En el marco de la Charla Federal Quorum “Justicia cerca: territorio, proximidad y cooperación para garantizar el acceso a la justicia”, el histórico abogado y defensor público de niños, niñas y adolescentes, Atilio Álvarez analizó los avances y las deudas de la Argentina en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. El régimen penal juvenil, la baja de la edad de imputabilidad, la escucha de los chicos en los procesos judiciales, las adicciones, la justicia restaurativa y la responsabilidad del Estado fueron algunos de los ejes de una entrevista en la que advirtió: “No necesitamos mano dura con los chicos; necesitamos ser duros con los grandes”.
Con más de cinco décadas de trayectoria vinculada a la defensa de niños, niñas y adolescentes, Atilio Álvarez fue una de las voces protagonistas de la nueva edición de las Charlas Federales de Quorum, realizada en Santiago del Estero bajo el lema “Justicia cerca: territorio, proximidad y cooperación para garantizar el acceso a la justicia”.
En diálogo con Quorum, Álvarez repasó las transformaciones producidas desde la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño al ordenamiento argentino y planteó una mirada crítica sobre los desafíos actuales. Particularmente, puso el foco en el nuevo régimen penal juvenil, la respuesta estatal frente a los adolescentes en conflicto con la ley penal y la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia y el delito.
Después de tantos años trabajando en la defensa de niños y adolescentes, ¿cuáles considera que fueron los principales avances en materia de protección de sus derechos y qué deudas siguen pendientes?
El principal avance, sin duda, fue la ratificación por parte de la Argentina de la Convención sobre los Derechos del Niño, junto con las reservas que hizo nuestro país, y su articulación con el Pacto de San José de Costa Rica. Eso conformó un marco superior de protección constitucional de los derechos de los niños. Ahora bien, como suelo decir, del dicho al hecho hay un trecho. El gran desafío es cumplir. Tenemos una legislación del más alto nivel, pero necesitamos que ese reconocimiento también se traduzca en una buena organización judicial, administrativa e institucional y en una verdadera conciencia de la sociedad en su conjunto. En ese aspecto todavía estamos atrasados e, incluso, en algunas cuestiones estamos dando pasos hacia atrás.
¿Cuáles son hoy los mayores desafíos que enfrenta la Justicia cuando debe intervenir en situaciones de vulnerabilidad que involucran a niños y adolescentes?
Uno de los grandes desafíos es organizar la respuesta frente al nuevo régimen penal juvenil. La Nación tiene facultades para legislar sobre cuestiones de fondo, como la edad de incriminación o los máximos de las penas, pero son las provincias las que deben organizar sus propios tribunales, sistemas y programas. Ese equilibrio es delicado en un país federal como la Argentina, especialmente porque muchas veces las provincias no cuentan con los recursos necesarios para desarrollar las políticas que necesitan. El segundo gran desafío es la protección de las víctimas. Los niños, niñas y adolescentes son víctimas especialmente vulnerables frente a numerosos delitos, entre ellos los delitos sexuales. Pero también debemos mirar otros fenómenos preocupantes, como el crecimiento de los suicidios y las distintas formas de violencia contra niños, mujeres y adultos mayores. Y existe otro problema central: las adicciones precoces. Me refiero al acceso a las drogas de chicos cada vez más pequeños, incluso en edad escolar. Muchas veces vemos el último eslabón de una cadena delictiva: vemos al adolescente que roba un auto, una moto o un celular, pero no observamos toda la estructura que está detrás. El chico puede terminar robando para consumir y ser captado por organizaciones que lo utilizan porque resulta barato y vulnerable. Después aparecen los desarmaderos, los circuitos de comercialización, las protecciones y finalmente el lavado del dinero. Sin embargo, la sociedad suele concentrarse únicamente en el chico que aparece en la imagen cometiendo el delito. No necesitamos mano dura con los chicos. Necesitamos ser duros con los grandes, con quienes organizan, financian, protegen y se benefician de esos circuitos criminales.
Uno de los principios centrales es el derecho del niño a ser oído. ¿Considera que actualmente su voz tiene un peso real en los procesos judiciales o todavía existe una mirada demasiado centrada en los adultos?
Hay un avance importante, aunque todavía no es suficiente. Yo pertenezco a una generación que durante mucho tiempo trabajó bajo la idea de que el niño no debía pisar tribunales para evitar involucrarlo en el conflicto. Eso fue cambiando a partir del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las reformas posteriores. Fue muy importante incorporar sistemas de declaración protegida. Pero debemos entender que lo que habitualmente llamamos “Cámara Gesell” no es simplemente una habitación: es una metodología. Primero, la declaración debe ser tomada por una persona experta, generalmente un profesional de la psicología especialmente capacitado. Hay que trabajar profundamente sobre la psicología del testimonio porque no se puede interrogar a un niño como se interroga a un adulto. Segundo, esa declaración debe quedar registrada para evitar que el chico tenga que repetir una y otra vez aquello que vivió. No existe verdadera declaración protegida si obligamos al niño a relatar el mismo hecho en distintas instancias. Y tercero, particularmente en los procesos penales, esa declaración tiene que estar rodeada de garantías y permitir el debido control de las partes. En los conflictos familiares ocurre algo similar: la escucha debe ser respetuosa y reservada. Escuchar al niño no significa convertirlo en juez de la causa. Preguntarle simplemente “¿con quién querés vivir, con mamá o con papá?” puede colocar sobre él una carga insoportable. Recuerdo un caso en el que un juez le hizo esa pregunta a una niña. Ella tomó las dos manos y respondió: “Con los dos”. Esa era su verdad y, probablemente, lo único que en ese momento ninguno de los adultos podía darle. Por eso hay que respetar profundamente la expresión de los chicos. Cuanto más pequeños son, mayor debe ser el cuidado, porque su lenguaje y su comprensión se encuentran en desarrollo. Esto resulta especialmente delicado frente a los abusos sexuales intrafamiliares, donde incluso puede ocurrir que el niño no tenga conciencia de la ilicitud de determinadas conductas porque las ha incorporado dentro de una dinámica afectiva familiar.
Ante el debate sobre el régimen penal juvenil y la edad de imputabilidad, ¿qué aspectos considera indispensables para abordar la discusión sin perder de vista la protección integral y el interés superior del niño?
Tenemos que mirar la historia y, fundamentalmente, decir la verdad. La Argentina ya atravesó experiencias de reducción de la edad de imputabilidad. Durante el último gobierno militar se bajó la edad de 16 a 14 años y posteriormente se volvió a elevar. Mi preocupación es que pensemos que la respuesta frente al delito juvenil consiste simplemente en adelantar la intervención punitiva del Estado. El proceso penal produce efectos muy fuertes sobre un adolescente. Existe un fenómeno de confirmación de identidad: en una etapa en la que la personalidad todavía se está construyendo, decirle a un chico permanentemente “sos un delincuente” puede terminar consolidando esa identidad. También existe un enorme efecto de estigmatización. Después de atravesar un proceso penal puede resultarle todavía más difícil regresar a la escuela, conseguir un trabajo, integrarse a un club o reconstruir vínculos sociales. Y hay un tercer problema: la socialización dentro de los propios circuitos delictivos. Muchas abuelas me dijeron durante años: “A mi nieto lo perdió la mala junta”. Sin embargo, una respuesta exclusivamente punitiva puede terminar reuniendo en instituciones cerradas a adolescentes que atraviesan distintas situaciones de conflicto con la ley. Cuando ese joven sale, puede encontrarse con que casi todas las puertas están cerradas menos una: la de la banda que vuelve a recibirlo. Por eso hay que diferenciar las situaciones. No estoy hablando de desconocer la gravedad de delitos extremadamente violentos. Estoy diciendo que no podemos responder de la misma manera frente a todos los adolescentes y todos los hechos. Muchas veces el chico que vemos robando un vehículo es solamente el último eslabón. Hay que preguntarse quién lo reclutó, quién le paga, a quién entrega ese vehículo, quién administra el desarmadero, quién brinda protección y dónde termina el dinero. Una sociedad que se conforma con perseguir la punta del delito y no investiga el circuito criminal completo está mirando solamente una parte del problema.
Después de conocer el Centro Nexo y su abordaje terapéutico y restaurativo, ¿qué importancia tiene incorporar herramientas de justicia restaurativa y soluciones alternativas frente a las respuestas judiciales tradicionales?
Es fundamental. La nueva legislación menciona las herramientas restaurativas y yo he trabajado sobre justicia restaurativa en distintos lugares de América. El desafío es que esas herramientas no queden reservadas únicamente para los casos más leves. Tenemos que ampliar progresivamente el horizonte de la justicia restaurativa, entendiendo que implica también una justicia comunitaria y una forma diferente de abordar el conflicto. Esto no significa negar el delito ni desconocer a las víctimas. Yo no soy abolicionista. He recorrido América Latina y he visto que gran parte de las víctimas son pobres e indefensas. Cuando el Estado se retira, ese espacio puede ser ocupado por organizaciones criminales, grupos parapoliciales u otros poderes. Pero hay una diferencia entre querer evitar el delito y limitarse a exigir que todo delito sea castigado. El objetivo de una política criminal debería ser que haya menos delito y menos víctimas, no simplemente más castigo. La privación de libertad innecesaria de adolescentes puede generar efectos contraproducentes: confirmación de una identidad delictiva, estigmatización y vinculación con otros jóvenes insertos en circuitos criminales. Por eso necesitamos respuestas capaces de favorecer la educación, los vínculos comunitarios, el deporte, la capacitación y la inserción laboral.
Desde su experiencia, ¿qué enseñanza les dejaría a las nuevas generaciones de abogados, defensores y jueces que trabajan con problemáticas vinculadas a la infancia y la adolescencia?
Les diría algo muy sencillo: no cometan los errores que cometimos nosotros. Llevo 52 años de abogado y sigo sosteniendo muchas de las cosas que defendí durante toda mi vida. Como dice Martín Fierro, “no me hago a un lado de la huella”. Pero también tengo que reconocer que no alcanzó. Nos dividimos muchas veces en discusiones internas mientras avanzaban posiciones cada vez más punitivas. No logramos transmitir con suficiente fuerza que la inmensa mayoría de los delitos son cometidos por adultos y que la delincuencia juvenil representa una proporción muy pequeña del fenómeno criminal. Por eso les digo a los jóvenes colegas: imítennos, si quieren, en el esfuerzo, pero aprendan de nuestros resultados. La respuesta verdadera está en fortalecer las cuatro patas que sostienen la mesa de nuestra sociedad: educación, salud -incluido el abordaje de las adicciones-, deporte e iniciación para el trabajo. Si esas cuatro patas son débiles, la mesa se cae. Y cuando una sociedad no logra sostenerlas, no puede encontrar tranquilidad simplemente mandando a juicio a chicos cada vez más jóvenes. Bajar las edades de incriminación es una derrota social. El desafío de las nuevas generaciones es evitar que el derecho penal termine ocupando el lugar que antes deberían haber ocupado la educación, la salud, la comunidad y las políticas de inclusión.
