate que Pichetto busca instalar en el parlamento de cara al futuro abre una vía legal para que el Poder Legislativo repare las lesiones constitucionales mediante la declaración de nulidad de las sentencias que afecten la estabilidad del sistema democrático.
