Si hay viento a favor y no surge ningún imprevisto, el procurador Eduardo Casal presentará este jueves su esperado dictamen sobre la situación de Cristina Kirchner en la causa Vialidad ante la Corte Suprema.
Según anticiparon fuentes judiciales, Eduardo Casal seguiría su habitual línea en materia de respaldar a los fiscales en sus apelaciones: de esa manera validaría el reclamo para que la ex presidenta Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y se sume el delito de asociación ilícita.
Cumplido este paso, el máximo tribunal del país queda en condiciones de comenzar a analizar los recursos de queja tanto de Cristina Kirchner como de la fiscalía y los demás implicados en el caso y queda en sus manos una definición judicial que impacta de lleno en un año electoral.
Lo que importa
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, está a punto de presentar un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia que podría modificar el destino judicial y político de Cristina Fernández de Kirchner. Si se concretan los trascendidos en fuentes judiciales, se mostrará favorable a que se agrave la condena y se le impongan 12 años de prisión por asociación ilícita y administración fraudulenta, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Hasta el momento tanto el Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el primer juicio que tuvo a la ex presidenta en el banquillo de los acusados como la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que revisó su veredicto, han confirmado la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta y la absolución por asociación ilícita.
Este último punto ha llegado a la Corte apelado por el fiscal ante Casación Mario Villar y en ese sentido se pidió dictamen a su superior Casal.
Contexto
El caso Vialidad refiere a la adjudicación de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, con el empresario Lázaro Báez como principal beneficiario. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Fernández a seis años de prisión por administración fraudulenta, pero la absolvió del cargo de asociación ilícita.
Sin embargo, el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, apeló esta decisión y reclamó que se incluya el delito de asociación ilícita, se agraven las penas y se reviertan las absoluciones. Ahora, esa postura sería respaldada por Casal ante la Corte Suprema en un dictamen que no es vinculante.
Casal también saldría en respaldo a otros puntos de la apelación fiscal que se condene por asociación ilícita a Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional José Periotti, y que se reviertan las absoluciones del ex ministro Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y de Héctor Garro, ex funcionario provincial de Santa Cruz.
Cómo sigue
La Corte Suprema no tiene plazos para decidir y se abren tres caminos posibles una vez que reciba el dictamen:
- Rechazar la presentación de Casal y las apelaciones de las defensas.
En este caso, las condenas quedarían firmes y ejecutables, incluyendo la inhabilitación perpetua. Cristina Kirchner quedaría impedida de postularse y podría ser detenida, aunque podría solicitar el arresto domiciliario por su edad (72 años), como contempla la ley para personas mayores de 70. Sin embargo, la edad no es el único factor para el beneficio y muchas veces los jueces lo rechazan porque entienden que el condenado puede cumplir su pena en cárcel común. En su caso, el Tribunal Oral Federal 2 sería el responsable de la etapa de ejecución de la pena. - Aceptar los recursos de las defensas y absolver a los acusados.
Este escenario anularía la condena y habilitaría a Cristina Kirchner para ser candidata sin impedimentos judiciales. - Aceptar la postura de Casal y en ese caso, se abre posibilidad de que se ordene un nuevo fallo en Casación
Si la Corte determina que la negativa a aplicar la figura de asociación ilícita no fue debidamente fundamentada, podría enviar el caso de vuelta a la Cámara Federal de Casación Penal. Así, el proceso seguiría abierto y sin sentencia firme, lo que también habilitaría una candidatura de la ex Presidenta.
